Arranca la ofensiva judicial para anular el veto a toda la pesca de fondo en 87 áreas
PESCA Y MARISQUEO
España lo impugna ante el Tribunal de Justicia de la UE y la flota ultima desde Burela su demanda ante el Tribunal General de la UE
15 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Cinco semanas después de la expulsión de cientos de pesqueros de sus caladeros tradicionales, la flota coincide en que todavía es pronto para evaluar el impacto socioeconómico y sobre los recursos del veto a toda la pesca de fondo en 87 áreas de los cantiles de España, Portugal, Francia e Irlanda. Tendiendo la mano a la Comisión Europea con idea de «poder conseguir una solución lo antes posible para que el sector español y comunitario no se vea afectado por esta injusta situación», el Gobierno de España inicia la ofensiva judicial mediante un recurso de anulación, presentado ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se sumará en días otro de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, en nombre de parte de los pincheiros de Gran Sol, los más perjudicados; en este caso ante el Tribunal General de la UE, y desde el sindicato CIG siguen preparando la que anunciaron.
Por vía telemática, España tramitó este lunes una demanda «que por su complejidad técnica ha requerido un intenso y coordinado trabajo» entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Abogacía del Estado, contando con la cooperación de la flota.
«No es coherente»
Desde Pesca explican en un comunicado los argumentos del recurso ante el TJUE. «Deficiencias de fondo y forma» le atribuye a la Comisión en una medida diseñada para proteger ecosistemas marinos vulnerables en profundidades de entre 400 y 800 metros. Desde que lo promulgó el 19 de septiembre, entrando en vigor el 9 de octubre, España ha reiterado «su disconformidad en todo momento».
Y se ratifica ante el tribunal que resuelve litigios entre los Estados y las instituciones comunitarias. Alega que el veto debe anularse porque vulnera el reglamento base y el principio de proporcionalidad, según los cuales las normas comunitarias han de adecuarse a sus objetivos y ser acordes con ellos.
En este caso, el Gobierno considera que «no es coherente» con la protección de los recursos y de la pesca sostenible porque, por ejemplo, prohíbe artes fijas como el palangre de fondo (pincho) o la volanta pese a que su supuesto impacto adverso no ha sido medido por los asesores científicos, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICEs, por sus siglas en inglés), ni por la propia Comisión. Por tanto, tampoco se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar las zonas vedadas.
«Erróneo diseño»
Calcando los argumentos del IEO, el recurso pone el acento en que el «erróneo diseño» del reglamento ha derivado en la paradoja de que pese a haber sido concebido contra el arrastre de fondo, perjudica sobre todo al palangre. Mientras ese resulta «seriamente afectado al verse privadas de sus caladeros habituales», los arrastreros se libran porque por lo general faenan en profundidades inferiores a 400 metros.
Que no se ha utilizado el «mejor conocimiento científico disponible» lo acredita el propio ICES cuando «reconoce que no ha tenido en cuenta» la actividad pesquera de las artes fijas. «Ignorar la información supone una vulneración de las normas», subraya el comunicado.
«Prohibición indiscriminada»
España también argumenta que la Comisión «no ha tenido suficientemente en cuenta» los tres pilares de la política pesquera comunitaria porque la norma «carece del mínimo análisis de impacto socioeconómico».
La demanda cuestiona la proporcionalidad al establecer las 87 áreas. Como varían en función de la latitud, resulta que en aguas españolas cierra espacios «mucho más extensos» que más al norte. Un aspecto aún más relevante porque la plataforma continental española es menor.
El Ejecutivo nacional llama la atención sobre la actitud de la Comisión cuando optó por no haber «utilizado la mejor información disponible», datos actuales que en su opinión «habrían permitido una mejor toma de decisiones». A mayores, pone en tela de juicio que «establecer una prohibición indiscriminada» no vulnere la Política Pesquera Común. Y va más allá cuando cuestiona que «sean propios de un acto de ejecución» la elección de las 87 vedas por la que se decantó la Comisión.