El embargo de 681 millones a Ruiz-Mateos por Clesa deja indiferentes a los trabajadores
FIRMAS
El juez reprocha a la familia que enajenase bienes de la empresa de Caldas a otras sociedades del grupo
16 abr 2012 . Actualizado a las 13:47 h.El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha decretado el embargo de las propiedades de la familia Ruiz-Mateos por más de 681 millones de euros, una cantidad que cubriría el déficit patrimonial de la factoría láctea. En su auto, el juez madrileño explica que este embargo preventivo y la prohibición de disponer de los bienes y derechos de la familia de empresarios afecta a todas sus propiedades y a sus cuentas en el extranjero -dos en Suiza- hasta cubrir la cifra reclamada.
En la resolución se incide duramente en la actitud de los propietarios de la firma láctea, que se encuentra inmersa en un proceso concursal y pendiente de que sus administradores formalicen su venta con Acolact, un grupo de cooperativas gallegas y Feiraco, que aspiran a adquirir la fábrica de Caldas. El magistrado recalca que los Ruiz-Mateos «realizaron actuaciones que determinaron la insolvencia de Clesa o agravaron dicha situación patrimonial». Así, apunta que, en los dos años anteriores a la declaración concursal, tomaron decisiones que llevaron a la fábrica a su situación de insolvencia y resalta que sus actuaciones y omisiones «permitieron la explotación de una actividad empresarial incapaz de generar beneficio para atender a sus propios gastos de explotación».
Enajenación de bienes
El juez también les recrimina que «enajenaran bienes destinados a tales ingresos a favor de terceras empresas del grupo». Además, en el auto se acusa a la familia de empresarios de asumir «obligaciones de pago solidarias en exclusivo beneficio de sociedades» de Nueva Rumasa.
Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Clesa, la caldense Lola Ramos, explicó que el contenido del auto y el embargo preventivo no afecta directamente a los trabajadores ni al proceso de venta de la factoría a Acolact. «Son medidas cautelares que se toman en este tipo de procedimientos y no nos afectan, es un paso normal que esperábamos», indicó.
A los operarios, lo que realmente les preocupa es otro fleco abierto: el recurso que la Tesorería General de la Seguridad Social presentó al auto que autorizó la venta de la planta pontevedresa a Acolact. La Seguridad Social cuestionó un apartado de la resolución judicial de venta, donde se excluía a los futuros propietarios de la Clesa de las deudas que la firma tiene pendientes con la Seguridad Social. Según algunas fuentes, se trataría de dos millones de euros. Ramos admitió que todavía no ha habido ninguna decisión sobre esta impugnación. Como este punto es muy delicado, prefirió no hablar más sobre él por prudencia.