Ence a sus inversores: «Nuestra primera opción es Pontevedra hasta el 2073»

Marcos Gago Otero
Marcos Gago PONTEVEDRA / LA VOZ

ECONOMÍA

MONICA IRAGO

El consejero delegado de la pastera prioriza la continuidad de Lourizán

21 jul 2021 . Actualizado a las 09:02 h.

El consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, mantuvo un encuentro telemático con sus inversores este martes, ante quienes argumentó los pasos que la compañía dará para mantener activa la factoría de Pontevedra. Colmenares insistió: «Nuestra primera opción es defender nuestra concesión de Pontevedra hasta el 2073». Esta es la duración de la prórroga dada en el 2016 por el Gobierno de Rajoy y después no apoyada por el de Sánchez, que en el 2019 se allanó en los recursos contra ella que interpusieron el Concello de Pontevedra, la APDR y Greenpeace. Los asistentes a la reunión se interesaron por conocer las vías jurídicas que Ence tiene ante sí, una vez que la Audiencia Nacional anuló la prórroga de la concesión de Costas en Pontevedra.

Colmenares explicó que Ence presentará un recurso ante el Supremo contra el fallo de la Audiencia y que espera que en otoño el alto tribunal estatal acepte tramitarlo. Esto supondría que el fallo podría estar en un plazo no inferior a un año y, aún en el caso de que fuese contrario a los intereses de la compañía, entonces todavía quedará una instancia superior, que es la Justicia de la Unión Europea.

El cronograma que el consejero delegado de Ence detalló a los inversores, precisa que, en el peor de los casos, está prevista una gran inversión en Navia, donde Ence tiene su planta de celulosas, que absorbería parte de la producción que hoy se hace en Pontevedra. Sin embargo, para la compañía, la prioridad es continuar en Pontevedra, si el horizonte judicial sobre la prórroga de la concesión de Costas se despejase a su favor.

En caso de que las instancias judiciales superiores fallasen en contra de Pontevedra, los inversores se interesaron por las consecuencias económicas para la empresa. En este sentido, Colmenares recalcó que desde que se concedió la prórroga, la compañía ha realizado una inversión en Lourizán de 130 millones de euros y que, si la sentencia de la Audiencia Nacional fuese ratificada en el Supremo y Europa, la compañía demandará su devolución al Estado, ya que se trató de una inversión realizada «de buena fe» en base a una concesión estatal. «Si perdemos en este proceso judicial, reclamaremos al ministerio que reintegre la inversión realizada», precisó.

Además, la pastera tiene también hecho un cálculo del coste del hipotético cierre de Lourizán. El desmantelamiento, los despidos de la plantilla y la cancelación de los contratos con proveedores de largo plazo supondrían un total de 71 millones de euros.

Reubicación imposible

En la conferencia telemática, varios inversores se interesaron por la posibilidad de una reubicación de la fábrica en otra localización de Galicia, alternativa que Colmenares desechó como completamente inviable. Precisó que la construcción de una nueva fábrica como la existente en Pontevedra implicaría un coste de 700 millones de euros. En ese caso, una ampliación voluminosa de la factoría de Navia sería una vía mucho más viable porque sería mucho más barata.

Sin embargo, Colmenares recalcó que si la cuestión económica es un obstáculo, hallar unos terrenos adecuados en Galicia también lo es. «No hemos encontrado un solo lugar para mudarnos en Pontevedra, ni tampoco en Galicia», señaló.

Entre las preguntas de los inversores, surgió también la cuestión de una deslocalización de la fábrica fuera de Galicia, a lo que Colmenares se manifestó reacio. Se mostró dispuesto a estudiar el norte de Portugal, en caso de que hubiese terreno adecuado, pero no expresó mucho entusiasmo por esa posibilidad. El representante de Ence incidió, una y otra vez, que la «primera opción» sigue siendo Pontevedra y la defensa de la prórroga de la concesión otorgada en su momento por el Gobierno central. Y si esta opción sale derrotada en los tribunales, entonces, todo indica que la balanza se inclina a favor de una gran ampliación de la planta asturiana. «Nuestra primera opción es defender la concesión hasta el 2073 y si no, la expansión de Navia», concluyó.