El Gobierno ignora desde 2015 la exigencia de dar solución a la deuda de Langosteira
A CORUÑA
La condonación del débito en Valencia desencadena una reacción unánime frente al «agravio»
18 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno central lleva cinco años haciendo oídos sordos a las reclamaciones de A Coruña para que se dé una solución al problema de la deuda de las obras de punta Langosteira, que asciende a 300 millones y, de acuerdo a los convenios del 2004, se pagará con la urbanización de los antiguos muelles, situados en pleno centro de la ciudad. La situación contrasta con la de Valencia, donde el Ejecutivo del PSOE condonará este año la deuda de 350 millones del Consorcio Valencia 2007, la entidad que financió la reforma de ese puerto para acoger la Copa América.
Por ahora no ha supuesto ninguna diferencia que punta Langosteira se levantase para sacar del centro urbano las instalaciones petroleras de San Diego, que obligan a mantener un poliducto que atraviesa la ciudad y están relacionadas con algunos de los desastres marítimos que azotaron la costa gallega en las últimas décadas. Tampoco ha marcado la diferencia que Langosteira se construyese para mejorar la seguridad marítima tras el desastre del Prestige o que sea una infraestructura estratégica para el sistema portuario nacional.
El Gobierno socialista ha esgrimido razones técnicas para explicar la diferencia entre ambas ciudades. La principal es que en Valencia la deuda depende de un consorcio, mientras que en A Coruña la asumió el Puerto, que debe autofinanciarse. Pero la decisión de condonar la deuda valenciana, anunciada en el 2018, ha sido confirmada tras un acuerdo político. Fue una de las condiciones que puso Compromís, el partido que gobierna esa comunidad con los socialistas, para la investidura de Pedro Sánchez.
Paradójicamente, fue el PSOE coruñés quien hace cinco años presentó una moción en el pleno de A Coruña para exigir al Gobierno central, entonces en manos del PP, una revisión de los convenios del 2004 -que habían firmado Administraciones gestionadas por los socialistas- con el fin de corregir las condiciones de financiación de las obras e incluir financiación del Estado.
El PSOE actuaba entonces empujado por la Marea y el BNG, que les acusaron de cambiar su postura histórica. La proclamación del pleno, en la que el PP se abstuvo, no tuvo efecto alguno. Pero no fue la única. A finales del 2018, tras el anuncio de la condonación valenciana, el pleno, el Parlamento gallego y el consejo de administración del Puerto de A Coruña exigieron el mismo trato para la ciudad ante lo que consideraron un «agravio».
Condiciones gallegas a Sánchez
El PP y En Marea fueron los principales promotores de aquellas iniciativas. El PSOE las apoyó en el Parlamento, pero se abstuvo en el pleno. Tampoco tuvieron efecto alguno. Todas contaron con el respaldo del BNG, que lleva más de un decenio exigiendo el cambio de los convenios y la financiación estatal. Pero los nacionalistas, al contrario que Compromís, no impusieron esas condiciones en su acuerdo para investir a Sánchez, a pesar de que la propia Ana Pontón había advertido que sería una línea roja.
El pleno volvió a pronunciarse este jueves, precisamente por una moción del BNG que exige la condonación de la deuda o la búsqueda de «outras solucións financeiras» que en ningún caso «representen unha hipoteca para o futuro da cidade». Salió adelante por unanimidad, con algún matiz en el debate. Quizá tenga más suerte que sus predecesoras y vire el rumbo del Gobierno.
Inés Rey, la alcaldesa, insiste en que debe ser así. Ayer, en el programa Cita en María Pita de Radio Voz, se distanció de la postura timorata del PSOE en el 2018. «Le hemos pedido al Gobierno la condonación de la deuda, que sería total o parcial, casi total», matizó. Relacionó esa solución con la creación de un ente público para decidir por consenso el futuro del puerto. «Soy partidaria de la fórmula del consorcio -agregó Rey-, y es lo que voy a pedir para gestionar la desafectación de los muelles y el diseño de la fachada marítima».
La actitud reivindicativa del gobierno local contrasta con el silencio del PSdeG y de los parlamentarios socialistas en Madrid.
Allí tiene previsto ir la alcaldesa para llevar las reclamaciones de la ciudad al ministro de lo que antes era Fomento, José Luis Ábalos. Salvo que el ministro decida visitar la ciudad el viernes, con motivo de la entrega del Premio Nacional de Arquitectura, que otorga su departamento.