La defensa del expresidente de Pescanova, que se enfrenta a 28 años de cárcel por la quiebra de la empresa, pide la nulidad del juicio negando la estafa y acusando a los bancos de lucrarse
03 dic 2019 . Actualizado a las 16:12 h.La mejor defensa es un buen ataque, decía Sun Tzu en El arte de la guerra, y eso precisamente fue lo que desplegó este lunes en la Audiencia Nacional el abogado de Manuel Fernández de Sousa, expresidente y principal acusado por la quiebra de Pescanova en el 2013, tras destaparse una deuda oculta de 3.600 millones de euros, que derivó en uno de los mayores concursos empresariales de la historia del país.
El prestigioso penalista Gonzalo Martínez-Fresneda aprovechó las cuestiones previas de la macrocausa contra la excúpula de la empresa, cuyo juicio arrancó ayer tras casi siete años de espera, para tratar de desviar la responsabilidad penal de la estafa (uno de los ocho delitos que la Fiscalía le imputa a Fernández de Sousa) y apuntar a los bancos, a los que acusó de «lucrarse» con el excesivo endeudamiento de Pescanova. De hecho, solicitó al tribunal la suspensión del juicio y que devolviera el procedimiento a la fase de instrucción para citar como «partícipes a título lucrativo» a las entidades financieras que dieron crédito a la pesquera en los años previos a la quiebra.
«La pregunta que habría que hacerse es dónde están las entidades bancarias en este juicio. Eran más de 100 y solo una de ellas (Bankia) está personada como acusación. La explicación es que no ha habido estafa a esas entidades», sostuvo la defensa de Fernández de Sousa, al que la Fiscalía acusa de ocho delitos -falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor-, por los que pide para él 28 años de cárcel y algo más de 22 millones de multa.
Sin embargo, Martínez-Fresneda insistió en que las fórmulas que Pescanova usó para financiar su expansión desde el 2010 (créditos documentarios, sociedades instrumentales y líneas de factoring que ocultaban operaciones ficticias, todo ello considerado por la Fiscalía como «prácticas comerciales irregulares» con las que ocultar su verdadero pasivo y conseguir más liquidez de la banca) no habían provocado «ningún perjuicio» a las entidades financieras. «La empresa se financiaba así desde hacía años [concretamente, el 2002] y siempre pagó», añadió el letrado, que aún fue más allá, al aseverar que los bancos no solo no habían sufrido pérdidas [obvió las quitas milmillonarias tras el concurso para reestructurar la pesquera] sino que se habían «lucrado».
Aseguró incluso que si devolvieran lo cobrado en intereses derivados de las citadas «prácticas irregulares» (cifró en 324 millones de euros en dos años los intereses percibidos y «ocultados» por los bancos) «habría dinero para pagar a todos los perjudicados en este juicio» y los acusados -una veintena de exdirectivos, con Fernández de Sousa a la cabeza, y una decena de sociedades- no tendrían que hacer frente a la millonaria responsabilidad civil que se les exige.
Sin embargo, los argumentos de la defensa chocaron de frente con la visión del fiscal anticorrupción Juan Pavía, que, en su turno de réplica, aseguró que decir que la banca se había beneficiado de las prácticas delictivas por las que se juzga a la cúpula de Pescanova y pedir el reembolso de los intereses cobrados era «desconocer» que el grupo pesquero estaba acusado de estafa por «engañar» a las entidades financieras.
Cabe recordar que en su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que en los años 2010 y 2011, la deuda real de la empresa era entre tres y cuatro veces mayor superior a la que declaraba ante la banca, que solo conoció el verdadero volumen del pasivo cuando se declaró el concurso de acreedores y se reformularon las cuentas.
Vulneración de derechos
En las cuestiones previas, la defensa de Fernández de Sousa también alegó la vulneración de derechos fundamentales de su patrocinado para pedir la anulación del juicio, que se celebrará hasta el 26 de marzo en la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Teresa Palacios y con Carmen Paloma González Pastor como ponente.
En concreto, denunció la acusación «sorpresiva» por presunta insolvencia punible, alegando que su cliente no había sido acusado por dicho delito durante toda la instrucción del procedimiento (a diferencia de los siete delitos restantes), lo que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva, al no haber podido defenderse durante la tramitación de la causa.
Martínez-Fresneda sostuvo que la acusación por insolvencia punible no había sido introducida hasta el auto de apertura de juicio oral. «Pero nadie puede ser acusado de un delito sobre el que no se le imputó en la instrucción ni fue convocado nunca a declarar sobre dicha imputación, lo que supone una flagrante vulneración de sus derechos».
De ese modo, reclamó al tribunal la supresión del citado delito, una solicitud a la que se fueron adhiriendo el resto de las defensas de los exdirectivos imputados por el mismo tipo penal.
Igualmente, el letrado del principal acusado criticó que en el auto de apertura de juicio oral «no se describen hechos susceptibles de ser tipificados como insolvencia punible» y «confunde los artículos aplicables», algo importante, ya que -subrayó- antes de la reforma del 2015 del Código Penal dicho delito tenía que ser «doloso» (no se admitía, como ahora, la insolvencia por negligencia). Así, recordó que los hechos que se juzgan son anteriores al 2015 y que ni en los escritos de acusación ni en el auto de apertura de juicio oral se les reprocha dolo, «todo lo contrario»: «Se dice que todas las operaciones irregulares fueron para evitar la insolvencia».
Su esposa y uno de sus hijos y se enfrentan también a peticiones de cárcel
Junto a Manuel Fernández, 18 personas físicas (además de 12 personas jurídicas) de su máxima confianza vinculadas a los órganos de dirección, se enfrentan también a peticiones de cárcel que juntas suman un total de 133 años.
Destacan los 12 años y medio solicitados para el exconsejero Alfonso Paz Andrade por los delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible y uso de información relevante. Pero, además, el proceso podría acabar con hasta cuatro miembros de la misma familia de Fernández de Sousa en la cárcel.
La peor parte se la lleva su hijo mayor, Pablo Javier Fernández Andrade, para quien el escrito fiscal pide 10 años y medio de condena por falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, delito continuado de estafa y otro de insolvencia punible.
Su responsabilidad se deriva de los cargos que fue acaparando en el grupo, siempre bajo la tutela de su progenitor, hasta acabar sentado en el consejo en representación de tres sociedades de Pescanova SA (de la que también era director general de área): Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones, Inverpesca e Inverlema.
Para la esposa del expresidente de Pescanova, María Rosario Andrade Detrell, la condena solicitada es de tres años por alzamiento de bienes o, alternativamente, por blanqueo.
Dice el auto de apertura de juicio oral que solo seis días después de que el auto del 23 de abril del 2013 acordara la admisión a trámite de las querellas que dieron lugar a la causa por la que va a ser juzgada, Andrade Detrell «con el fin de situar fondos de su marido fuera del alcance de la jurisdicción española, y siguiendo sus instrucciones» abrió una cuenta en el banco Banif en Valença (Portugal) a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro, administrada por Manuel Fernández de Sousa, que recibió un total de 4,5 millones.
