Xunta y Estado dicen que carecen de un control en la devolución de importes
05 nov 2021 . Actualizado a las 23:12 h.Una sentencia de Tribunal Constitucional del pasado mes de julio declara la inconstitucionalidad de diversos apartados del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que estableció el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Eso ha hecho que tanto juzgados como ayuntamientos echen por tierra las multas que se impusieron a muchos ciudadanos por saltarse las restricciones. En el área coruñesa, la mayoría de los concellos impusieron multas a aquellos que no acataron el estado de alarma y, ahora, se ven en la encrucijada de tener que devolver el dinero de las multas impuestas. En todo caso, explican que la pelota está en el tejado del Gobierno estatal y en la Xunta, ya que la mayoría delegó los trámites en la Subdelegación del Gobierno y en la Administración autonómica. Desde San Caetano reconocen que el asunto es «complexo» y no aclaran la situación de los sancionados, cuántos han reclamado, cuántas multas devolvieron y qué deben hacer los concellos.
En el Ayuntamiento de A Coruña se tramitaron un total de 7.138 sanciones administrativas relacionadas con incumplimientos de la normativa covid-19. La mayoría de ellas se impusieron a personas que no llevaban la mascarilla obligatoria. Del número total, 5.420 se tramitaron entre los meses de marzo del 2020, cuando comenzó el estado de alarma, hasta marzo del 2021, coincidiendo con el período en el que aplicaron las medidas de restricción más duras. Desde el gobierno local aclararon que otras 1.718 se impusieron entre el pasado mes de marzo hasta día de hoy. «Aunque la mayoría corresponden a infracciones por no usar las mascarillas, en esos datos también se incluyen los incumplimientos de horarios, los de aforo en locales, distancias de seguridad...».
Orden de no sancionar
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, confirmó que, desde el inicio de la pandemia fueron reacios a imponer multas y realizar un trabajo que no era competencia de la Policía Local. «Nos mandaban escritos dicindo que había que multar á xente que se saltaba as medidas restritivas, pero xa considerabamos entón que a medida era inconstitucional, polo que non se chegaron a tramitar», explica el regidor. Explica que los agentes municipales «non tiñan que estar perseguindo a xente, vendo se tiñan a máscara posta ou se os locais estaban respectando as normas de aforos. Todas esas labores son competencia da Xunta e do Goberno Central», indica. «Así que, desde o principio, xa avisei de que non se sancionara a ninguén e que, nin de broma, se cobrara ningunha multa». Frente a su postura, recuerda que muchos alcaldes del área metropolitana se jactaban del número de sanciones impuestas, mientras en Oleiros optaron por «non facer un traballo que non era noso».
Desde el Concello de Arteixo explicaron que, desde marzo del 2020 hasta día de hoy se notificaron un total de 183 multas. Explican que el procedimiento que siguió el Ayuntamiento fue, tras la imposición de una multa, realizar un documento informando a la Xunta de esa sanción que, después, se encargaba de notificar al perjudicado. El infractor podía pagar durante el período voluntario en el Ayuntamiento, con la correspondiente reducción en el importe y la Administración local emitía una carta de pago, posibilitando la presentación de alegaciones. «Por ahora no ha habido reclamación de dinero o solicitud oficial de devoluciones de las multas. En todo caso, si pagas en período voluntario admites que rechazas realizar cualquier reclamación posterior», indicaron portavoces municipales. Aclararon también que en la primera fase del confinamiento, las multas se remitían a la Delegación del Gobierno y, en una segunda fase, cuando el estado de alarma lo gestionaban las comunidades autónomas, la Xunta dejó a los Ayuntamientos el trámite de las multas.
Por su parte, desde el gobierno local de Culleredo confirmaron que durante el período de confinamiento más duro se impusieron un total de 167 sanciones, mientras que desde que comenzaron a levantarse las restricciones se pusieron otras 270.
En el Concello de Cambre la Policía Local realizó un total de 535 propuestas de sanción motivadas por infracciones de las distintas normas estatales, autonómicas y locales por causa de la situación de emergencia sufrida por el covid-19. Esas denuncias se formularon entre el 14 de marzo del 2020 y e 23 de octubre del 2021. De ese total, las más numerosas se impusieron por no portar mascarilla (240), seguidas de las reuniones de no convivientes o no respetar el número máximo de personas reunidas ((134). También se impusieron 68 por incumplir el toque de queda o el cierre perimetral; 26 por consumo de alcohol en la vía pública sin medidas de seguridad, 22 por incumplimiento de medidas anticovid en locales de hostelería, y 16 por fumar sin distancia. Ese total se completa con 19 más a causa de otros motivos.
Los ayuntamientos se desentienden de la gestión de las reclamaciones
Desde el gobierno local de Betanzos confirmaron que desde el inicio del estado de alarma hasta día de hoy se tramitaron un total de 137 propuestas de denuncias por incumplir las restricciones. Y, en el Ayuntamiento de Sada, el número es muy similar, ya que se realizaron un total de 196 propuestas de sanción por incumplir las normas sanitarias y de seguridad impuestas por el coronavirus. Puntualizaron que el Concello no tramitó esas multas sino que la mayor parte las derivó a la Subdelegación del Gobierno y, el resto, a la Xunta.
Responsables del Concello de Carral indicaron que en este período de pandemia se han puesto un total de 26 multas. Cuatro de ellas ya están tramitadas y pagadas; una tiene alegaciones y el resto siguen en curso. En todo caso, estos mismos portavoces indicaron que hay un convenio con la Xunta para que la tramitación de estas multas las realicen directamente desde la institución autonómica.
Desde el Concello de Curtis indicaron que no se interpuso ninguna sanción con resolución final. «Algunhas nas que se iniciou a tramitación presentaron xustificación e, desta maneira, arquiváronse. E outras que case con seguridade ían ser sancionados xurdiu a inseguridade xurídica do trámite das mesmas e suspendéronse». En el Concello de Coirós indicaron que no conocen el número exacto de sanciones impuestas y que, en todo caso, delegaron la tramitación de las multas en la Xunta.
Aunque en los pequeños ayuntamientos las propuestas de sanción fueron menos, lo cierto es que contribuyeron a que A Coruña fuera la provincia que más expedientes de denuncia se tramitaran por parte de la Delegación del Gobierno durante el primer estado de alarma. Según los datos proporcionados, en A Coruña hubo 16.774 denuncias, de las que finalizaron en sanción 2.566.