Los requisitos para poder pedir la moratoria de la hipoteca y el resto de la letra pequeña del decreto

G. Lemos / A. Balseiro / F. Fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Óscar J.Barroso - Europa Press

En las empresas con más de 50 trabajadores que apliquen un ERTE, la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social no será completa, sino del 75 %.

18 mar 2020 . Actualizado a las 22:48 h.

El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge ya el decreto de medidas aprobado este martes por el Consejo de Ministros para intentar contener el shock que la crisis del coronavirus provocará en la economía española. En su letra pequeña, el texto legal define y matiza los grandes anuncios realizados la víspera por el presidente del Gobierno. Estas son las claves:

Una moratoria de hipotecas muy condicionada

La posibilidad de aplazar temporalmente el pago del préstamo hipotecario no estará al alcance de todos los trabajadores afectados por esta crisis. El Gobierno lo limita a aquellos deudores en situación de «vulnerabilidad económica», una definición para la que impone requisitos muy tasados. A saber, solo podrán acogerse quienes caigan en desempleo o, en caso de empresarios y autónomos, «sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas». Además, se establecen límites de renta, de forma que solo podrán pedir el aplazamiento aquellas familias en las que los ingresos durante este período de alerta sanitaria no superen en tres veces el Iprem, lo que equivale a 1.613,4 euros al mes. Una cuantía que se incrementaría ligeramente por cada hijo o mayor a cargo y de forma más sensible si en el hogar viven discapacitados.

Además, se requerirá que la cuota de la hipoteca (más recibos básicos como la luz o el agua) supongan más del 35 % de los ingresos familiares, y que el esfuerzo que represente el pago del préstamo se haya incrementado en al menos un 30 %.

Será el hipotecado el que tenga que acreditar sus circunstancias ante la entidad financiera, presentando, además del certificado de desempleo y del libro de familia, una declaración responsable de que cumple los requisitos para beneficiarse de la moratoria. En caso de que falsee su situación, el decreto establece que «será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas de flexibilización, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta del deudor pudiera dar lugar».

La exención de cotizaciones no será total en las grandes empresas

Las empresas que apliquen un ERTE de fuerza mayor para intentar preservar el empleo se verán liberadas de pagar la cuota empresarial a la Seguridad Social por los trabajadores incluidos en el expediente. Pero esa exención solo será del 100 % para las pymes, aquellas compañías con menos de 50 trabajadores. A las que superen esta cifra, se les aplicará una rebaja del 75 % de la cotización, pero deberán seguir abonando el otro 25 %. 

Para los trabajadores afectados por estos ERTE, no habrá diferencia de trato. Todos cobrarán la prestación contributiva por desempleo y a todos se les considerará el período de desempleo como cotizado, a efectos de la vida laboral.

Compromiso de mantener el empleo seis meses

El presidente Sánchez apeló ayer a los empresarios para que eviten a toda costa los despidos y no se dificulte la recuperación económica una vez solventada la crisis sanitaria. Pero, como garantía adicional, el decreto recoge una cláusula que obliga a las compañías que se acojan a las medidas extraordinarias en el ámbito laboral a mantener el volumen de empleo que tienen actualmente al menos durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad. Aunque no detalla cuáles serán las consecuencias (reintegro de cotizaciones exoneradas, por ejemplo) a las que se enfrentan quienes incumplan esa salvaguarda de empleo.

Los autónomos con cuotas pendientes no cobrarán el paro

Uno de los grandes anuncios del Consejo de Ministros de este martes fue la aprobación de una prestación extraordinaria para los autónomos que se vean obligados a cerrar por causa de la suspensión de actividades comerciales o que, manteniéndose en activo, sufran una reducción sustancial de su cifra de negocio. Pues bien, el decreto concreta que, para los que sigan operando, deberá acreditarse una pérdida del 75 % respecto al promedio de la facturación del semestre anterior. Además, no podran percibir la prestación aquellos trabajadores por cuenta propia que no se encuentren al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Para los que no cumplan este requisito, se les dará un plazo improrrogable de 30 días naturales para que ingrese las cuotas debidas y, cuando regularice su situación, tendrá derecho a solicitar la prestación.