El Gobierno empieza a pagar la deuda de Valencia sin mover ficha en Langosteira

No pone condiciones urbanísticas y renuncia a influir en decisiones futuras


A Coruña

El Gobierno empezará a pagar la deuda de 350 millones de euros por la remodelación del puerto de Valencia casi de inmediato, mientras sigue sin concretar soluciones para el débito de 300 millones por las obras de punta Langosteira o para construir su imprescindible enlace ferroviario, presupuestado en 140 millones.

En la edición del 31 de diciembre del Boletín Oficial del Estado aparece, dentro de la publicación de los presupuestos del 2021, la «disposición adicional centésima décima séptima. Asunción parcial de la deuda del Consorcio Valencia 2007 por la Administración general del Estado».

Las transferencias de fondos a esa entidad se ejecutarán entre este año y el 2022. La primera se hará en el primer trimestre del 2021, antes de que acabe marzo.

La disposición indica que, a partir de la entrada en vigor de las cuentas, la Administración del Estado «asume la deuda» del citado consorcio con el Instituto de Crédito Oficial, contraída «con la finalidad de financiar las inversiones realizadas en las infraestructuras vinculadas a la celebración de las 32.ª Copa América» de vela, celebrada en el 2007.

Además, «queda condonada» la deuda que había contraído el consorcio valenciano con el Tesoro Público «como consecuencia de la ejecución del aval» vinculado al mencionado préstamo del Instituto de Crédito Oficial.

El Estado no solo se hará cargo de la deuda principal sino también de las obligaciones «accesorias, por cargo de apremio, intereses de demora o de cualquier otra naturaleza» derivadas del aval mencionado, «quedando extinguidas a todos los efectos».

También asumirá la cuantía total de los intereses devengados en el futuro, hasta que se materialice todo el pago de la deuda.

El Gobierno no impone condiciones urbanísticas nuevas al Ejecutivo autonómico o al Ayuntamiento de Valencia. La disposición dice que se establecerán negociaciones «para garantizar que se mantenga una adecuada gestión del espacio», de acuerdo a las normas vigentes en materia de Puertos del Estado y patrimonio de la Administración.

Es más, a pesar de la importante aportación económica que hará a la institución valenciana, la Administración del Estado evitará influir directamente en las decisiones futuras, ya que «ejercerá su derecho de separación del Consorcio Valencia 2007».

La única condición que figura en la disposición del BOE es que debe garantizarse el pago de las deudas que el consorcio tiene con la Autoridad Portuaria de Valencia. De hecho, al final de la disposición se indica que los pagos después del primero «se realizarán previa justificación por el Consorcio de Valencia 2007 del abono por este a la Autoridad Portuaria de Valencia de al menos el importe de las transferencias previamente recibidas».

De forma indirecta, el puerto valenciano verá su deuda reducida tras la intervención del Estado. La situación contrasta con la de A Coruña. El Gobierno central afirma que no puede condonar la deuda de Langosteira porque fue contraída por la Autoridad Portuaria, que debe autofinanciarse, y no por un consorcio. 

El puerto coruñés lleva más de tres años a la espera de una salida

Ante la negativa del Gobierno a abordar la deuda de Langosteira porque las autoridades portuarias deben autofinanciarse, tanto el Puerto como el Xunta y el Ayuntamiento han defendido que es necesario buscar otras fórmulas que permitan abordar el problema. Sin embargo, por el momento el Gobierno central no ha planteado ninguna alternativa a los convenios firmados en el 2004, que preveían financiar el pago de la deuda mediante la construcción de viviendas en los muelles interiores, una vez liberados de actividades portuarias, especialmente en San Diego.

Esa condición urbanística ha sido rechazada de forma unánime por todos los partidos con representación en el pleno, incluido el PSOE, pero por el momento tampoco se han planteado otra opciones para financiar el pago de los 300 millones de Langosteira.

Esa deuda condiciona a su vez el desarrollo del puerto exterior. Impide a la Autoridad Portuaria acceder a crédito para construir el tren a Langosteira, para el que el Gobierno tampoco ha planteado alternativas de financiación.

A su vez, la imposibilidad de construir el tren impide liberar los muelles interiores y, por lo tanto, cumplir con los convenios del 2004. Así, la propia deuda de Langosteira obstaculiza su vía de pago. El bloqueo se mantiene desde el 2018, sin que el Gobierno haya tomado decisión alguna.

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