Feijoo sobre los arrestos: «A ninguén lle debe sorprender que se aplique a lei»

PP y PSdeG respaldan la operación en Cataluña, criticada por el BNG y En Marea

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Santiago / la voz

La escalada de tensión a medida que se acerca el 1-O ha terminado por fracturar también la política gallega por una veta que era predecible y que, a diferencia de Cataluña, refleja un fuerte desequilibrio entre los partidos que defienden la actuación del Gobierno de Rajoy y los que ya se han entregado de forma abierta a las tesis secesionistas, bien sea levantando la bandera de la desobediencia o canalizando sus deseos de reclamar la soberanía.

Los líderes gallegos se posicionaron de forma inequívoca: PP y PSdeG (suman 55 parlamentarios de 75) respaldaron la acción del Estado, mientras En Marea y BNG (veinte diputados) trataron de evidenciar su desacuerdo con fuertes ataques al bloque constitucionalista. Su indignación y sus calificativos contrastaron con la preocupación serena que mostraron el presidente de la Xunta y el portavoz parlamentario del PSdeG. Alberto Núñez Feijoo, a muy pocos metros de la facultad de Derecho en la que estudió en Santiago, proclamó que «a ninguén lle debe sorprender que nun estado de dereito se aplique a lei», y advirtió que incumplirla «ten consecuencias». El jefe del Ejecutivo gallego participaba en la apertura del Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, en la que también estuvo presente Xoaquín Fernández Leiceaga, que reiteró su respaldo al Gobierno central «en defensa da legalidade e a orde institucional», aunque también sugirió que «non se vaia máis aló do preciso» a la hora de impedir la votación. «Con proporcionalidade» y sin «medidas demasiado duras», dijo antes de augurar la apertura de una nueva etapa de diálogo político una vez superado el 1 de octubre.

Desde el otro lado, En Marea y BNG hicieron manifestaciones públicas allí donde hubo un micrófono o una cámara para denunciar los arrestos dictados por el juez. Bieito Lobeira, secretario de Organización del Bloque, habló de «actuación golpista e irresponsable» del Gobierno español; y Ana Pontón, la portavoz parlamentaria de viaje en Ginebra, calificó la decisión judicial de «aberración democrática».

En el seno de las mareas también hubo reacciones airadas. La vicepresidenta segunda del Parlamento, Eva Solla (Esquerda Unida) calificó a España de «Estado represor», mientras que su colega Antón Sánchez (Anova) reclamó la «desobediencia civil pacífica» y acusó al Ejecutivo de Rajoy de «violar» la Constitución. Esta coincidencia de argumentos quedó refrendada en una fotografía conjunta de diputados de ambas formaciones ante la Cámara gallega con carteles en los que se podía leer «Represión non».

Xulio Ferreiro: «Un fracaso»

Otro activo del entorno de las mareas, el alcalde coruñés Xulio Ferreiro, también mostró su preocupación por «por como está afectando isto aos dereitos civís e democráticos», y a su juicio, «máis alá das cousas que se fixeron ben ou mal, por un lado ou polo outro, os catorce detidos certifican o fracaso da vía política para solucionar os problemas políticos», informa Montse Carneiro.

Además de los partidos, también se conoció que una plataforma denominada Galiza con Catalunya, formada por veinte entidades, ha convocado para la víspera del 1-O una manifestación en Santiago a favor de la autodeterminación, y su representante, Olaia Chaves, ha animado a la ciudadanía gallega a participar.

Sobre estas iniciativas tendrá algo que decir el delegado del Gobierno, quien mantiene que las concentraciones que se convoquen «contra la legalidad» no serán autorizadas. Santiago Villanueva no descarta que en próximos días policías y guardias civiles asentados en Galicia tengan que prestar servicio en Cataluña para cumplir las resoluciones judiciales.

Iglesias insta a protestar en las calles porque «va a haber presos políticos»

Fran Balado
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Podemos despejó cualquier mínima duda que todavía podía ofrecer respecto a su posicionamiento en el conflicto catalán. Si desde el estallido de la crisis secesionista había jugado con más o menos éxito la baza de la ambigüedad, aunque siempre alejados de la alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos en defensa del orden constitucional, ayer llamó a movilizarse en las calles en protesta por las medidas del Gobierno y en contra de la operación policial que desmanteló el grupo que, en el seno de la Generalitat, organizaba el referendo ilegal del 1 de octubre. «Vamos a una situación en la que en España va a haber presos políticos», dijo Iglesias, quien agregó que «esto no se soluciona con represión». Además, Unidos Podemos abandonó la Comisión de Justicia del Congreso por «el grave ataque a las libertades en Cataluña».

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El Círculo de Empresarios pide que se haga cumplir «con firmeza» la ley

El Círculo de Empresarios de Galicia hizo pública ayer una declaración institucional sobre el referéndum en la que, tras mostrar su «preocupación, inquietud y solidaridad», justificadas por los estrechos lazos que ligan a Galicia con Cataluña, sostienen que «el Gobierno y los tribunales de Justicia deben hacer cumplir con firmeza la ley». Señalan asimismo que los promotores de la consulta saben que «no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional, ni en el Derecho Positivo, ni en el nacional o el internacional, como interesadamente se viene manteniendo». Asegura el Círculo que el comportamiento manifestado por los dirigentes independentistas, que genera incertidumbre en la población, «solo puede acarrerar frustración y dolor a los catalanes».

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