El coste del despido en España es el más alto de la Unión Europea

El gasto en protección social ha caído en los últimos seis años, hasta el 23,4 % del PIB


Redacción / La Voz

Indemnización media de 15,2 semanas de salario y preaviso de despido. Ese es el coste total que asume un empresario cuando decide poner fin al contrato de un empleado en España.

Las cuentas varían en función de su antigüedad. Si el trabajador acumula cinco años en la compañía, la factura se fija en las 14,3 semanas. Para los veteranos que atesoran más de diez años a sus espaldas, la cuenta final se dispara a las 28,6 semanas.

No hay un caso igual en toda la Unión Europea, según las estadísticas actualizadas de la OCDE. Ni siquiera en la garantista Francia, el país con el índice más bajo de flexibilidad laboral. En los dos ejemplos anteriores, los empleados galos perciben indemnizaciones equivalentes a 5,4 y 10,8 semanas, respectivamente. 

Recorte de prestaciones

Un desfase difícil de explicar si no fuera por las paupérrimas cifras de gasto público que registra España en términos de protección social. Los sucesivos Gobiernos han optado por mantener altos los costes de despido para contener el desempleo y no tener que costear subsidios con cargo al erario. El gasto público en protección social ha caído en los últimos seis años de forma ininterrumpida, hasta el 23,4 % del PIB. El esfuerzo está por debajo de la media europea (27,9 %) y se sitúa lejos de las cuatro grandes potencias del euro: Alemania (29,7), Francia (34,1), Italia (29,1) y el Reino Unido (26,3). El sindicato Comisiones Obreras calcula que el gasto en prestaciones por desempleo se ha desplomado hasta casi la mitad (un 46 %) entre el 2010 y el 2018. En euros, un recorte desde los 32.238 a los 17.469 millones. 

Sin indemnización

En el extremo opuesto se encuentra Dinamarca. El país nórdico es el líder de la flexibilidad laboral. Allí el coste del despido es cero. No importa los años que un empleado lleve en la empresa. Llega y se va con una mano delante y otra detrás. Ni siquiera existe la obligación de notificar la extinción del contrato con preaviso. Es posible adquirir ciertos derechos si se negocian por convenio colectivo o bajo la ley salarial danesa. En ese caso, la prestación recibida podría variar de una a seis semanas de sueldo en función de la edad del empleado, su antigüedad o las condiciones laborales. ¿Cuál es su secreto? Un sistema de búsqueda de empleo eficaz y una extensa red de protección social. La flexibilidad del mercado laboral ha venido acompañada de un sistema de garantías públicas envidiable para otros vecinos europeos. Según Eurostat, el Gobierno invierte el 32,2 % del PIB en protección social, una cifra que solo supera Francia, con un 34,1 %. 

El patrón se repite con otros países que mantienen el coste del despido en cero, a excepción de Chipre, Malta y Rumanía (los tres países se sitúan a la cola de la UE en protección). Finlandia no establece la obligatoriedad de indemnizar al trabajador (eroraha), pero dispone de un buen colchón de ayudas públicas para evitar que quienes salen del circuito laboral se vean desamparados (invierten el 30,6 % del PIB en protección social). Suecia tampoco exige al empresario abonar pago alguno cuando se rescinde el contrato de un trabajador, aunque es habitual que las dos partes lleguen a un acuerdo de compensación que suele oscilar entre 6 y 15 semanas de salario. Austria y Bélgica no contemplan el pago de una indemnización, pero establecen plazos exigentes de preaviso que deben estar cubiertos y remunerados. Los más estrictos son los belgas, quienes imponen la obligación de notificar al trabajador el fin de su relación laboral con 8 semanas de antelación si lleva un año en la empresa, 18 si lleva al menos cinco y 33 semanas remuneradas si acumula diez años en la empresa.

Son los alemanes quienes más se acercan a los costes de despido españoles. Los empleados teutones tienen derecho a indemnizaciones de 10,8 semanas si alcanzan los cinco años de antigüedad y hasta 21,7 a partir de los diez. Su índice de flexibilidad laboral es ligeramente superior al español, eso sí, pero el país es generoso en términos de protección social. Invierte hasta el 29,7 % de su PIB en esta partida. Una cifra que podría aumentar en los próximos años si Berlín responde a las llamadas insistentes de la Comisión Europea a abrir más la mano con el gasto público en infraestructuras y la cobertura social para reinserción laboral y desempleados.

Despido más barato

Las comparaciones son odiosas, pero si los españoles pasamos la lupa a nuestro pasado más reciente, las estadísticas son de vértigo. Se podría decir que la reforma laboral emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el 2012 ha roto todos los registros en torno al abaratamiento del despido. Un año antes, en el 2011, el gasto total en indemnizaciones equivalía a unos 44,2 euros mensuales por cada empleado en activo. Hoy ese coste apenas alcanza los 16 euros. La tendencia descendente en el gasto social y la facilidad de despido para flexibilizar el mercado laboral han sido una constante en esta década. Las condiciones laborales se han precarizado, pero también se ha incentivado la contratación al reducir la carga que el empresario tendría que asumir en caso de necesitar ajustar la plantilla.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) apuntan que la posición tractora de España se debe al enorme peso que tiene la antigüedad en el cómputo de la indemnización por despido: «Aquellos trabajadores con mayor antigüedad tendrán, por el mero transcurso del tiempo, mayor salario diario sobre el que aplicar el régimen indemnizatorio», explican. En España, la compensación por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado. Cuanto mayor sea el tiempo de servicio en la empresa, mayor será la base para hacer los cálculos.

La patronal desempolva su propuesta de despido libre con 20 días de sueldo

ana balseiro

UGT acusa a la CEOE de pretender una «nueva vuelta de tuerca» en la reforma laboral

La patronal ha sacado de nuevo del cajón su vieja reivindicación del despido libre. Lo hizo en un documento remitido al Gobierno el pasado 15 de febrero con propuestas para incluir en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo preparaba entonces para enviar a Bruselas antes del 30 de abril. En él, según recoge Expansión, la CEOE defendía la implantación de un contrato único, de duración indefinida, pero con flexibilidad completa para su rescisión, que en la práctica dependería exclusivamente de la decisión del empresario, que solo debería avisar con antelación al trabajador y abonarle una indemnización de 20 días por año trabajado, hasta un importe máximo de una anualidad de salario.

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