Una «aldraxe» a nueve meses de las municipales


A Coruña / La voz

La decisión de condonar 350 millones de deuda al Consorcio Valencia 2007 tenía todas las características para desencadenar una crisis de envergadura al Gobierno de Pedro Sánchez en Galicia. El conflicto de la deuda de los puertos lleva largo tiempo activo, especialmente en A Coruña, donde el gobierno local de la Marea Atlántica ha convertido la condonación de la deuda y la revisión de los convenios del 2004 para construir punta Langosteira en una de las claves del mandato municipal.

Esa reclamación no es nueva; el BNG la ha sostenido durante años, y en este mandato se han sumado con matices el PSOE -que firmó los acuerdos- y el PP, que siempre defendió la necesidad de pagar la deuda de Langosteira -aunque no necesariamente con los mecanismos que prevén los pactos del 2004- hasta que se anunció la condonación de las obligaciones de Valencia.

Ese anuncio dejó a los socialistas solos frente a las acusaciones de «agravio» de PP, En Marea y BNG. La respuesta del PSOE ha consistido en destacar las diferencias administrativas y legales con Valencia. Han señalado que la deuda allí es de un consorcio, mientras que aquí es de una Autoridad Portuaria, lo que supuestamente impediría una aportación estatal. También apuntan que allí las obras se destinaron a un evento internacional, la Copa América, mientras que aquí son para infraestructuras estrictamente portuarias, lo que de nuevo dificultaría las aportaciones estatales por el principio de autofinanciación de los puertos.

Esos argumentos técnicos y jurídicos tenían muy difícil competir con lo que todas las demás fuerzas consideran un agravio. Una sensación acrecentada porque el Estado ha asumido la parte de la deuda del consorcio valenciano que correspondía a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia. Esas instituciones están gobernadas por coaliciones del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y Compromís, una formación clave para la estabilidad del Gobierno de Sánchez. Sin olvidar que uno de los hombres fuertes del presidente, José Luis Ábalos, el ministro de Fomento -del que depende Puertos del Estado-, es valenciano y destacado militante del PSPV.

Todas esas circunstancias, y una difícil defensa técnico-administrativa convertían la decisión en carne de «aldraxe», que ayer el Gobierno intentó mitigar a través de su delegado en Galicia, Javier Losada, un fiel del presidente Sánchez, que intentó calmar la tormenta prometiendo que el Gobierno no olvida a Galicia.

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