El tren a Langosteira y la deuda del Puerto vuelven a la mesa política 15 años después del inicio de la dársena exterior
06 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El nombramiento a instancias de la Xunta del arquitecto Martín Fernández Prado al frente de la Autoridad Portuaria parece haber desenterrado el asunto Langosteira del fondo de la pila de carpetas apalancadas de la Administración. Los tanteos del nuevo presidente en sus primeros contactos institucionales a fin de desatascar el impasse en que se encuentra el meollo portuario desde el 2019 han encontrado esta semana la réplica en la alcaldesa, Inés Rey, que el 23 de febrero sentará a su mesa a seis organismos públicos para hablar de lo eternamente aplazado: la financiación de la deuda del Puerto y la obra del enlace ferroviario sobre la que gravita el futuro de los muelles de A Coruña y una parte capital de su desarrollo económico. Todos coinciden en la urgencia de darle solución. No hay más acuerdo que ese. El último, firmado en abril del 2018 entre la Xunta y el Ministerio de Fomento (en manos del PP, entonces), no llegó a sustanciarse tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno dos meses más tarde. Así y todo, sigue siendo el único avance entre instituciones desde los pactos del 2004, estos sí, firmes y vinculantes mientras no se revisen.
La deuda: 300 millones
Quiebra en el horizonte. La Autoridad Portuaria debe 300 millones de euros de los 330 que obtuvo del Banco Europeo de Inversiones (130) y de Puertos del Estado (200) para pagar Langosteira, en la que se han gastado 1.000 millones de euros. Cuando suscribió estos préstamos, el Puerto contaba con poder culminar la operación urbanística de privatización de los muelles de Batería y Calvo Sotelo y de parte de San Diego, tal y como estipulan los acuerdos del 2004, que le reportarían 250 millones de euros para hacer frente a la deuda. Pero esa venta no se produjo y el Puerto, que en el 2019 facturó 31 millones -luego llegó la sangría del covid- y a partir de este 2021 tendrá que desembolsar entre 7 y 15 millones de euros anuales para amortizar los préstamos, ha entrado en riesgo de quiebra, según alertó Puertos del Estado. ¿Cómo evitarlo? La reunión del 23 en María Pita dirá. Nadie ha propuesto soluciones en los últimos dos años. En la mente de todos está el pago por parte del Gobierno de Sánchez de los 350 millones de euros que el Puerto de Valencia adeuda por las obras de la copa América.
Sin tren no hay nada
El papel mojado de los 140 millones. El ejecutivo central no asume los compromisos contraídos por su predecesor en abril del 2018 para licitar la obra del tren a Langosteira -«en el primer semestre del 2019», señalaba el documento- con 140 millones de inversión que costearía el Ministerio de Fomento. El ferrocarril, crucial para la viabilidad del puerto exterior y para la propia liberación de los muelles, está ahora en manos del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, del que dependen el ADIF y también Puertos del Estado, y quien habrá de firmar la licitación de la obra -si se produce- antes de que venza el estudio de impacto ambiental el 26 de junio próximo. La presidenta del ADIF mantiene que el Gobierno no se ha desentendido. Este esgrime que antes de aprobar la construcción de la conexión tiene que evaluar el impacto del cierre de la central térmica de Meirama en los tráficos marítimos. Como en el apartado de la deuda, descollan los 140 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado para el tren al puerto de Castellón.
El futuro de los muelles
San Diego, el tercero en discordia. Sin tren no hay traslado posible a Langosteira de las empresas instaladas en los muelles urbanos y, en consecuencia, tampoco suelo desafectado con el que obtener fondos para saldar la deuda de la Autoridad Portuaria. Singularmente en las dársenas de Calvo Sotelo y Batería, en el corazón de la ciudad, y en los 377.000 metros cuadrados de San Diego, donde los convenios del 2004 autorizan la construcción de hasta 4.000 viviendas. Quince años después, esta edificabilidad se considera excesiva y algunos portavoces insisten en la necesidad de revisar las cifras del aprovechamiento urbanístico. Lo que nadie cuestiona ya es la recalificación por el pleno municipal de los terrenos de San Diego para dar vía libre al uso residencial. En el 2018 Xunta y Fomento firmaron un acuerdo para blindar la titularidad pública de Calvo Sotelo, Batería y La Solana -privatizables en el texto del 2004- y a la vez para atender a la ahogada situación financiera del Puerto. El gobierno gallego se comprometía a entregarle 20 millones por el 51 % de los muelles, San Diego se hacía residencial y Fomento llevaba el tren a Langosteira. Entonces llegó la moción de censura a Rajoy. Hasta hoy.