España planta cara a la Comisión, que pretende recortar la cuota de anchoa
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Planas cree «abiertamente ilegal» la propuesta de vetar los intercambios
24 sep 2024 . Actualizado a las 04:45 h.Cuando el Ejecutivo comunitario empezaba a dar señales de que entendía que la sostenibilidad se sostiene sobre tres patas —biológica, social y económica—, resulta que se descuelga con una propuesta de recortar drásticamente el total admisible de capturas (TAC) para el bocarte de la zona 9a, que va desde Fisterra hasta el golfo de Cádiz. Una iniciativa contra la que se ha revuelto España, y que ha llevado al ministro español del ramo, Luis Planas, a introducir un punto en el orden del día para exponer el «absoluto rechazo» a la medida.
Se opone por varias razones. Primero, porque se trata de un recorte demasiado drástico, del 54 %, y con carácter retroactivo, pues de las 5.000 toneladas se pasaría a 969. Además, se hace una división por zonas, cosa que no se ha hecho en otras pesquerías, pues ese cupo afectaría al golfo de Cádiz, dejando al margen la vertiente occidental del Atlántico y, por tanto, las aguas gallegas. Tampoco se ha parado a evaluar el impacto socioeconómico de un tijeretazo que, por lo pronto, dejaría amarrados a 75 cerqueros del golfo de Cádiz, en cálculos de Planas.
Por encima, se lanza cuando está a punto de conocer el último informe del Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, en inglés) sobre la situación de la población de anchoa. Por si lo anterior no fuera suficiente, incluye una prohibición de realizar intercambios de cuotas o swaps con otros países que, a juicio del ministro, es «claramente ilegal».
Por todo eso, Planas, ya antes de entrar al Consejo de Ministros, exigió a la Comisión que «revise la propuesta» y, si no lo hace, «que la retire». Lo dijo blandiendo la sentencia del 11 de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esa que bendijo la potestad de los ministros de fijar cuotas por encima de las recomendaciones científicas para evitar la paralización de la flota y las consecuencias socioeconómicas.
Planas fue tajante: «Espero que en el futuro la Comisión nos envíe en todos los temas dos informes, el del estado biológico de las poblaciones, pero también el informe socioeconómico. Me parece de una gran irresponsabilidad que los ministros tengamos que tomar decisiones sin saber cuál es exactamente ese impacto económico y social».
Y si la prohibición de los swaps es un «error desde el punto de vista jurídico», no parece muy adecuado —aunque sea perfectamente legal, porque no hay un período en funciones en la Comisión— que esta medida la tome un Ejecutivo comunitario en transición. Y «¿cómo puede tomar una decisión que amarra una flota de 75 buques de cerco en una Comisión que es políticamente una comisión en transición?», razonó Planas.
Propuesta «carente de sentido»
Planas con su vehemencia convenció a 13 países, que dejaron clara su disconformidad con la actitud del Ejecutivo. «No sé quién pilota esta propuesta, si la Comisión Von der Leyen 1 o la Comisión Von der Leyen 2, pero no he visto antes propuesta tan carente de sentido», subrayó el ministro español.
España encontró aliados. Hasta 13. Portugal, por descontado, que ofreció su apoyo incondicional. También lo hicieron Italia, Francia, Croacia, Chipre, Malta... Todos comparten la necesidad de que hay que medir el impacto socioeconómico de las decisiones. Pero también los del norte: Lituania, harta de «fluctuaciones injustificadas» o Bélgica, que aplaudió la pasión de Planas, e incluso Dinamarca, por más que subrayó también la importancia de respetar el consejo científico. Ahora bien, equilibrándolo con la dimensión económica y social.