Desmantelado el núcleo duro del referendo en Cataluña

El Gobierno da por desactivada la consulta tras la detención de catorce personas, incluidos altos cargos de la Generalitat, y la incautación de diez millones de papeletas


Madrid / La Voz

Catorce personas detenidas, entre ellas nueve altos cargos de la Generalitat; 20 personas investigadas; casi 10 millones de papeletas del referendo ilegal incautadas; 41 registros policiales en consejerías del Gobierno catalán, entidades públicas, empresas privadas y domicilios particulares; inspeccionada la sede de la CUP. Llega la hora de la verdad en la lucha por impedir que el secesionismo consume el 1 de octubre su promesa de celebrar un referendo ilegal de independencia. La Guardia Civil desplegó ayer, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, y sin intervención de la fiscalía, la operación Anubis, que se saldó con el arresto de todo el núcleo duro de la Generalitat encargado de la organización del referendo, incluido el número dos de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda que ejerce Oriol Junqueras, Josep María Jové, que presentó un hábeas corpus y recusó al juez al entender que su detención era ilegal.

Entre los arrestados están también altos cargos de las Consejerías de Economía y Hacienda; de la Oficina de Asuntos Exteriores; de Asuntos Sociales y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat. Además, otras dos personas fueron detenidas en una nave de Bigas (Barcelona) en donde se incautaron 9.894.350 papeletas electorales, y también carteles con la leyenda «local electoral» y actas de listas de votantes y de constitución de las mesas con la inscripción «Referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017».

La investigación, declarada secreta, parte de la denuncia presentada por el partido Vox y el abogado Miguel Durán contra el exsenador de ERC Santiago Vidal, que afirmó en su día que la Generalitat poseía de forma ilegal datos fiscales de todos los catalanes y disponía de una partida secreta en los Presupuestos para crear estructuras de Estado.

«Regresen a la democracia»

Tras las detenciones, la incautación de material y la intervención de las cuentas de la Generalitat para impedir gastos en la organización del referendo, el Gobierno considera imposible la celebración de la consulta ilegal a pesar de que no han sido halladas todavía las 6.000 urnas que Puigdemont dice tener ya dispuestas para la votación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció por ello para pedir a los independentistas que renuncien a «esta escalada de radicalidad y desobediencia» y regresen «a la ley y la democracia» porque el referendo es ya «una quimera». Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareció tras reunir de urgencia a su gabinete y garantizó que la consulta se realizará pese a acusar al Gobierno de haber «anulado de facto» el autogobierno de Cataluña.

 

Miles de personas se congregaron ayer en diferentes puntos de Barcelona, entre ellos la sede de la consejería de Economía, para tratar de obstaculizar la acción la Guardia Civil y protestar contra las detenciones, lo que provocó momentos de tensión, pero sin que se registraran incidentes. Y también hubo concentraciones ante la sede de la CUP, en donde la policía nacional se personó, en el marco de la misma operación, para buscar pruebas de la implicación de este partido en la organización de la consulta ilegal. El Ejecutivo teme que las llamadas a tomar las calles realizadas por los dirigentes independentistas puedan llevar a que se produzcan desórdenes públicos, por lo que ha reforzado el despliegue de efectivos policiales en Cataluña. 

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Fran Balado
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Rajoy volvió a realizar un llamamiento a Puigdemont a que recapacite y desconvoque la consulta independentista fijada para el 1 de octubre y prohibida por el Constitucional. «Saben que este referéndum ya no se puede celebrar, nunca fue legal ni legítimo, ahora no es más que una quimera imposible», reiteró el jefe del Ejecutivo. «No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia» advirtió, indicando a los responsables que tendrán que «responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo», pero que están «a tiempo de evitar males mayores».

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Detenciones

La Guardia Civil detiene al número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové. Fue el primer nombre de un listado que fue ampliándose. A él, en un corto período, se sumaron once personas, altos cargos de diversos departamentos de la Generalitat catalana, presuntamente relacionados con la organización del referendo ilegal. A estas detenciones se sumaron dos más, que elevaron el número de detenidos a catorce. La operación estuvo coordinada por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer y en ella también se incautaron diez millones de papeletas preparadas para el 1-O.

Primeros registros

Las primeras actuaciones fueron en la Consejería de Economía, dirigida por Oriol Junqueras. Se registraron despachos y se incautó material. También se realizaron registros en Exteriores y Asuntos Sociales.

Rajoy defiende la actuación

«Es una operación que se ha hecho por decisión del juez (...), para garantizar que se cumple la ley», dijo el presidente del Gobierno, que afirmó que lo que se había visto en Cataluña era un «intento de liquidar la soberanía nacional y la Constitución». «El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer», argumentó. «Amparó las actuaciones y detenciones en el cumplimiento de la ley y pidió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «dé marcha atrás».

Tensión

Durante los registros realizados por la Guardia Civil y los Mossos se produjeron momentos de tensión al proceder a las intervenciones efectuadas en las consejerías de Hacienda y de Exteriores.

Puigdemont habla

El presidente de la Generalitat, acompañado de Oriol Junqueras acusa al Ejecutivo de Rajoy de «aplicar el estado de excepción en Cataluña» y de ser un régimen totalitario. «Habrá urnas, papeletas y votos», dijo.

Frente común

Tras las palabras de Puigdemont, Mariano Rajoy se reunió en la Moncloa con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y posteriormente con el socialista Pedro Sánchez para valorar la situación catalana. Los dos líderes respaldaron a Rajoy, según informaron fuentes del Ejecutivo, para defender el Estado de derecho y lanzar un mensaje de unidad. Los votos de PP, PSOE y Ciudadanos suman 259 diputados de los 350 del Congreso, el 74 % del total.

Montoro advierte

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que cualquier cargo público que autorice fondos para el referendo del 1-O «va a responder con todas sus consecuencias, incluido su patrimonio» ya que se trata de «una ilegalidad». El Ministerio de Hacienda afirmó en el Congreso que ha vuelto a recibir los datos relativos a los gastos semanales que ha materializado la Generalitat de Cataluña, algo «caótico», en su opinión.

Congreso

ERC, En Comú Podem y el PDeCAT abandonaron el hemiciclo para protestar por las detenciones . «Le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas», dijo Rufián, portavoz adjunto de ERC, al presidente del Gobierno.

Protestas

Las protestas por la intervención judicial se sucedieron a lo largo de la jornada. Las que registraron mayor afluencia de público fueron en Barcelona. Cerca de cuarenta mil personas, según la Guardia Urbana, se concentraron en los en los alrededores de la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, después de que se realizasen los registros.

«Regresen a la ley»

«No sigan adelante, regresen a la ley y la democracia y permitan que la gente pueda pasar página de estos días tan aciagos», dijo en una declaración institucional en Madrid, realizada casi al finalizar el día. «Cada ilegalidad y cada vulneración tendrá su respuesta, que será firme, proporcionada y rigurosa», añadió. «La consulta no se puede celebrar» ya que es una quimera imposible», afirmó el presidente del Gobierno dispuesto a dialogar con la Generalitat pero «desde el respeto a la ley».

Feijoo sobre los arrestos: «A ninguén lle debe sorprender que se aplique a lei»

Juan Capeáns

PP y PSdeG respaldan la operación en Cataluña, criticada por el BNG y En Marea

La escalada de tensión a medida que se acerca el 1-O ha terminado por fracturar también la política gallega por una veta que era predecible y que, a diferencia de Cataluña, refleja un fuerte desequilibrio entre los partidos que defienden la actuación del Gobierno de Rajoy y los que ya se han entregado de forma abierta a las tesis secesionistas, bien sea levantando la bandera de la desobediencia o canalizando sus deseos de reclamar la soberanía.

Los líderes gallegos se posicionaron de forma inequívoca: PP y PSdeG (suman 55 parlamentarios de 75) respaldaron la acción del Estado, mientras En Marea y BNG (veinte diputados) trataron de evidenciar su desacuerdo con fuertes ataques al bloque constitucionalista. Su indignación y sus calificativos contrastaron con la preocupación serena que mostraron el presidente de la Xunta y el portavoz parlamentario del PSdeG. Alberto Núñez Feijoo, a muy pocos metros de la facultad de Derecho en la que estudió en Santiago, proclamó que «a ninguén lle debe sorprender que nun estado de dereito se aplique a lei», y advirtió que incumplirla «ten consecuencias». El jefe del Ejecutivo gallego participaba en la apertura del Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, en la que también estuvo presente Xoaquín Fernández Leiceaga, que reiteró su respaldo al Gobierno central «en defensa da legalidade e a orde institucional», aunque también sugirió que «non se vaia máis aló do preciso» a la hora de impedir la votación. «Con proporcionalidade» y sin «medidas demasiado duras», dijo antes de augurar la apertura de una nueva etapa de diálogo político una vez superado el 1 de octubre.

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