Escrivá confía en que unos 200.000 hogares reciban ya en junio esta ayuda que costará al Estado un máximo de 3.000 millones al año, ya que piensa que no se llegarán a los 850.000 familias
La consejera de Derechos Sociales evita entrar en la guerra territorial y recuerda que la prestación asturiana llega al 4% de la población del Principado