España se arma para convertirse en un país libre de pescado ilegal
PESCA Y MARISQUEO
La nueva ley reforzará el papel de los inspectores y el control de las importaciones y exportaciones de los productos del mar
14 oct 2022 . Actualizado a las 04:47 h.Por las multas que impone, porque es la nación de los Veintisiete con las sanciones administrativas más elevadas, y por su alto nivel en el control de las importaciones, el Tribunal de Cuentas Europeo destaca a España como uno de los más implicados en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) en la UE. Con el objetivo de seguir avanzando y, en lo posible, de convertirse en un país libre de pescado ilegal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prepara una nueva ley que reforzará el papel de los inspectores y el control de las importaciones y exportaciones.
«Optimizar» el trabajo de estos funcionarios y del resto de habilitados en el control e inspección es uno de los propósitos de la futura Ley de Modernización del Control y la Inspección y la Lucha contra la Pesca Ilegal, ahora a consulta pública. «Prevenir, desalentar y eliminar» la pesca ilegal pasa por impedir que los buques que la practiquen desembarquen sus capturas en puertos españoles y, paralelamente, por «frenar el flujo» de productos pesqueros ilegales por el territorio español.
Con la flota nacional se centrará en «disuadir eficazmente» a los barcos, identificándolos y comprobando las actividades de los que «tengan relación con buques de terceros países que faenen fuera de las aguas comunitarias».
Pesca añade que intentará asegurar que los productos pesqueros «importados en España, exportados y reexportados» desde el país han sido capturados «respetando las medidas internacionales de conservación y ordenación», además de las normas aplicables a los buques, particularmente las de pesca pirata.
Al mismo tiempo, quiere «racionalizar, simplificar y actualizar» las infracciones y las sanciones, concretar los criterios y su aplicación para dotar al sistema de «mayor seguridad jurídica», lo que redundará «en mayor protección» de los recursos pesqueros y, en definitiva, contribuirá a la meta principal, la pesca sostenible.
