La Comisión se niega a suspender las 87 vedas, que se revisarán en el 2023
SOMOS MAR
Bruselas insiste en que ha usado la mejor información científica disponible
27 sep 2022 . Actualizado a las 04:45 h.«¡Uff! Esto va a ser duro». El lamento que se coló a micrófono abierto de uno de los traductores de español por tener que lidiar con términos de pesca sirvió de interludio perfecto para el cara a cara que minutos después mantendrían el ministro español Luis Planas y el comisario de Medio Ambiente Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, a cuenta de las 87 vedas que la Comisión Europea ha sembrado por toda la plataforma de cuatro países entre Cádiz e Irlanda. Porque, aunque la protesta era cosa de cuatro —España, Portugal, Francia e Irlanda—, el ministro español fue el más beligerante. Tanto, que abrió el fuego con un «Europa está en guerra» con el que solo Planas sabe si buscaba un golpe de efecto al hilarlo después con «y el sistema agroalimentario europeo está funcionando muy bien y es uno de los pilares de nuestra resistencia». El argumento de la soberanía alimentaria, en la que el sector pesquero amarra papel de protagonista, fue el primero que blandió Planas para pedir a la Comisión «que suspenda la aplicación del acto de ejecución» que expulsa a todas las artes de fondo —arrastre, palangre, rascos, enmalle, volanta, dragas y nasas— de 16.419 kilómetros cuadrados de caladeros comunitarios. Que lo deje sin efecto y, además, «que proceda a su revisión inmediata con datos científicos actualizados que ya están disponibles» y que, por cierto, «la Comisión los tiene», recalcó.
Planas fue el único de los ministros afectados que reclamó abiertamente la suspensión del reglamento. Sus homólogos francés e irlandesa se unieron a la segunda de las peticiones. Portugal, por su parte, se pasó al bando de la Comisión, lamentando una protección de los ecosistemas que llega cuatro años tarde —según el reglamento de aguas profundas debía ejecutarse antes del 2018—, por lo que «es urgente tomar acciones». Chirrió con las opiniones de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos que pusieron el foco sobre la necesidad de usar la evaluación científica más sólida, aparte de ponderarla con los efectos socioeconómicos.
España mostró su desacuerdo con la forma y con el fondo del acto de ejecución. Las tachas formales están en «la no adopción del dictamen del consejo consultivo por falta de mayoría» y la ausencia de consulta «al sector, a los Estados miembros y a las partes interesadas». Las de fondo son que el informe científico no es actual, ni cubre las decisiones adoptadas para algunas modalidades, como el palangre de fondo.
Vale que la Comisión Europea haya aplicado el principio de precaución a los «mares y océanos», pero con esa misma intensidad tendría que aplicarlo también «a nuestros pescadores y a la actividad pesquera», porque de esa forma «se cumplirían los tres principios básicos de la política común de pesca», espetó el ministro español.
Próxima revisión
Pero Sinkevicius fue inflexible. Sarcástico, incluso, al subrayar que la información científica más reciente presentada, entre otros por España, en abril del 2022 no puede reincorporarse retroactivamente en el informe que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) hizo en el 2021. Servirán, si acaso, para el siguiente informe, que se publicará en noviembre, y que servirá de base para revisar las vedas en el 2023.
El comisario de Medio Ambiente se mantuvo en que la decisión está bien tomada, que va con cuatro años de retraso, y es la mejor posible para garantizar la conservación de los ecosistemas y la pervivencia de la actividad pesquera. Entiende que el acto de ejecución no haya sido bien recibido por algunos de los afectados, pero «es un deber colectivo de la sociedad con respecto a las generaciones futuras».
Galicia azuza a España a recurrir el acto al tribunal para frenar la salida de la flota
Quemado el cartucho del Consejo, tras la negativa empecinada del comisario a dejar en suspenso el acto de ejecución, el cuerpo pide desenfundar las armas legales. Galicia, por boca de la conselleira de Mar, Rosa Quintana, azuzó ayer al Gobierno español a presentar recurso contra la decisión del Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) «o antes posible». Esa vía judicial es la fórmula adecuada, apunta Quintana, para conseguir esa suspensión temporal del reglamento que ayer negó Sinkevicius, aferrándose a que está bien hecho y que simplemente está ejecutando lo pactado con Consejo y Parlamento Europeo en el 2016.
Como Galicia, otras comunidades autónomas están pidiendo al Gobierno que prepare la demanda. Así es que el viernes se reunirán todas las afectadas en Cantabria para analizar «posibles acciones para acompañar ao Estado na demanda», anunció Quintana. Asimismo, el sector, que está redactando la suya, espolea al Gobierno.
A Planas también se lo pide el cuerpo. Al menos eso dijo ayer, antes de entrar en el Consejo de Ministros de Pesca. «Como ministro no descarto en modo alguno, más bien todo lo contrario» actuar por la vía judicial. «Mi posición es favorable a recurrir ante el Tribunal de Justicia; estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que efectivamente esta decisión sea recurrida [ante el TJUE]». Eso, antes de entrar, que ya no entendía «a qué vienen estas prisas». Al salir, confirmados sus temores, es probable que la intención se haya visto reforzada.
