Conde, sobre Ence: «Seremos proactivos, y pedimos al Gobierno que se implique»

Marcos Gago Otero
marcos gago PONTEVEDRA / LA VOZ

ECONOMÍA

PACO RODRÍGUEZ

Industria insta al Ejecutivo español a defender el empleo que genera la pastera

20 jul 2021 . Actualizado a las 20:45 h.

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, manifestó este martes su disposición a llegar a consensos con las partes implicadas en el conflicto creado tras la anulación de la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra. Entiende el responsable autonómico que el papel del Ejecutivo central, a quien responsabiliza de la situación creada en el sector forestal gallego y en Pontevedra, tiene que tomar cartas en la búsqueda de una solución, que no afecte ni a la actividad ni al empleo que el complejo fabril de Lourizán genera en Galicia. «Nosotros vamos a ser proactivos, queremos el diálogo con todas las partes, porque creemos que la forma de solucionar esto es con el diálogo. Entendemos que el Gobierno tiene que implicarse porque es la única forma de dar una solución a unos trabajadores que tienen una incertidumbre enorme sobre su futuro y dar confianza a todos los afectados», recalcó Conde.

Desde la Xunta, el conselleiro admite que la anulación de la prórroga de la concesión de Costas no se la esperaban. «Nosotros no teníamos contemplado ningún otro escenario que no fuese que Ence siguiera en Lourizán», recalcó. No obstante, una vez que esta continuidad ha quedado seriamente comprometida con la sentencia de la Audiencia Nacional, Conde indicó: «En el contexto actual, lógicamente, nosotros lo que estamos buscando es en la medida que se pueda mantener Lourizán bien, pero si no es así, la clave es que se garantice la actividad industrial y el empleo actuales».

El responsable de Industria admitió desconocer el contenido del segundo informe de la ingeniería Idom, esgrimido por Ence para asegurar que no existe reubicación posible en Galicia para una fábrica como la de Pontevedra. El conselleiro precisó que esa es la posición que ha defendido persistentemente la compañía, aunque matizó que tras la sentencia de la Audiencia Nacional, el «contexto» ha cambiado.

Acceso a los fondos europeos

En este sentido, recalcó que le corresponde también al Gobierno contribuir a zanjar la polémica, propiciando el acceso a fondos europeos para poder afrontar las dificultades derivadas de una reubicación «Nosotros, como comunidad autónoma, no tenemos ninguna disponibilidad de fondos europeos para acometer un proyecto de estas características». Por lo tanto, añadió Conde: «Entendemos que una vez que el Gobierno tenía la decisión tomada de cerrar la empresa, parece razonable que también hubiese planificado fondos europeos para acompañar cualquier alternativa a este escenario». El dirigente gallego subrayó que aunque la Xunta está dispuesta a colaborar en un «liderazgo conjunto», sin embargo, es Madrid quien decide la asignación de los fondos europeos, «al 100 %».

A la hora de definir una posible reubicación, Conde señaló que todo dependerá de dos cuestiones: la viabilidad técnica, sobre todo relacionada con el acceso al agua por parte de la factoría; y por el otro, la viabilidad económico financiera, razón por lo que insiste en la necesidad de respaldo del Ejecutivo de Sánchez.

Asimismo, la Xunta es rotunda en rechazar el cierre de Ence o su reubicación fuera de Galicia. «Nosotros no contemplamos ese escenario. Con los trabajos que tenemos de planificación desde el punto de vista forestal, entendemos que Galicia tiene capacidad para acoger dos plantas de estas características». Es decir, la Xunta, lejos de ver bien que se cerrase una factoría como la de Lourizán, considera que se podría incluso «promover un proyecto adicional». Además, «no tendría ningún sentido que en Galicia no transformáramos el recurso forestal y nos dedicáramos a exportar la madera en bruto. Lejos de renunciar a Ence lo que tenemos es que mantener la actividad que genera actualmente e intentar promover otra más».

Por último, Conde enfatizó que el allanamiento del Gobierno en la defensa de la prórroga que Madrid concedió en su día ha quebrado la confianza de los inversores en España y eso se tiene que subsanar.