Los representantes de Martinsa-Fadesa intentarán reunir toda la documentación para presentar a lo largo de la mañana de hoy un tercer ERE que reducirá la plantilla actual de 493 trabajadores a 283 y que se cebará con los trabajadores originarios de Fadesa. La sede coruñesa -que sigue siendo el domicilio social- quedará prácticamente desmantelada en el caso de que el juez que lleva la suspensión de pagos acepte la regulación, que reduce el 60% de la plantilla actual de la promotora y más del 90% del personal en Galicia.
En el centro de trabajo situado en la avenida Alfonso Molina quedarán tan solo 31 empleados de prosperar este despido colectivo. Los planes de la promotora son deshacerse de 19 personas de una serie de departamentos que se agrupan bajo la denominación de «delegación» y que se encargaban de gestiones comerciales en Galicia. Un trabajo en el que solo continuarán 12 empleados.
Del resto de los departamentos, como recursos humanos o las direcciones técnicas, salen 47 personas y se quedan 19. Hay algunas secciones, como contabilidad o delineación, que ya están prácticamente clausuradas. En un principio, la empresa tenía previsto entregar el ERE ayer en el Juzgado Mercantil número 1, pero finalmente han optado por retrasarlo hasta hoy. En cualquier caso, aseguran que el listado final de los despedidos no se conoce por ahora, aunque reconocen que serán mayoría los empleados que proceden de Fadesa, porque, de hecho, ya conforman la mayor parte del personal.
Tanto los portavoces de la plantilla como los sindicatos criticaron duramente esta nueva regulación, que denuncian que incumple lo pactado en agosto. El representante de la CIG Paulo Carril apunta que la compañía intenta cambiar de actividad y aprovecha que está en suspensión de pagos para reducir el número de trabajadores sin justificación alguna.
CC.?OO. rechaza «categóricamente el intento de imposición, diríamos más bien ultimátum, al que la administración concursal y la empresa han intentado abocarnos». El magistrado Pablo González Carreró-Fojón, que lleva el concurso de acreedores, tiene ahora cinco días para aceptar la regulación en la que se personará la autoridad laboral. En la última reunión mantenida en Madrid la empresa advirtió a los trabajadores que la indemnización máxima era de 36 días por año trabajado, las mismas condiciones pactadas para el primer ERE y el segundo, de carácter voluntario, y al que se anotaron 80 trabajadores en toda España y 38 de A Coruña.