Los gobiernos suprimirán a partir del 2025 las ayudas para la instalación de sistemas basados en combustibles fósiles y apostar por tecnologías más eficientes
Las negociaciones para aprobar la ley europea siguen atascadas por las diferencias sobre la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos, que el Parlamento quiere prohibir, pero que los Gobiernos desean mantener para casos excepcionales