La Autoridad Portuaria abonará este año 5,5 millones por los créditos de punta Langosteira y el año que viene pagará 7,5 si no hay un acuerdo y Puertos no aprueba una reestructuración
27 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La Autoridad Portuaria pagará este año dos millones de euros a Puertos del Estado por el crédito que esa entidad le concedió para la construcción de la dársena exterior de punta Langosteira. El préstamo se firmó un mes de junio, por lo que la cuota de este ejercicio es solo la mitad de la que llegará el próximo año y siguientes: cuatro millones. A esa cifra hay que sumar los 3,5 millones anuales que la Autoridad Portuaria paga al Banco Europeo de Inversiones por un crédito con la misma finalidad. En total, el Puerto abonará este año 5,5 millones. El que viene, y los siguientes, 7,5. Así hasta que devuelva los cerca de 300 millones que pidió para las obras.
La situación financiera
Incertidumbre. El inicio de los pagos a Puertos del Estado llega en un momento difícil. El Puerto sufrió tanto la pandemia como cualquier otra pieza del sector productivo, y su situación ya era delicada por el proceso estatal de descarbonización, que lo privó de su principal tráfico: el combustible fósil que alimentaba la central de Meirama.
Esas circunstancias se reflejaron en la cuenta de resultados del 2020. La Autoridad Portuaria cerró ese ejercicio con una caída del efectivo en caja de 8,5 millones y unas pérdidas de 5,8. El pago de los créditos abrirá otra vía de agua para la que por el momento no hay solución.
El último informe de la Intervención del Estado sobre la salud financiera de la institución, conocido el pasado mes de junio, alertaba de la «incertidumbre» existente porque el Puerto no ha recibido los ingresos que tenía previstos por la venta de los terrenos del puerto interior, y añadía que en las reuniones mantenidas este año no se cerró una solución alternativa para conseguir esos fondos.
La posible salida
Paralizada. Esa solución alternativa sí se ha planteado, pero no se ha concretado. En la cumbre celebrada el pasado 23 de febrero en María Pita, a la que acudieron todas las Administraciones implicadas en la gestión portuaria a convocatoria de la alcaldesa, Inés Rey, se anunció una reestructuración de la deuda para dar oxígeno al puerto. Pero los responsables estatales insistieron en que la Autoridad Portuaria debía «rentabilizar sus activos», es decir obtener fondos mediante la venta de los terrenos que ha dejado de usar (muelles de Batería y Calvo Sotelo) y los que dejará en el futuro (San Diego).
Todas las fuerzas políticas rechazan ahora la venta de esos terrenos al sector privado, como se preveía en los acuerdos firmados por Ayuntamiento, Xunta y Estado en el 2004. La alternativa a esos pactos, cuyos efectos siguen vigentes en el plan general, fue planteada por el Gobierno gallego, que recuperó su propuesta del 2018 de que las Administraciones compren los muelles.
La Xunta ofreció 20 millones para comprar la mayoría de Batería y Calvo Sotelo. En julio, el Ayuntamiento acusó al Gobierno gallego de querer quedarse con los muelles y lanzó una contrapropuesta por la que el consistorio adquiriría la mayor parte de los terrenos. No hubo negociación antes ni la ha habido hasta ahora, por eso la Autoridad Portuaria ha convocado hoy un encuentro con las dos instituciones que tiene el objetivo de alcanzar un acuerdo político.
La reunión
En busca del pacto. El Ayuntamiento tenía prevista una reunión con todas las Administraciones el día 23. No se produjo, y Martín Fernández, presidente del Puerto, decidió citar para hoy al edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, y a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. Fernández Prado tiene la esperanza de que se pueda cerrar un acuerdo que permita a su vez negociar con Puertos del Estado la reestructuración de la deuda.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, con la que ayer coincidió en un acto, insistió en que el Gobierno gallego quiere «avanzar» para dar viabilidad al puerto exterior y que los muelles urbanos se abran a los ciudadanos. El Ayuntamiento, por su parte, apunta que a mediados de mes convocará la comisión interadministrativa que preveía para seguir buscando soluciones.
La otra visión
Condonación o nada. Si llegase a un acuerdo con la Xunta, el gobierno local tendría que llegar después a otro en el pleno para incluir los fondos con los que comprar los muelles en el presupuesto. El compañero lógico en esa operación sería el PP, que preside la Xunta, pero el ejecutivo local tiene a la Marea Atlántica como socio prioritario para negociar las cuentas. Ese partido, como el BNG, rechaza la compra de los muelles y defiende que el Estado debe condonar la deuda de Langosteira. Esa posibilidad ha sido rechazada por los responsables estatales en esta legislatura, con Gobierno PSOE-Podemos, y en la anterior, con presidencia de los populares.
La Marea, el BNG y el PP local, que también defiende esa vía, consideran que la situación de A Coruña es análoga a la de Valencia, donde este año se condonó la deuda por la reforma del puerto para la Copa América. Pero desde el Estado señalan que la situación no es igual, ya que en Valencia no se condonó la deuda al Puerto, sino a un consorcio del que formaban parte también el Gobierno central y el Ayuntamiento. De hecho, señalan las mismas fuentes, el decreto de condonación de la deuda valenciana ponía como condición que se pagasen al puerto de Valencia 17 millones por terrenos de los muelles, lo que concuerda con la insistencia del Gobierno en que se rentabilicen los muelles del puerto que queden sin uso.
