¿Qué fue del pacto antitránsfugas?

Manuel Varela Fariña
manuel varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Moción de censura en Castrelo de Miño, el 11 de agosto, con acusaciones de transfuguismo
Moción de censura en Castrelo de Miño, el 11 de agosto, con acusaciones de transfuguismo Santi M. Amil

Un fallo del Constitucional propició mociones apoyadas en ediles no adscritos

22 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El nacionalista Esteban Suárez trató de frenar la moción de censura que se cernía sobre él en Castrelo de Miño con un pleno que condenase el transfuguismo. La oposición popular y dos ediles díscolos del PSOE, que se desvincularon del partido, evitaron que se celebrase. Dos semanas después, con el apoyo de esos mismos dos concejales, Avelino Pazos, del PP, recibía el bastón de mando en un pleno al que accedió escoltado por la Guardia Civil y entre pancartas de los vecinos con lemas contra el transfuguismo.

El paso de concejales del PSOE al grupo de no adscritos en Castrelo de Miño y Viana do Bolo significó, en solo un mes, que el PP se haga con ambas alcaldías por la vía de la moción de censura. «Son mecanismos perfectamente lexítimos, porque se producen dentro da normativa», justificó Alfonso Rueda al día siguiente de conocer la convocatoria de la moción en Viana. Desde el partido defienden que «lo idóneo» es que los grupos municipales cuenten con una estabilidad suficiente para que no haya salidas de concejales a mitad de legislatura, y apelan a la responsabilidad de las fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad. La solución para los populares gallegos, como reivindicó en numerosas ocasiones su líder, Alberto Núñez Feijoo, es que siempre asuma la alcaldía el partido más votado.

Tumbada por el Constitucional

Las mociones que vuelven a aflorar en Galicia entre sospechas de transfuguismo tienen su origen en Canarias. La disputa por la alcaldía de un municipio tinerfeño, con hasta cinco ediles socialistas pasándose al grupo de no adscritos para romper el gobierno de coalición, inició en el 2014 un proceso judicial que terminó tres años después en el Constitucional, donde se anuló la norma antitransfuguismo de la ley electoral vigente, fechada en el 2011.

La sentencia del alto tribunal supuso la suspensión de esta norma, que impedía un cambio de gobierno por moción de censura apoyado en ediles no adscritos, cuyos votos valen la mitad que el resto de miembros de la corporación. «Esta sentenza é un pouco disparatada e sérvelle ao PP para xustificarse, como fixo Rueda», advierte Noa Presas, diputada ourensana del BNG, el partido más perjudicado por este tipo de procedimientos.

En las cinco mociones de censura organizadas desde las elecciones municipales del 2019 tres se iniciaron contra alcaldes del Bloque. «Hai un problema de vontade política e de compromiso coa cidadanía», expone Presas, que denuncia el incumplimiento del Pacto Antitransfuguismo.

Este acuerdo se firmó hace ya 22 años, y a él se adhirieron los principales partidos, incluidos PP, PSOE y BNG. El documento marca reglas como el compromiso de impedir servirse de tránsfugas para cambiar mayorías de gobierno, o la imposibilidad de presentar mociones de censura durante el primer año desde la toma de posesión, algo que en Galicia se ha incumplido ya cuatro veces desde junio del 2019.

Desde 1998 hubo dos actualizaciones del acuerdo, en el 2000 y en el 2006, y once reuniones. La última fue hace diez años. El enlace a este último encuentro está roto en la página web del Ministerio de Política Territorial. La ministra Carolinas Darias ha decidido recuperar el pacto y convocar un encuentro el 21 de septiembre, al que se espera que acudan los principales partidos.

Los socialistas gallegos apuntan hacia esa fecha para regular el transfuguismo, recordando que ha abierto procesos de expulsión a quienes lo han practicado. En el caso de los dos ediles de Castrelo, el PSOE comunicó pocos días antes de la moción la baja de militancia de ambos, que ellos mismos habían solicitado.