El Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra los cambios legales de la Xunta en el eólico y la dependencia

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Parque eólico de Coruxeiras y Norvento, en Muras
Parque eólico de Coruxeiras y Norvento, en Muras LAURA LEIRAS

El tribunal suspende varios artículos de la ley de acompañamiento del 2025; la Xunta lamenta que esta suspensión obliga a los gallegos a pagar más por la luz y retrasa la valoración de la discapacidad

30 ene 2026 . Actualizado a las 13:19 h.

El pleno del Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, en concreto por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en relación a varios artículos de la llamada ley de acompañamiento de Galicia del año 2025. En concreto anula el artículo 30 en sus apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25; así como el artículo 45, en su apartado 5, de la Lei 27/2024 de medidas fiscais e administrativas.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, suspendió la vigencia y aplicación de dichos apartados desde la fecha de interposición del recurso para las partes en el proceso, el pasado 30 de septiembre, tal y como anunció la entonces ministra portavoz, Pilar Alegría, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el BOE para terceros.

El recurso de inconstitucionalidad esgrime que los artículos impugnados podrían vulnerar las competencias exclusivas del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, autorización de instalaciones eléctricas y transporte de energía y régimen minero y energético.

En concreto, el artículo 30 es la parte de la ley que obliga a las empresas eléctricas a repotenciar los parques eólicos pasado un plazo de 25 años, mientras que el artículo 45 establece cambios en la discapacidad y la dependencia, con los que la Xunta pretendía agilizar los trámites a los usuarios. 

Las reacciones por parte de la Xunta no se han hecho esperar. La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, recuerda que la norma impugnada, y que ahora admite a trámite el TC, intenta reducir el número de molinos en Galicia y que los promotores vendan al menos la mitad de la electricidad producida a precios más baratos en la comunidad. «De momento, Sánchez ha conseguido —apunta la conselleira— que en los próximos años tengamos dos mil molinos más y que los gallegos paguemos más por la luz». Y es que los cambios de la ley de acompañamiento obligaban a los promotores eólicos a eliminar dos mil molinos de la comunidad.

Lorenzana lamentó la actitud de los socialistas gallegos, con Besteiro a la cabeza, alegrándose de que haya más molinos en Galicia. Sobre la líder del BNG, Ana Pontón, apostilló, «ojalá me este equivocando pero creo que va a preferir que los gallegos paguemos más de luz y que haya más aerogeneradores, antes que reconocer una buena idea del Gobierno gallego».

Por su parte, la conselleira de Política Social, Fabiola García, lamentó un recurso que boicotea el plan de choque que puso en marcha el 1 de enero del 2025 la Xunta para agilizar y simplificar los trámites de la dependencia y la discapacidad, y que permitió resolver más de 86.300 expedientes. «O Goberno de España vólvenos poñer paus nas rodas», remarcó, ante el intento de la Xunta de agilizar y resolver expedientes cuanto antes. 

Pasarela entre dependencia y discapacidad

El recurso del Gobierno se centra en la pasarela creada por la Xunta para homologar automáticamente la discapacidad a aquellos usuarios que tienen concedida la dependencia. Sin necesidad de iniciar nuevos trámites, quienes cuentan con un grado 1 tienen una discapacidad de un 33 %, las personas con grado 2 de un 66 %, y de un 100 % los usuarios con grado 3. A lo largo del 2025, 12.500 gallegos lograron esta homologación automática. Desde la consellería recuerdan que por cada usuario con discapacidad el Gobierno central deja de recaudar una media de nueve mil euros, por los beneficios fiscales que implica este certificado.