Su talante personalista lo sitúan en el centro de todas las acusaciones por la quiebra de Pescanova
03 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Hasta hace poco más de seis años, Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951) era un distinguido y respetado empresario gallego.
Admirado por sus colegas empresarios y por el mundo de las finanzas, contra el que ahora carga su defensa; elogiado y favorecido por las administraciones, premiado por instituciones, se enfrenta a la acusación de un total de nueve delitos, que sitúan sobre su cabeza todo el peso de la ley por su presunta responsabilidad en la quiebra del grupo Pescanova.
Nada en su brillante trayectoria profesional, durante casi tres décadas al frente del mayor grupo pesquero de España, hacia posible presagiar su caída aquel surrealista y convulso mes septiembre del 2013, cuando nadie podía dar crédito a lo que estaba pasando. La gran Pescanova no conseguía aprobar las cuentas.
Los comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores parecían auténticas inocentadas. Pero no, todo era verdad: ese mismo mes la gran Pescanova se declaró en quiebra y su todopoderoso presidente fue puesto en la calle por sus socios, con la familia Carceller (grupo Damm) al frente del motín.
Ahora, seis años después, Manuel Fernández de Sousa se sienta en el banquillo, dispuesto a defender su inocencia, no solo atacando a los bancos que financiaron el crecimiento de Pescanova. El negocio puesto en marcha en 1960 continúa en pie, y ese es el argumento al que se aferra el expresidente de la pesquera para pedir su libre absolución como responsable de la insolvencia de la empresa. Y para justificar la declaración de inocencia se vale de los buenos resultados que a día de hoy muestra la compañía refundada como Nueva Pescanova tras el concurso de acreedores.
«Pescanova no es una empresa fallida, no ha desaparecido, no se han perdido los puestos de trabajo, ni el tejido industrial que sostiene en España y en el extranjero. Es una empresa con futuro», afirma el escrito que su defensa envió al juez.
Desde que salió del grupo pesquero, De Sousa no ha estado quieto, e incluso ha estado trabajando fuera de España en Naqua (National Aquaculture Group), el grupo acuícola de Arabia Saudí que en el año 2016 lo nombró director ejecutivo. Porque a pesar de la larga instrucción del caso y de su calidad de investigado, ha seguido manteniendo su pasaporte y libertad de movimiento.
No habían transcurrido dos años cuando el grupo prescindió de él por sus diferencias irreconciliables, no sin antes poner en valor sus cualidades como «un ejecutivo técnicamente competente, inteligente, de gestión muy dura».
Porque si algo le reconocen hasta sus mayores enemigos es que la Pescanova que él cogió en la década de los setenta no se parece en nada a la que se vio obligado a dejar. Multiplicó por cinco la facturación y por diez el tamaño de la compañía.
Como hijo y hermano de emprendedores, fue un gran visionario de la industria del mar, y no tardó en llegar a la conclusión de que la pesca extractiva era un recurso limitado, y que para seguir creciendo tenía que apostar por la acuicultura, y se lo jugó todo a grandes proyectos internacionales que no acababan de cuajar.
Necesitaba financiación. Y recurrió al crédito.
Todo lo proyectó y lo ejecutó a crédito. Así empezó a crecer el agujero de casi 4.000 millones de euros que ahora lo sienta en el banquillo como principal responsable de la quiebra.