Sector, sindicatos, instituciones y sociedad civil piden revisar las 87 vedas a las artes de fondo
01 oct 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Desde Cantabria. Desde Bilbao. Desde Vilagarcía. Desde A Coruña. Desde A Mariña, Ribeira... Las voces en defensa del sector pesquero, al que la Comisión Europea ha puesto a las puertas de la enésima crisis por la decisión de imponer 87 áreas de veda a la pesca de fondo, se levantaron ayer desde puntos salpicados por la geografía española y por boca de portavoces muy diferentes: dirigentes políticos de distinto signo, instituciones de diferente tipo, asociaciones profesionales, industrias auxiliares, sindicatos (nacionales y comunitario), autónomos, sociedad civil... Todos han hecho frente común en defensa del mar. Un mar que se ha encarado con la Comisión Europea por una decisión que, consideran, todavía hoy no ha sido capaz de sustentar con datos socioeconómicos y mucho menos con argumentos científicos, pues los propios biólogos advierten de errores de interpretación por parte del Ejecutivo comunitario.
Ese inusitado clamor, que ha pasado incluso por encima de siglas políticas, que han quedado en un segundo plano, reprocha a la Comisión que haya publicado su acto de ejecución sin escuchar las advertencias de los afectados y jalea al Gobierno para presentar un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para revertir esa expulsión de un total 16.419 kilómetros cuadrados en los que hay o se supone que hay ecosistemas marinos vulnerables.
Apoyo autonómico
Desde Santander, las comunidades autónomas del Cantábrico y Andalucía alentaron al Estado a presentar esa demanda cuanto antes. Tiene todo el apoyo de los Gobiernos autonómicos, que aportarán todos los argumentos técnicos y jurídicos que precise. «Nos da igual que nos admitan o no el recurso en el tribunal, los ciudadanos de la Unión Europea tienen que ser conscientes de que en España vamos a defender al sector pesquero y que la Comisión tiene que tener en cuenta no solo los aspectos medioambientales sino también los sociales y los económicos», dijo tajante la conselleira de Mar, Rosa Quintana, tras la reunión que mantuvo con sus homólogos de Cantabria, Guillermo Blanco; del País Vasco, Bittor Oroz; de Asturias, José González; y Andalucía, Carmen Crespo. Los cinco enviarán una carta al ministro de Pesca, Luis Planas, solicitando un encuentro para analizar cómo unir fuerzas y sumar argumentos para ese pulso jurídico que busca, además, una suspensión cautelar en la aplicación de la medida.
Las comunidades autónomas sugieren que, paralelamente a la presentación del recurso, se demande una moratoria de dos meses que permita al sector mantener la actividad, al menos hasta Navidad, cuando el pescado sube de precio. Esa propuesta, que ya había hecho la conselleira de Mar días atrás, serviría para que Bruselas «puidese revisar a medida avaliando os novos datos, tanto científicos como de impacto socioeconómico, que haxa dispoñibles». A diferencia de lo que había hecho la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, el jueves, Planas no descartó la moratoria, abriéndose a analizar «todas las posibilidades» y no crear divisiones, dijo a Canal Sur Radio. De paso, reafirmó su postura favorable a presentar un recurso contra una decisión que tildó de «error» y que, dijo, constituye «un mal ejemplo» para el principio de confianza que debe reinar en las relaciones entre instituciones y las personas.
Respaldo de los Puertos
El sector pesquero encontró ayer otro aliado en los puertos de interés general del noroeste de España. Las autoridades portuarias de Vigo, A Coruña, Marín, Vilagarcía de Arousa, Ferrol-San Cibrao, Pasajes, Avilés, Gijón, Santander y Bilbao firmaron un manifiesto de oposición a las 87 vedas tras participar en una mesa redonda organizada por la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao. Consideran que la decisión del Ejecutivo comunitario «carece de soporte científico sólido y de un estudio socioeconómico imprescindible en estas circunstancias de crisis mundial».
Además, el pleno de la Diputación de A Coruña aprobó una declaración institucional manifestando el «firme rexeitamento á arbitraria aprobación» de las 87 vedas. En Vilagarcía, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apostó por «defender os intereses do noso país como o fan o resto dos países de Europa».
Las voces no cesan. Armadores de palangre de Burela han convocado a compañeros de Asturias, Ribeira, Vigo, el País Vasco para analizar el problema y decidir acciones.
Todo ese bullicio quieren trasladárselo en persona al comisario de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, Virginijus Sinkevicius, los miembros de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés). Ayer mismo enviaron una carta solicitando una entrevista urgente con el principal valedor de esas 87 vedas. Una medida que, en palabras del sindicato ETF, que agrupa a los trabajadores del mar de toda Europa, «desproporcionada» y subraya que «ignora las consecuencias socioeconómicas» de la misma, faltando así a uno de los principios de la política pesquera común: la sostenibilidad social. «Se descuida el elemento humano de la pesca», sentencia la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF).
