La Xunta y el Puerto dan vía libre al Ayuntamiento para comprar el 75 % de los muelles y ellos aportarán el 25 %, a falta de que se concrete la inversión de cada parte en la reurbanización
29 ago 2021 . Actualizado a las 11:08 h.El Ayuntamiento será el propietario principal de los muelles de Calvo Sotelo y Batería si se cumple lo acordado en la reunión que ayer mantuvieron el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada. Durante el encuentro, celebrado a instancias de Fernández Prado, Xunta y Puerto dieron vía libre al Ayuntamiento para que adquiera el 75 % de esos dos muelles. La Administración autonómica se haría cargo del 20 % y la Autoridad Portuaria del 5 % restante.
Los terrenos
Más de 20 millones. Los dos muelles, que suman 88.393 metros cuadrados, algo más de ocho plazas de María Pita, están valorados en más de 20 millones de euros. María Pita se obliga a un importante desembolso, más de 15 millones, pero el impacto se amortiguará porque podrá pagar en cuotas anuales quizá hasta el 2035 y dispone de amplio margen de endeudamiento.
De hecho, la propuesta de que el Ayuntamiento se hiciese cargo del 75 % de la propiedad partió del propio gobierno local. La puso sobre la mesa en julio, en respuesta a una oferta de la Xunta de aportar 20 millones de euros para comprar el 51 % de los muelles e impulsar su integración en la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, rechazó ese plan y acusó al Ejecutivo autonómico de aprovechar la dificultades económicas del Puerto para apropiarse de los terrenos. La Xunta, sin embargo, ha evitado la confrontación y ayer dio su visto bueno a la propuesta municipal.
La conselleira Ethel Vázquez insistió en la «vontade de axudar» del Ejecutivo autonómico. Vázquez recordó la implicación del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, a quien atribuyó el compromiso del Gobierno central con la construcción del enlace ferroviario al puerto exterior, que permitirá la futura liberación del muelle de San Diego.
La urbanización
Queda pendiente. La conselleira puso el dedo en el principal fleco que queda abierto en el acuerdo entre las tres Administraciones: cómo se pagará la urbanización de los terrenos. Su planteamiento es que el desembolso debe ser proporcional al porcentaje de titularidad de los terrenos. De esa forma, el Ayuntamiento pagaría el 75 % de las obras, la Xunta el 20 % y el Puerto, el 5 % restante.
Según las estimaciones iniciales del gobierno local, esos trabajos costarán cerca de 6,5 millones de euros, por lo que el Ayuntamiento tendría que abonar más de 4,7 millones. Al contrario que el de la compra de los terrenos, ese desembolso tendría que hacerse a corto plazo y en pocas anualidades, lo que añadiría más estrés a las arcas municipales.
El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, planteó que es posible que no haya una relación directa entre el porcentaje de titularidad y la aportación a la urbanización, por lo que pidió a la Xunta que mantenga el «esforzo inversor» que había comprometido para la fachada marítima, recordando que «hai que distinguir entre os compromisos máis a longo prazo que o Concello pode asumir en termos económico-financeiros daqueles a curto prazo, nos que hai que ter en conta os orzamentos dispoñibles».
El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández, señaló después que esa proporcionalidad entre propiedad e inversión en obras está indicada en la ley, pero planteó que ante la petición del Ayuntamiento se podrían ajustar los porcentajes de participación en las obras.
La posible solución
Ayuda europea. Pese a todo, los tres responsables coincidieron en que el coste de urbanización no debe obstaculizar el acuerdo definitivo, sobre el que se avanzará en una próxima reunión y después en una comisión técnica con todas las Administraciones.
Vázquez señaló que no debe ser un obstáculo insalvable porque es «lóxico» pensar que si el Ayuntamiento planteó comprar el 75 % de los terrenos es porque tiene capacidad para pagar la obra y el mantenimiento.
La conselleira planteó además otra vía de salida: financiar la reurbanización con ayudas europeas, ya que en los próximas semanas se abrirán varias convocatorias de ayudas, en materia de movilidad o transformación urbana, en las que podría encajar ese proyecto.
También Fernández Prado explicó que la salida pueden ser los Next Generation, y planteó que es necesario tener un proyecto detallado cuanto antes con el objetivo de presentarlo en plazo. Desde su punto de vista es «facilísimo» que se consigan fondos para la intervención, tanto en los Next Generation como en las ayudas del período 2021-2027, ya que el proyecto encaja en varias convocatorias.
El frente político
El presupuesto. El otro fleco es la necesidad de que el gobierno local logre apoyos en el pleno para destinar fondos a la compra de los terrenos en los próximos presupuestos. Vázquez hizo una referencia a esa cuestión cuando señaló que la Xunta necesita «garantías» de que el Ayuntamiento va a atender el compromiso alcanzado. Por su parte, Villoslada afirmó que el gobierno local aún debe negociar la cuestión presupuestaria con los demás grupos políticos.
Todo ello sin descartar que el acuerdo se amplíe a otras Administraciones. Fue Fernández Prado quien dejó abierta esa puerta, y añadió que los porcentajes de compra podrían modificarse para darles entrada. La candidata más probable es la Diputación, pero por ahora lo ha rechazado.
El gobierno local deberá buscar apoyos para hacer buena su palabra
El tono sentimental e identitario que ha dominado el debate político sobre el futuro de los muelles de A Coruña explica que la mayoría de la corporación considerase casi deshonesta la oferta de la Xunta de comprar el 51 % de Batería y Calvo Sotelo. Durante años se ha difundido el discurso de que solo el Ayuntamiento es ciudad, como si el resto de las Administraciones no tuviesen un papel que hacer y el paseo del Parrote, la Marina, el dique de abrigo, las Ánimas, la Avenida do Porto o gran parte de Linares Rivas, entre otras, no fuesen terrenos del Puerto por los que cada día pasean miles de ciudadanos.
De una forma u otra, el gobierno local rechazó la iniciativa de la Xunta y reclamó prioridad para comprar el 75 % de los dos muelles. El Ejecutivo gallego le cedió ayer el paso —sería el primer caso de una Administración que pelea por invertir un dinero que no desea el supuesto beneficiario— y ahora gobierno local debe hacer buena su palabra.
Sin mayoría absoluta, los socialistas necesitarán apoyos en el pleno para incluir fondos en el presupuesto. Pero como ha ocurrido en los principales asuntos urbanísticos desarrollados este mandato, sus socios de investidura no comparten su postura.
El BNG, cuyos dos votos por otra parte no bastarían, reiteró ayer su «firme oposición» a que se comprometan fondos municipales en la adquisición de «terreos gañados ao mar», que a su juicio deben revertir en la ciudad. La solución de la deuda de Langosteira, más que en la compraventa de los muelles, subrayaron, pasa por la condonación total de esos créditos, una alternativa que el Gobierno central rechaza por completo.
Los votos de la Marea sí son decisivos y son el principal interlocutor en la negociación presupuestaria que el PSOE abrió en verano. La formación, que cuando gobernaba llegó a ofrecer 1,4 millones para comprar La Solana, también se opone a la operación. No quieren «enterrar millóns de euros en mercar uns terreos que xa son públicos», y llevarán una moción al pleno contraria al acuerdo. Su plan también pasa por la condonación de la deuda.
La postura de ambas formaciones es compartida por la asociación de vecinos de Oza y otras.
Sin apoyos de investidura, el PSOE dependería del PP. No parece probable que los populares pongan trabas un a acuerdo con el Gobierno que presiden en la Xunta, pero el ejecutivo local no ha contado con ellos ni en el puerto ni en el presupuesto.
La negociación con ellos podría desarrollarse en paralelo a la de las cuentas con la Marea, y luego traducirse en un cambio del presupuesto, pero es una operación con riesgos.