Galicia y el «brexit»: efectos sectoriales

Fernando González Laxe
Fernando González Laxe CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UDC

MERCADOS

MARIA PEDREDA

Los abundantes interrogantes que se desprenden de los documentos técnicos y las enormes inquietudes referidas a los trámites burocráticos y democráticos necesarios para solucionar el conflicto dibujan un futuro incierto alrededor de la salida del Reino Unido de la UE. Sobre la mesa, cinco asuntos clave: pesca, agricultura, libertad de circulación, industria y servicios financieros

12 sep 2019 . Actualizado a las 11:35 h.

La situación de las personas y la cuestión de los derechos de los ciudadanos constituyen dos de los aspectos claves del brexit. De una parte, alrededor de 3,6 millones de ciudadanos europeos están establecidos en el Reino Unido; y, de otra parte, en torno a 1,2 millones de británicos residen en países de la UE. Las negociaciones entre ambas partes han concluido con un acuerdo provisional sobre los derechos de los ciudadanos y sobre el período de transición. La libre circulación se aplicará durante esta transición, del 29 marzo del 2019 al 31 de diciembre del 2020. A partir de entonces, los ciudadanos que hayan residido durante un período de cinco años en el Reino Unido (o en la UE para los británicos) adquieren un derecho de residencia permanente.

Las consecuencias del brexit para el sector agrario están enmarcadas en dos ejes. El primero implica una revisión del presupuesto de la Política Agraria Común dentro del Marco Financiero Plurianual. Bruselas está barajando una reducción del 5 % de la asignación de los créditos de compromiso para los 27 EEMM. El segundo eje tiene relación con el tipo de acuerdo de libre cambio que se suscriba. No cabe duda de que la negociación se encamina hacia la definición de unas nuevas barreras tarifarias. Hay que tener en cuenta que la tasa de autosuficiencia británica está cifrada en el 62 %, lo que induce a tener que importar productos alimentarios provenientes de la UE. De ahí la necesidad de ser vigilantes en la concreción de dichos acuerdos de libre cambio, toda vez que el Reino Unido posee acuerdos con la Commonwealth y EE.UU., pudiendo convertirse en una plataforma de reexpedición de productos procedentes de países terceros hacia territorio comunitario. El futuro acuerdo deberá precisar tales reglas, normas y controles.

Las implicaciones para el sector pesquero están delimitadas por tres factores. El acceso a las aguas; la asignación de las posibilidades de pesca; y los intercambios comerciales. En un principio, el acceso a las aguas, en adelante británicas, podrá extenderse durante el período transitorio. Luego, el Reino Unido recuperaría su soberanía (desde el 1 enero del 2021); y es entonces cuando es preciso redefinir las relaciones entre las partes. Dicha negociación es vital para el futuro de la pesca europea, ya que la UE-27 depende en un 33 % en volumen y en un 25 % en valor de las aguas británicas. La tasa de dependencia llega a ser del 45 % para Bélgica, 40 % para Países Bajos, 39 % para Dinamarca... Y menos del 5 % para España. Un cierre de las aguas británicas a las flotas pesqueras europeas tendría una fuerte incidencia en el mercado y en las rentas. El segundo factor está relacionado con lo expuesto anteriormente. Los Veintisiete deberán proceder a reasignar sus cuotas de pesca en el nuevo escenario; y España debería aprovechar las nuevas condiciones para sustituir ciertas normas discriminatorias para sus flotas, tales como el principio de la estabilidad relativa, aprobado en 1983, cuando España todavía no formaba parte de la UE; o la modificación de la actual división de las áreas de pesca. Es ahí donde convendría establecer las nuevas pautas y asignaciones, en correspondencia con la capacidad de producción; tasa de dependencia; efectos socioeconómicos; y gestión común y sostenible de los stocks. El tercer factor hace referencia al establecimiento de las tasas aduaneras y al suministro de pescado al mercado europeo.