La indexación de las pensiones a la inflación pondría todo el peso del sistema sobre los jóvenes, los cotizantes actuales, que tendrían que desembolsar muchísimo más dinero para hacer el sistema sostenible. La salida de la crisis trajo consigo un cambio radical del mercado laboral, que se ha precarizado para las nuevas generaciones a cambio de empleo. Bastan dos datos para dar cuenta de ello: el paro juvenil ha bajado en seis años del 55 % al 33 %, pero siete de cada diez menores de 25 años tienen un contrato temporal. Bajos salarios, temporalidad y, por tanto, incertidumbre. La parte de la sociedad sobre la que se asentará el sistema de pensiones en el futuro está entre las últimas europeas en emancipación. Solo el 8 % de los menores de 25 años dejan la casa familiar frente al 30 % de la media europea. La precarización del trabajo tiene efectos drásticos sobre la planificación de los proyectos vitales, de ahí que, por ejemplo, España tenga la tercera tasa de natalidad más baja del continente. La negociación encallada sobre el Pacto de Toledo solo hacía una vaga referencia a este problema.
Los préstamos disparan la deuda de la Seguridad Social
El Presupuesto consolidado de la Seguridad Social para el año 2019 alcanza la cifra de 158.906 millones de euros en gastos, un 7,1 % más que el año anterior. El Gobierno aprobó en diciembre una serie de medidas para engordar los ingresos, como la subida de las bases de cotización de los trabajadores y las cuotas de los autónomos. Por cada euro que entra en las arcas del sistema, ochenta céntimos proceden de las cotizaciones de los trabajadores y empresas. La AIReF calcula un impacto de 2.300 millones de euros con estos planes.
Otro de los motivos que lastran la sostenibilidad del sistema son los préstamos. La Seguridad Social logra financiarse a través de los créditos del Estado para hacer frente al pago de las pensiones. La deuda del sistema de protección con el Estado es de 43.068 millones de euros, según los datos del Banco de España para el primer trimestre del año. A ello habrá que sumar otros 13.830 millones firmados en marzo para abonar las pagas ordinaria y extraordinaria de junio.
El endeudamiento del sistema se ha disparado en los dos últimos años. En el 2017, la cifra ascendía a poco más de 17.200 millones de euros. Ante una previsión que supera los 55.000 millones este año, el crecimiento de la deuda alcanzará un 200 %. El crédito entregado este año no devenga intereses y tiene un plazo de cancelación de diez años. La práctica es común desde los años noventa y todos ellos han sido aplazados de década en década cuando vencían los plazos.
Manuel Varela
Marcel Jansen colabora con el think tank económico Fedea y fue consultor de la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este experto en economía laboral advierte de que la crisis de las pensiones no puede depender solo de las cotizaciones, sino de una reestructuración del sistema que desahogue a las nuevas generaciones de trabajadores.
-¿Es sostenible el sistema tal y como está planteado?
-Existe un déficit estructural más que evidente. Si no se revoca la reforma de las pensiones emprendida en el 2012, lo que se produciría es una reforma silenciosa. El crecimiento de las pensiones no pasaría durante muchísimos años de un ritmo superior al 0,5 %, lo que supondría una enorme pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. La otra opción, que ha ganado fuerza en los últimos meses, es restablecer la indexación de las pensiones a la inflación, por lo que el aumento en el déficit sería de varios puntos en el PIB.
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