Luz, agua y gas garantizados para «como mínimo» 1,3 millones de consumidores
El Gobierno extiende la prohibición de cortar los suministros básicos a todos los beneficiarios del bono social eléctrico
La Voz
A lo largo del próximo mes, el Gobierno prohíbe a las empresas de luz, agua y gas que les corten el suministro por impago a las familias más vulnerables o en riesgo de exclusión social. Son aquellas que ingresen al año un máximo de 11.500 euros (1,5 veces el IPREM en catorce pagas) si no tienen hijos; 15.380 si tienen uno; y 19.200 si son dos. Esos son los topes de renta, y de ahí para abajo. Así son los baremos que se aplicaban ya para disfrutar de los descuentos en la factura de la luz (del 25 % como mínimo) a través del bono social. Y son los que ha vuelto a utilizar el Gobierno para ampliar la protección a los servicios de gas y agua.
Los cortes de suministro ya estaban vetados hasta ahora a una parte de los beneficiarios del bono social: aquellos en riesgo de exclusión social y que estaban siendo atendidos por los servicios sociales. A partir de este miércoles, y durante el próximo mes, ese blindaje del suministro se extiende a todos los consumidores con bono social, casi 1,3 millones de hogares, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellos, el colectivo de pensionistas con prestaciones mínimas, que supone aproximadamente el 13 % del total de beneficiarios, detalló el departamento dirigido por Teresa Ribera.
Las familias numerosas tienen derecho también a disfrutar del bono social eléctrico cobren lo que cobren y, por tanto, también quedan blindadas frente a los cortes de suministro.
Luz gratis para tres mil familias gallegas que no tienen ni para pagarla
Al margen de los ingresos familiares, tampoco se podía ya (y así va a continuar) dejar a oscuras a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33 % o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales.
Pero que los consumidores más vulnerables y familias numerosas estén blindados ante los cortes de luz, agua y gas por impago de facturas no quiere decir que no tengan que afrontar la obligación, aunque se paraliza el procedimiento que desembocaría en la interrupción del suministro (se produce a los cuatro meses del impago).
Algunas compañías, como Endesa, se adelantaron a las medidas del Ejecutivo y han paralizado la ejecución de los expedientes de cortes a todos sus clientes. Naturgy e Iberdrola permiten aplazar los pagos de facturas.
Otra medida del Gobierno para blindar ahora la protección de los consumidores es prorrogar automáticamente hasta el 15 de septiembre los beneficios del bono social si este vencía de aquí a allá. También se suspende la revisión de precios de la bombona de butano (se mantiene en 13,37 euros), del gas canalizado, y de la tarifa de último recurso de gas para evitar alzas.
El nuevo bono social de la luz deja sin descuento a un millón de beneficiarios
f. fernández
La aplicación por primera vez de criterios de renta provoca una escabechina
Un millón de beneficiarios menos. Ese es el resultado de la entrada en vigor del nuevo modelo de bono social eléctrico, que desde diciembre del 2018 solo se concede atendiendo a criterios económicos. Es decir, el descuento en la factura de la luz se otorga a los consumidores que menos dinero ingresan, salvo las familias numerosas, que tienen derecho a la rebaja sí o sí, aunque tienen que solicitarla. Consulte aquí todos los detalles y requisitos del nuevo bono social
Según datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -los más recientes se corresponden precisamente con ese último mes del año pasado-, los dos millones de beneficiarios acogidos al mecanismo de ayuda a los consumidores de electricidad de media durante el 2018, han quedado reducidos a la mitad. La nueva vara de medir ha provocado una escabechina. Hasta la implantación de los criterios económicos, el bono social se concedía a determinados colectivos a los que se les suponía pasaban más apuros de dinero: parados de larga duración, jubilados y clientes con potencia contratada de 3 kilovatios, que permiten un consumo eléctrico muy limitado. Todos ellos no han quedado directamente excluidos del nuevo mecanismo, pero para mantenerlo sí tuvieron que demostrar un tope de ingresos.
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