El sector industrial de la provincia de Pontevedra fue el más golpeado por los ajustes
12 feb 2019 . Actualizado a las 19:09 h.Tras años a la baja, los expedientes de regulación de empleo (ERE) volvieron a hacer un roto el año pasado en el mercado laboral gallego. Tanto, que el número de afectados por estas medidas de ajuste laboral se duplicó, al pasar de los 2.757 del 2017 a los 5.785 del pasado ejercicio, cuando se regularon casi 16 empleos de media al día.
Y eso a pesar de que el número de empresas que optaron por aplicar un ERE siguió a la baja. Según el balance de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, en la comunidad se aplicaron 160 expedientes, un 22 % menos que en el 2017. Aunque bajaron las compañías que recurren a este mecanismo de ajuste laboral, entre las que lo hacen están algunas de las principales industrias gallegas, como PSA, lo que dispara las cifras de afectados.
La fábrica viguesa de la multinacional de la automoción ejecuta, desde diciembre, un ERE temporal para unos 400 operarios, a los que manda los viernes a casa por la supresión de un turno de trabajo en la línea que ensambla los modelos que se exportan a mercados como Turquía y el norte de África, que están teniendo menos salida de la esperada.
Pero la situación de PSA no es un caso aislado en su sector y, por eso, hay otras empresas proveedoras que se han visto obligadas a realizar también ajustes en sus plantillas. El caso más claro es el de Faurecia, donde desde el año pasado también se aplica una regulación temporal para 400 empleados por la caída de los pedidos de PSA, a la espera de que se inicie la producción de nuevos modelos.
Un escenario que explica por qué el sector industrial de la provincia de Pontevedra fue el más golpeado por los ajustes laborales el año pasado, con un incremento del 331 % en la cifra de trabajadores incluidos en un ERE. Un crecimiento que fue especialmente intenso en los expedientes de suspensión temporal (se pasó de 900 a más de 4.000 afectados en solo doce meses), aunque también hubo otros muchos que acabaron con la extinción definitiva de los contratos. En concreto, fueron 700 los trabajadores gallegos que se vieron incluidos en un expediente de despido colectivo, un 25 % más que el año anterior. Por sectores, el de los servicios fue el más castigado (con un incremento del 80 %), y adelanta en este caso a la industria, que suele recurrir más a los ERE como medida de flexibilidad laboral para ajustar su producción a los picos de la demanda.
Menos reducciones de jornada
Lo que también evidencia el balance oficial de la Xunta es que las empresas utilizan cada vez menos los ERE de reducción de la jornada de trabajo. El año pasado solo 164 gallegos se vieron afectados por uno de estos expedientes, la mayoría de ellos (104) en Pontevedra.
Esta es la única provincia gallega donde repunta la cifra de trabajadores incluidos en un expediente de regulación de empleo (se triplican, al pasar de 1.658 a 5.009), mientras que las otras tres registran caídas, más acentuadas en Ourense (37,6 %) que en Lugo (16,2 %) y A Coruña (15,4).
En cuanto a las ramas de actividad, destaca la mejoría experimentada en la construcción, donde apenas se regularon 84 empleos el año pasado en la comunidad, un 60 % menos que en el 2017.
En la pesca fueron 200 los trabajadores afectados por estas medidas de ajuste, a las que no tuvieron que recurrir las empresas del sector agrícola.