Bruselas desvelará el 23 sus planes para descarbonizar la flota, vedar el 10% del mar y reformar su política
SOMOS MAR
La pesca barrunta un impuesto al gasoil y un veto al arrastre
03 feb 2023 . Actualizado a las 04:45 h.El futuro que le espera a la pesca europea se desvelará en apenas veinte días. El 23 de febrero, la Comisión Europea tiene previsto lanzar un paquete de medidas específicas para la actividad pesquera que marcarán su devenir en los próximos años, con un primer hito en el 2030. Para empezar, el Ejecutivo comunitario lanzará ese día el informe sobre diez años de política pesquera común (PPC), un análisis de lo que ha ocurrido desde que en el 2014 entrase en vigor una Europa Azul que introdujo como principales novedades el veto a los descartes (obligación de desembarque) y la gestión de los stocks de acuerdo con el rendimiento máximo sostenible (RMS), además de los planes plurianuales y la regionalización en la toma de decisiones.
En el sector no tienen buenas vibraciones al respecto. La patronal pesquera, las cofradías y la Administración gallega creen que se precisan ajustes importantes, especialmente en lo que respecta a la obligación de desembarque, que es imposible de cumplir y, por tanto, lo que la flota se ve impelida a incumplimientos. Sin embargo, los mensajes que se han mandado desde Bruselas es de que hay que dar más tiempo a la actual PPC, dado que algunos de sus postulados —precisamente el veto a los descartes— no se aplicaron por completo hasta el 2019.
Tampoco tienen muy buenas sensaciones ante el plan de acción que desarrollará en la pesca la estrategia Biodiversidad, que también se lanzará el 23. En este caso la mala impresión se sustenta en que se ha filtrado el documento y su contenido no ha gustado nada al sector pesquero en general y al arrastre de fondo en particular. Más que nada porque en el borrador que ha trascendido se confirma que en el 2030 el 30 % de las aguas marinas comunitarias tendrán que ser áreas marinas protegidas. Pero no es eso lo que incomoda al sector, sino la intención de que un 10 % de esa superficie esté cerrada a cualquier actividad pesquera, puesto que interpreta que responde más a una simple cuestión numérica que a razones científicas y de conservación. Además, según la propuesta del Ejecutivo comunitario, el arrastre de fondo estaría vetado no solo en ese 10 % de reserva integral, sino en todo ese 30 %.
Impacto económico
En cálculos de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), prohibir las artes móviles que actúan sobre el lecho en las áreas marinas protegidas actuales —que suponen el 12 % de las aguas comunitarias— puede tener un impacto económico global de alrededor de 870 millones de euros al año, con lo que si se les veta en el 30 % habría que multiplicar esa cifra por tres.
El tercer legajo de ese paquete que ultima Bruselas desde el despacho del comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, y cocina Charlina Vitcheva al frente de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) es la estrategia comunitaria para asegurar la transición energética del sector pesquero. Los profesionales tiemblan ante la posibilidad —varias veces sugerida, por otra parte— de que se grave con un impuesto el combustible pesquero. Según los planes del Ejecutivo, revelados en su estrategia Fit for 55, el objetivo es reducir en el 2030 un 55 % las emisiones de CO2 como paso intermedio a alcanzar la neutralidad carbónica en el 2050. El sector hace ver que, por el momento, no hay alternativa de propulsión a los combustibles fósiles, que las soluciones posibles requieren de un mayor espacio en el barco que Bruselas no está dispuesta a permitir y que, a los precios que está el gasoil, retirar la exención fiscal de la que se benefician hará inviable la actividad. Y mermará la despensa comunitaria.
El informe científico que revisará las 87 vedas no se publicará hasta el 18 de abril
Fuentes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) han explicado que el informe sobre las áreas en las que hay o puede haber ecosistemas marinos vulnerables en aguas de la Unión Europea se publicará el 18 de abril. Confirman así el retraso en la fecha de divulgación de un documento llamado a servir de base al Ejecutivo comunitario para revisar las 87 vedas decretadas en septiembre pasado a lo largo del cantil de cuatro Estados miembros: España, Portugal, Francia e Irlanda.
El informe, previsto en principio para mediados de diciembre, fue pospuesto a finales de enero y ahora ha sufrido un nuevo retraso, con lo que el sector pesquero afectado prácticamente descarta una corrección del acto de ejecución que, según cálculos de los expertos en Economía Pesquera de la Universidade de Santiago, cuesta 150.000 euros a cada palangrero de fondo que faena en Gran Sol.
Contra ese reglamento se han interpuesto dos recursos: uno el del Estado español y otro el de los productores de Burela.
