La buena relación PSOE-BNG en María Pita sufre por la deuda de Langosteira

Los nacionalistas aseguran que los de Sánchez rechazaron acordar la condonación


A Coruña

La buena relación que el PSOE y el BNG mantienen en María Pita está sufriendo en Madrid por el conflicto de la deuda de Langosteira. La líder del BNG, Ana Pontón, había anunciado antes de la campaña de las generales que condicionarían la formación de gobierno a que se condonase la deuda de 300 millones de euros por las obras del puerto exterior. Pero finalmente no fue así. El BNG negoció su apoyo a la investidura de Sánchez a cambio de diversas mejoras, entre ellas rebajas en la AP-9, la conexión ferroviaria de Langosteira o la mejora del enlace a Ferrol. Pero no la condonación de la deuda.

Ese extremo cobró importancia cuando se conocieron las condiciones el pacto alcanzado por Compromís para apoyar a Sánchez, entre otras medidas incluye la condonación de la deuda de 350 millones por las obras para adecuar el puerto de Valencia a la Copa América. Esa medida ya se había anunciado en el 2018, y fue considerada por todos los partidos, excepto los socialistas, como un «agravio» para A Coruña.

El «agravio» se confirmó en el acuerdo del PSOE con Compromís, que puso como condición que el perdón de la deuda a Valencia se apruebe este año.

En el pleno de la semana pasada, el Bloque presentó una moción para instar a la condonación de la deuda en A Coruña. Salió adelante con el apoyo de todos los grupos, también del PSOE, que desde la llegada de Inés Rey, al menos en el ámbito local, se ha sumado a la reclamación de que se dé una solución a la deuda que no hipoteque el futuro de los terrenos del puerto interior.

Pero el consenso en María Pita flaquea en Madrid, al tiempo que crece la presión para que se perdone el débito de Langosteira.

Néstor Rego, el único diputado del BNG, ha afirmado que el PSOE «non estivo en disposición» de incluir la condonación en el acuerdo con ellos. El parlamentario nacionalista añadió que en una negociación hay propuestas que «se conseguen incorporar e outras non».

Rego insistió en que continuarán defendiendo la condonación de la deuda, de ahí por ejemplo que presentasen la moción en el pleno, y destacó que sí se lograron introducir otras propuestas, como el compromiso de financiación del enlace ferroviario del puerto exterior, que costará unos 140 millones. Fomento ya se había comprometido a aportar esos fondos durante los gobiernos de Mariano Rajoy (PP), aunque nunca se concretó en los presupuestos.

Los socialistas asumen la postura de la alcaldesa de dar una solución al endeudamiento

Desde que este mes se conoció el acuerdo entre los socialistas y Compromís de condonar la deuda de Valencia, el PSOE de A Coruña se sumó a la reclamación de un trato igual para la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó tanto en el pleno como ante los micrófonos de Radio Voz que el objetivo es lograr la condonación completa, o casi total del débito.

Su postura contrasta con la que adoptó el PSOE en el 2018, cuando se anunció el perdón de la deuda a Valencia. Entonces los socialistas exigieron el mismo trato en el Parlamento gallego, pero se abstuvieron en el pleno y a nivel estatal defendieron que hay diferencias con Valencia.

En esta ocasión, los parlamentarios socialistas tampoco se pronunciaron en los primeros días, pero han terminado respaldando la postura de Rey. El diputado Pablo Arangüena ha anunciado que llevarán esa reivindicación al Gobierno que preside Pedro Sánchez, aunque admitió que será una gestión «compleja» tanto por el importe de la deuda como por las dificultades legales.

El Bloque asegura que logró 24 millones para el dragado de la ría de O Burgo

El PP recuerda que fue la Xunta la que planteó la solución y que los fondos ya estaban en las cuentas de Mariano Rajoy

Mientras arrecia la crisis por la deuda de Langosteira, el BNG advirtió ayer a los socialistas de que estarán «vixiantes» para que se cumpla el acuerdo de investidura que alcanzaron con el PSOE, que incluye el dragado de la ría de O Burgo. El parlamentario Néstor Rego recordó que uno de los puntos del acuerdo es que se desbloquee este mismo año el proyecto, para lo que deben destinarse 24 millones de euros en los presupuestos de este ejercicio.

Rego, acompañado de los portavoces del Bloque en los municipios de la ría y de los representantes de la asociación de mariscadores, recordó que ese espacio daba trabajo a miles de personas antes de que la contaminación limitase la actividad marisquera a solo unos cientos de personas.

El presidente de los mariscadores a pie, Andrés Pena, reclamó que los trabajos se pongan en marcha cuanto antes. Recordó que la obra ya se anunció en numerosas ocasiones, pero que nunca se puso en marcha, y advirtió que si la situación continúa el marisqueo desaparecerá.

Por su parte, el PP recodó al BNG que fue la Xunta la que planteó la solución adoptada para dragar la ría del Burgo, y señaló también que los 24 millones de euros que destaca el Bloque ya figuraban en los presupuestos que dejó listos Mariano Rajoy. El PP reprochó a los socialistas que no hayan ejecutado ese proyecto, y se mostró muy crítico con los nacionalistas, a los que acusó de tener «una fiebre desmesurada por colgarse medallas que no les corresponden», y de intentar «justificar su posición sumisa a la hora de entregar el voto al PSOE». El PP les advirtió que no va a consentir «que sigan mintiendo a la gente».

Jorquera y la Marea plantean que se corrija la venta de dos parcelas de Defensa en la Maestranza

El BNG y la Marea Atlántica mostraron ayer su rechazo a la venta por el Ministerio de Defensa de dos parcelas en la Maestranza. El portavoz de los nacionalistas, Francisco Jorquera, instó a la alcaldesa, Inés Rey, a iniciar negociaciones políticas de inmediato con el fin de intentar revertir la operación. El Bloque quiere que el destino de esos solares, en vez de «especulativo», se decida entre el Ayuntamiento y los residentes en la Ciudad Vieja.

La Marea planteó por su parte que la Xunta amplíe la protección de las murallas históricas, para evitar que se consume una operación «especulativa».

Ambos partidos rechazan que en los terrenos se levanten edificios de viviendas, como prevén los compradores de las parcelas, que pagaron 12 millones de euros.

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