Autonomía, igualdad y evaluación en el mínimo vital


El ingreso mínimo vital (IMV), recientemente aprobado, supone un importante refuerzo de la red de seguridad contra la pobreza y la exclusión social en nuestro país. El peso de la política de protección social venía recayendo sobre las rentas mínimas autonómicas, por lo que su implementación requerirá de una intensa colaboración e implicación del conjunto de administraciones. No solo a nivel horizontal (inclusión, empleo, servicios sociales...) sino, y sobre todo, a nivel vertical: será imprescindible la coordinación integral con las comunidades autónomas. Por ello, la gestión de la prestación y su encaje en la red de protección social ya existente debería guiarse por tres principios: autonomía, igualdad y evaluación.

Primero, porque el IMV constituye una suerte de suelo común que podrá ser complementado por las rentas mínimas autonómicas (excluidas del cómputo de ingresos para acceder a este), tanto en términos de cobertura como de generosidad, algo ya demandado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su estudio sobre los programas de rentas mínimas cuando el ministro Escrivá era su presidente. En realidad, las comunidades autónomas podrían incluso eliminar sus rentas mínimas, de manera que el Gobierno central se hiciera cargo por completo de esta prestación. En cualquier caso, parece lógico que se mantenga la autonomía de las comunidades en la decisión de complementar la cuantía y la profundidad de la protección, puesto que la pobreza y la exclusión social afectan de manera diferenciada a distintos grupos sociales en cada territorio y en los distintos territorios.

Por otra parte, debería garantizarse un marco común de igualdad en la gestión. Pese a ello, se observa una asimetría evidente entre las autonomías de régimen foral (País Vasco y Navarra) y el resto: mientras que las primeras asumirán las competencias para el reconocimiento y el control de la prestación en sus territorios, las segundas tendrán que establecer convenios para su gestión. Ante esta situación, varias comunidades han pedido ya al Gobierno la gestión del IMV. Ni siquiera desde un punto de vista jurídico hay razones suficientes para romper el marco común: como ha apuntado Xavier Arbós en un artículo reciente, el hecho de que el País Vasco y Navarra tengan su propio régimen fiscal no justifica un trato diferenciado.

Finalmente, el IMV exige, como todas las políticas públicas, una evaluación basada en la evidencia. Por ello, es muy positivo que la AIReF vaya a ser la encargada de realizarla anualmente. Para completar el avance sería conveniente una colaboración estrecha con las instituciones autonómicas para realizar evaluaciones de impacto que incluyan las distintas políticas de rentas mínimas, teniendo en cuenta la naturaleza múltiple de la red de protección social. Además, dado que el IMV supone un aumento de gasto permanente, los planes presupuestarios de todos los niveles de la Administración deberán tenerlo en cuenta, especialmente en una situación como la actual, de fuerte aumento del gasto y caída de los ingresos.

En definitiva, las comunidades autónomas tendrán que redefinir sus sistemas de rentas mínimas, tanto en lo relativo al nivel de gasto como a las políticas que se articulen en torno al IMV. Coordinar las políticas sociales y las políticas activas de empleo, pero también la educación o la sanidad, será sin duda un gran reto; si se consigue, el beneficio en términos de inclusión social y reducción de la pobreza puede ser enorme.

Por Carlos Victoria Research economist de EsadeEcpol

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