La policía local de las siete ciudades pone más de 54 multas covid cada día

Un vecino de Ourense y otro de Pontevedra que cumplan escrupulosamente las normas dictadas para frenar el avance de la pandemia, desde el uso de la mascarilla al respeto al toque de queda, tienen las mismas posibilidades de ser sancionados por la policía local: ninguna. Ahora bien, si son de los que se toman las normas con ligereza y las cumplen cuando les viene bien, el ourensano tiene tres veces más posibilidades de que le multen que el pontevedrés. Eso es lo que se desprende de la cifra de denuncias acumuladas por las policías locales de las siete principales ciudades de Galicia durante el vigente estado de alarma.

Entre el 25 de octubre y el 14 de diciembre, los agentes de la policía local de las siete ciudades impusieron 2.671 multas, es decir, 54,5 al día. A este volumen habría que añadir las que impone la Policía Autonómica, a un ritmo de unas 17 al día, más las que corren a cargo de la Guardia Civil o la Policía Nacional. En ese sentido, solo relacionadas con la vulneración del cierre perimetral, han sido 645 las sanciones impuestas: 87 en la provincia de A Coruña, 200 en la de Lugo, 312 en Ourense y 46 en Pontevedra. Así,la actividad sancionadora diaria en Galicia estaría rondando la media del centenar de denuncias.

Con respecto a los datos de la policía local, la que tiene una mayor actividad a la hora de multar es la de Ourense, que impuso durante el vigente estado de alarma 495 sanciones hasta el día 14. Eso supone una multa cada 212 habitantes, mucho más que cualquier otra ciudad en Galicia. Le sigue en ese celo sancionador, la policía municipal de Santiago, con 273 multas y un ratio de una por cada 356 habitantes. Estas son las cifras sobre las que se mueven la mayor parte de las ciudades gallegas. Así, la policía local de Lugo suma 272 sanciones (una cada 361 habitantes); la de Ferrol 182 multas (una cada 363 vecinos) y A Coruña (641 sanciones, una cada 383 vecinos). A partir de aquí, la ratio desciende sustancialmente hasta llegar a Vigo, donde fueron impuestas por su policía local 695 multas, una cada 424 habitantes y, sobre todo, Pontevedra, donde solo se tramitaron en este período de tiempo 113 multas, lo que supone una por cada 734 vecinos.

Las diferencias son llamativas, pero cabe subrayar que los dos cuerpos de policía que han mostrado una mayor intensidad en su capacidad sancionadora, Ourense y Santiago, son también las que controlan dos de las ciudades más castigadas por el covid y donde, por lo tanto, mayores y más duras restricciones han debido soportar sus habitantes.

La mascarilla sale cara

En este segundo estado de alarma, el concepto que ha provocado un mayor número de multas ha sido el de no llevar la mascarilla o hacerlo de forma incorrecta. En el caso concreto de la policía local de A Coruña, supuso de 38 % de las sanciones, que suelen ser de cien euros. Otro tercio aproximadamente de las multas que impusieron los agentes coruñeses tuvo como origen la reunión de personas no convivientes. El resto de las intervenciones estuvieron repartidas entre la vulneración del toque de queda, la práctica del botellón o fumar sin distancia de seguridad.

La hostelería generó pocas multas. En A Coruña, la policía local solo denunció a un establecimiento por vulnerar los horarios de cierre, aunque sí impuso hasta 14 denuncias por el consumo no autorizado en la barra o en el interior de los locales.

Malestar policial por los recursos a las sanciones

Los principales sindicatos policiales de Galicia mostraron ayer su preocupación por el hecho de que varios juzgados estén aceptando los recursos a las multas impuestas durante el primer estado de alarma.Señalan que llevan mucho tiempo avisando que las actas de infracción no son las adecuadas y piden mayor compromiso por parte de la Administración y que les proporcionen instrumentos adecuados para su trabajo.

El convenio entre la Xunta y la Fegamp para ayudar a cobrar las sanciones agrupa ya a 118 concellos

Tras nueve meses de pandemia, diversos estados de alarma y muchas normas cambiantes, a veces desconcertantes, el saldo es una cantidad muy importante de sanciones cuyo cobro no está siendo fácil, especialmente por su complejo encaje legal. Y si las administraciones más vigorosas del Estado están teniendo problemas para defender el cobro de algunas de esas sanciones, más problemas tienen los concellos pequeños, ya que el segundo estado de alarma ha dejado en manos de los ayuntamientos la gestión y el cobro de buena parte de las multas impuestas en sus territorios, independientemente del cuerpo policial que las imponga.

Con el fin de aliviar la presión sobre los concellos, la Fegamp firmó a finales del mes pasado un convenio con la Xunta para que fuera el Gobierno autonómico quien asumiera la gestión y cobro de las multas en los concellos medianos y pequeños que así lo demandaran. Hasta la fecha, han sido 118 los que han optado por delegar en la Xunta esta competencia.

Ampliación del plazo

Aunque el plazo inicial establecido entre las dos partes para la adhesión de los ayuntamientos ya ha finalizado, la Xunta optó por ampliarlo hasta fin de año. Al parecer, un número significativo de entidades locales han pedido más tiempo para poder someter a sus corporaciones el acuerdo, que consideran debe ser ratificado por un pleno. De este modo, la Xunta considera que el número de ayuntamientos que finalmente dejarán en manos de la Xunta la gestión de las multas covid será notablemente mayor. Para la administración autonómica, la cantidad de concellos que participan de este convenio es un éxito: «É a mellor proba de que estamos respondendo ás necesidades dos concellos, especialmente dos pequenos e medianos, que son os que máis dificultades teñen porque dispoñen de menos recursos», según Natalia Prieto, directora xeral de Administración Local.

Tras los reveses judiciales que están recibiendo las multas impuestas durante la primera ola, las administraciones difunden el mensaje que las multas de este segundo estado de alarma tiene una base legal mucho más sólida y muy difícil de rebatir a través de recursos. Y la Xunta, que es quien sostiene las normas cuya vulneración se sanciona, no quiere que haya dudas sobre la eficacia de las sanciones: «Traballamos para garantir que as sancións cheguen aos que incumpren unhas restricións que se fixaron para protexernos a todos. Porque isto ten que quedar claro: van chegar todas as sancións desde as primeiras restricións, non vai quedar ningunha sen tramitar», afirma Prieto.