Los países deben decir a Bruselas en julio cómo vetarán el arrastre en áreas sensibles
SOMOS MAR

La Comisión dictará actos de ejecución si cree que la protección no es suficiente
28 ene 2023 . Actualizado a las 04:45 h.Recoge la Comisión Europea en ese borrador de plan de acción marina que se ha filtrado que pretende «acompañar al sector pesquero en su transición hacia prácticas pesqueras más sostenibles y resilientes». Pero más que acompañarlo, lo empuja. El tiempo dirá hacia dónde, pero el sector, tras conocer el borrador que ha trascendido, está convencido de que el fin de ese camino es el abismo. Al menos para el arrastre.
Este segmento de flota, que esquivó de refilón las limitaciones de las 87 vedas instauradas en el Atlántico porque afecta a profundidades de 400 a 800 metros —en las que no opera—, es blanco directo de las medidas de limitación incluidas en ese plan de acción que bebe de la Estrategia Biodiversidad 2030 y que persigue que cuando llegue ese año el 30 % de las aguas marinas de la UE estén declaradas áreas marinas protegidas (AMP). Este documento establece claramente la expulsión progresiva de las artes de fondo móviles de esos espacios declarados sensibles. Porque, insiste, «la pesca de arrastre de fondo, es una de las actividades más extendidas y dañinas para los fondos marinos y sus hábitats asociados».
Para conseguirlo, los Estados miembros deberán presentar a la Comisión en el mes de julio una hoja de ruta con las zonas marítimas que preservarán, dando detalles, además, de cómo cada país va a garantizar «que la pesca con artes de fondo móviles esté prohibida en al menos el 20% de sus aguas marinas, como hito intermedio hacia el objetivo del 30 % en el 2030». Además, establece que esas hojas de ruta tienen que hacerse públicas.
De esa manera, hasta el 2030, los Estados deberán adoptar medidas y recomendaciones para retirar gradualmente el arrastre de las áreas marinas que ya existen y dictar normas que impidan faenar con esas artes de fondo móviles en las que se creen nuevas de aquí al límite temporal fijado.
Las hojas de ruta serán analizadas en una «mesa redonda de alto nivel para la pesca sostenible» que se celebrará en septiembre. Y antes de marzo del 2024, la Comisión revisará los avances en la Estrategia Biodiversidad y, en función de los resultados, se tomará la libertad de «adoptar medidas adicionales» a través de actos de ejecución —la fórmula que empleó para imponer las 87 vedas en el Atlántico— si considera que no son suficientes.
Capturas no deseadas
No son los únicos deberes que el plan de acción impone a los Estados. También los conmina a adoptar medidas para reducir las capturas accesorias de especies no deseadas, como tortugas, aves, tiburones y delfines.
Así, avanza que este mismo año aprobará un acto de ejecución con medidas detalladas para instalar dispositivo que impidan la captura de tortugas para arrastreros que operen en el Índico y el Atlántico occidental. Y en el 2024 generalizará las líneas espantapájaros. Además, conmina a los Estados a tomar medidas antes de que acabe este año para minimizar el impacto de las artes de pesca sobre las poblaciones de marsopas en el Báltico, el mar Negro y la costa ibérica del Atlántico y evitar la captura del delfín común en el golfo de Vizcaya.
Preocupación por la bajura
La Xunta no oculta su temor a que el plan de acción pueda afectar a artes móviles de fondo que emplea la bajura, como el rastro de vieira o el bou de vara. Según el informe que en su día envió a la Comisión, esa posibilidad «ameaza a máis do 20 % dos buques de artes menores galegas e a un terzo dos empregos».

Iván López: «Si esto se aplica a los tractores, tendrían que parar todos y dejar crecer hierba en el campo»
El anuncio de este plan de acción fue precisamente lo que alumbró la EBFA, la Alianza Europea de Pesca de Fondo. Su presidente, Iván López, hablaba ayer de lo absurdo de un documento (que todavía no es oficial pero del que apenas le cabe duda de que será tal y como ha trascendido) pensado solo para satisfacer a las oenegés que llevan tiempo cargando contra el arrastre, dado que tiene el formato «de recomendación y no de obligación legal». Pero precisamente es esa fórmula que se ha elegido la que hace augurar agravios comparativos, dado que serán los Estados miembros los que decidirán las acciones y, por tanto, no habrá homogeneidad. «Habrá países que lo tomarán en un sentido estricto y otros que buscarán cumplir lo esencial, como ocurre con las normas de control», explica.