Segun fuentes del obispado de Vic, el cura invirtió el dinero que le prestaron sus fieles para arreglar el tejado de su parroquia, con la intención de conseguir los altos réditos que prometía la empresa.
La orden del juez Ruz se enmarca en la investigación judicial para revelar el destino de 300 millones de euros que los inversores depositaron en pagarés.