Unas 900.000 personas afectadas por un ERTE aún no han cobrado

En más de 900.000 personas cifran los gestores administrativos el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que aún no han cobrado la prestación correspondiente. Tras la abultada cifra, que multiplica por tres la admitida la semana pasada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, late el drama de quienes se quedaron sin ingresos a causa del coronavirus y dos meses más tarde continúan esperando unas prestaciones que no llegan.

El mensaje oficial del Ejecutivo es que el colapso en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ya está resuelto, por lo que insta a quienes aún no han cobrado a contactar con el organismo, defendiendo que la causa será algún error u omisión en la información trasladada por la empresa. Ayer mismo, en el Congreso, la ministra Díaz negaba las acusaciones de la portavoz de JxCat, Laura Borrás, que aseguró que «la burocracia sigue amenazando a la Administración», que «la mayor parte de los afectados por ERTE no han cobrado todavía» y que el pago se retrasaba al 10 de junio «por falta de liquidez».

La ministra niega retrasos

La ministra lo rechazó, subrayando que «por primera vez en la historia» se ha adelantado el abono una semana -al 3 de abril y al 2 de mayo en lugar del 10 de cada mes vencido-, además de poner en valor el acuerdo alcanzado con las entidades financieras que permite tal adelanto.

Sin embargo, los resultados de una encuesta realizada los días 13 y 14 de este mes por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos -que tramitan los ajustes de empleo de las pequeñas y medianas empresas- arrojan unas cifras desalentadoras: que más de 900.000 trabajadores incluidos en ERTE no habían cobrado la prestación a mediados de mayo. «Tengamos en cuenta que muchos llevan desde marzo sin ingresar ni un solo euro», subrayó el presidente del Consejo, Fernando Santiago.

Por su parte, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en la Administración pública, explican los retrasos por el aumento exponencial del volumen de expedientes tramitados (en abril se gestionaron más de 3,3 millones de prestaciones individuales por desempleo, lo que supone un incremento medio del 530 % respecto a un año antes, casi siete veces más que entonces). Esta sobrecarga se agravó por «la situación de extrema debilidad» de la plantilla del SEPE, que solo se reforzó en un 10 %, 780 interinos de los 1.000 comprometidos por el Gobierno hace dos meses, sobre una plantilla de 6.601 personas encargadas de tramitar actualmente los expedientes, explican.

Críticas por la desinformación

«La desinformación generada por la propia ministra y otros miembros del Gobierno, los errores en la documentación que aportan las empresas, el colapso de la autoridad laboral respecto a la obligatoriedad en la constatación de la fuerza mayor en los ERTE y la necesidad de esperar por parte del SEPE a que se produzca el silencio administrativo para iniciar la tramitación de los expedientes que no pueden ser constatados por ese órgano, así como las modificaciones en la presentación de dichos procedimientos que realizan las empresas sobre la marcha, están lastrando la gestión de los expedientes de una manera especialmente relevante», critica el CSIF.

A los reproches se suman los gestores, que denuncian la «falta de claridad en cuanto a los datos oficiales reales de ERTE presentadas, trabajadores afectados, denegaciones, pago de subsidios y demás», algo que, según Santiago, «afecta por igual a casi todas las Administraciones».

1,5 millones, abocados al paro

El sondeo realizado, al que respondieron el 16 % de los gestores, arroja otra conclusión preocupante, la de que lo peor del impacto laboral está por llegar,. Estiman que en los próximos meses «se verán en el paro más de 1,5 millones de trabajadores por el cierre de más de 240.000 pymes, como consecuencia del coronavirus. «Y eso a pesar de que 135.000 de esas empresas se han acogido a un ERTE», añadió Santiago.