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El Tribunal de la UE anula el pacto de pesca con Rabat, pero lo deja en vigor

e. abuín / m. gago REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

CEPESCA

Concluye que el Consejo debe obtener el consentimiento del pueblo saharaui

30 sep 2021 . Actualizado a las 04:45 h.

Todo un terremoto político el que el Tribunal General de la UE ha provocado con sus sentencias que anulan el acuerdo agrícola, por un lado, y el pesquero que habían suscrito la UE y Marruecos, por otro. Una sacudida de la que la propia corte era perfectamente consciente, no en vano se ha apresurado a dejar ambos pactos en vigor «durante un cierto período de tiempo», admitiendo que si decae «con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta». Es decir, que la anulación del pacto que permite faenar en aguas marroquíes a media docena de barcos gallegos se producirá en dos meses y diez días si no se presenta un recurso de casación a este fallo, o el tiempo que se tarde en resolver esa apelación por el Tribunal de la UE, si es que esa se produce.

La corte de Luxemburgo ha dado la razón, en parte, al Frente Polisario, que presentó recursos de anulación contra decisiones del Consejo que modificaban los pactos agrícola y el pesquero, tomadas a raíz de dos sentencias del Tribunal de Justicia, que consideró que ni el acuerdo de pesca ni su protocolo de aplicación eran aplicables a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara occidental. En su sentencia, el Tribunal General confirma que la UE y Marruecos pueden cerrar un acuerdo aplicable al Sáhara occidental, pues en su opinión, el derecho internacional no lo descarta», pero sí requiere la aceptación del pueblo afectado. Y los magistrados concluyen que no se ha pedido el consentimiento a los saharauis. Y mucho menos al Frente Polisario, al que dan un fuerte espaldarazo al reconocerse una personalidad jurídica que el Consejo, en sus alegaciones, le negaba.

La corte cree que las gestiones realizadas por la UE a través de su servicio de acción exterior no pueden considerarse una consulta y tampoco acepta el escrito del consejero jurídico de la ONU de 29 de enero de 2002 como fundamento válido para reemplazar la exigencia de que se expresara dicho consentimiento. Por tanto, concluye que «el Consejo no tuvo suficientemente en cuenta todos los elementos pertinentes relativos a la situación del Sáhara Occidental y consideró erróneamente que gozaba de un margen de apreciación para decidir si procedía atenerse a dicha exigencia».

Reacciones encontradas

Al poco de conocerse la sentencia del Tribunal General, la UE y Marruecos anunciaron, por boca del representante comunitario para la Política Exterior, José Borrell, y del ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, que tomarán «las medidas necesarias» para «asegurar el marco legal que garantice la continuación y estabilidad de sus relaciones comerciales».

El fallo provocó de inmediato una cadena de reacciones encontradas. Mientras eurodiputados de izquierdas y de los Verdes aplaudían la anulación de los acuerdos, el Frente Polisario hablaba de «victoria triunfal» al tiempo que instaba a la UE a acatar la sentencia, y Marruecos descalificaba una sentencia con «mucha política y pocos argumentos», recogió Efe, resaltando además, que han sido redactada prácticamente por los mismos jueces que formaban el tribunal que en el 2015 anuló los acuerdos en un primer momento.

En España, la patronal pesquera ha recibido el fallo con cautela y su secretario general, Javier Garat, ha anunciado la convocatoria de la comisión hispano-marroquí para abordar los escenarios que se abren y el ministro de Pesca, Luis Planas, aseguró que el Gobierno «preservará los intereses» de su flota, aunque la decisión de recurrir o no está en manos de Bruselas.

La CGEM, la confederación de empresarios marroquíes, lamentó la decisión del tribunal, pues «daña el entorno empresarial y desalienta las inversiones», dijo su presidente Chakib Alj, convencido como está que el fallo puede perjudicar a productos y productores del Sáhara. De todos modos, hace hincapié en que los acuerdos -agrícola y pesquero- siguen en vigor, alentados por ese cierre de filas de la UE y Marruecos en torno a ambos pactos.