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La pesca de fondo se moviliza al trascender que Bruselas vetará el arrastre en el 30 % de sus aguas

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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Martina Miser

Dirige una carta al comisario tras filtrarse un borrador del plan que pone en jaque a 13.000 barcos y 2.500 millones de euros

27 ene 2023 . Actualizado a las 04:45 h.

Tras varios retrasos, la Comisión Europea anunció que a partir del 20 de febrero presentaría el plan de acción para proteger la biodiversidad marina, ese que persigue el pareado de que en el 2030 el 30 % de las aguas comunitarias estén protegidas, el 10 % con una prohibición total. Pero el documento, al menos en borrador, se ha conocido antes por una filtración, lo que ha permitido a los armadores confirmar que Bruselas quiere expulsar todo tipo de artes de fondo móviles de esas áreas marinas protegidas. La prohibición del arrastre, según figura en ese esbozo de plan, sería gradual, de forma que los Estados deberían adoptar medidas para eliminarlo paulatinamente de las áreas marinas protegidas (AMP) existentes y no se les permitiría actuar en las recién establecidas para «lograr el objetivo de eliminar la pesca de fondo móvil de todas para el 2030 a más tardar».

La pesca de fondo ha saltado como un resorte al conocer el avance del plan de acción. La EBFA (Alianza Europea de la Pesca de Fondo) ha dirigido una carta al comisario de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, Virginijus Sinkevicius, expresando su desacuerdo con la intención de poner más restricciones a la pesca en los caladeros comunitarios. Y reprochando, asimismo, que no se hayan tenido en cuenta sus argumentos, respaldados por informes científicos, que indican que no es preciso eliminar las actividades humanas para proteger las áreas marinas, pues se puede alcanzar el mismo objetivo simplemente «estableciendo medidas de gestión efectivas». Es más, recuerdan que eso es por lo que aboga el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD): que ese 30 % se haga a través de esa figura de protección o de otras medidas técnicas atendiendo a las necesidades de las comunidades pesqueras.

Por eso, la EBFA advierte a Sinkevicius de que una prohibición del arrastre en las áreas marinas protegidas sería «un objetivo claramente desproporcionado, injustificado, sin base científica y contrario a los compromisos internacionales», plasman en su carta.

La inquina del comisario

El comisario de Pesca no ha ocultado en ningún momento la inquina contra un modalidad de pesca a la que llegó a calificar de «la más perjudicial para los fondos marinos». Incluso se fotografió con organizaciones ecologistas que pedían la expulsión del arrastre de las aguas comunitarias. Pero los armadores se remiten a los datos que manejan sus propios servicios: que, actualmente, en las áreas marinas protegidas faenan 13.105 barcos de pesca, que emplean a 40.500 pescadores y que, en el 2019, desembarcaron 124.103 toneladas de esas zonas. También trasladan que prohibir el arrastre en las áreas ahora limitadas, que son un 10 %, «puede tener un impacto económico global de alrededor de 870 millones de euros al año», cifra que habría que multiplicar por tres si ese porcentaje se eleva al 30 %.

Si a todo eso se suma la Ley de Restauración de la Naturaleza, las 87 vedas a la pesca de fondo, la irrupción de la eólica marina y el brexit, el plan de acción se presenta «como otro clavo en el ataúd de la pesca de fondo en Europa», apunta EBFA.

En otras palabras, «la UE condena a su propia flota demersal y la producción sostenible de alimentos», mientras abre la puerta a productos de terceros países. Sí, también de Rusia, que llega a través de China y de Noruega. De ahí que llamen a la reflexión al comisario antes de golpear con el martillo ese clavo en contra de los intereses de Europa.

La Xunta contrata por 90.000 euros a J&A Garrigues para tratar de desactivar las 87 vedas

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La Xunta contratará a juristas especializados en derecho comunitario para que el recurso contra las 87 vedas impuestas en el Atlántico nororiental a la pesca de fondo tenga más posibilidades de prosperar. El Gobierno gallego, que actuará como parte coadyuvante en la demanda presentada por la Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP-7), persigue tanto la suspensión temporal del veto como su anulación.

El Ejecutivo autonómico considera que la Asesoría Xurídica Xeral «non pode exercer por si soa» los trabajos, «ao precisar de medios destacados ante os tribunais europeos». Por eso ha decidido encargar al bufete J&A Garrigues, por algo más de 90.000 euros, esa acción con la que pretende «poner fin a un veto que afecta a arredor de 200 buques galegos de xeito directo, ben porque non poden faenar nas zonas vedadas, ben pola concentración no mesmo espazo das embarcacións que viñan faenando alí e as expulsadas das zonas restrinxidas».

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