Gestión descentralizada incluso a nivel local
OPINIÓN
En un país como España, con una alta tasa de pobreza y donde la desigualdad económica (en términos de renta y/o patrimonio) va aumentando, la aprobación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) tenía que haberse producido hace años.
Esta medida debería haberse llevado a cabo, hace más de una década, desde la Administración General del Estado, ya que es la única capaz de garantizar una ayuda igual para todo el territorio español y unos mismos derechos de acceso y condiciones de disfrute a todos los individuos. Llevamos un retraso de muchos años y solo cuando hemos visto lo sucedido a numerosas familias se ha optado por pisar el acelerador y aprobar este IMV. Las largas colas del hambre, donde personas que hasta hace pocas semanas tenían un trabajo ahora se han visto obligadas a pedir alimentos para sobrevivir, nos ha devuelto a la realidad. Se vivía muy al día y la economía sumergida tenía un peso muy importante en el circuito económico. La desigualdad económica estaba muy presente, aunque oculta.
Algunas comunidades autónomas, en función de las competencias transferidas en materia social han estado cubriendo la ausencia de un programa estatal de IMV con cargo a sus propios presupuestos. Se puede comprobar la existencia de importantes diferencias a nivel regional, al coexistir sistemas más generosos, como es el caso de los programas del País Vasco y Navarra, con otros más modestos en las cuantías, como ocurre en Galicia. Esta heterogeneidad en las cuantías abonadas responde, en parte, al régimen de financiación de las comunidades, puesto que en el sistema foral la capacidad fiscal propia resulta muy superior a la del régimen común y, además, hay que tener muy presente que el PIB de Navarra y el País Vasco es de los más altos a nivel nacional. Cuando los presupuestos acompañan, se puede ser mucho más generoso.
Expuesta esta diferencia, no hay argumentos objetivos para que se descentralice el gasto solo en algunas autonomías. De hacerse, debería ofrecerse a todas las comunidades. Lo anterior permitiría incluso aunar los esfuerzos que ya se vienen haciendo desde la óptica autonómica para mitigar los problemas de pobreza y desigualdad, una de las lacras económicas que todavía no se han podido superar.
Por lo tanto, como las competencias en materia de atención social corresponden a las comunidades autónomas, se debería descentralizar la gestión. En consecuencia, parece razonable que la Administración General del Estado provea los recursos necesarios, al menos una cuantía igual para todos los ciudadanos, pero que cada comunidad gestione la prestación, puesto que es un nivel de gobierno mucho más cercano al ciudadano.
Personalmente, iría algo más lejos e incluiría en esta ecuación a los ayuntamientos, puesto que esta administración conoce mejor que el resto de niveles de gobierno las necesidades de la población. Optar por esta vía garantizaría un modelo de cogobernanza responsable y cercano a la realidad económica de los ciudadanos.
Esto es lo que se debería haber hecho desde el principio. Me temo que la urgencia económica que ha provocado esta pandemia ha hecho imposible establecer este modelo de gestión descentralizada. Sin embargo, aún estamos a tiempo de establecer los mecanismos de coordinación necesaria para alcanzar este objetivo. España es uno de los países más descentralizados en su gobernanza y esto tiene que verse cuando se implementan políticas públicas.
¿Quién debe gestionar el mínimo vital, la Administración central o las comunidades?
el debate