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El Supremo archiva la causa contra Vidal Armadores por pesca pirata en la Antártida

e. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

CARMELA QUEIJEIRO

Dictamina falta de jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar un delito que no lo es en aguas internacionales

29 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Despliegue espectacular de agentes, horas de registros en distintas oficinas de la empresa pesquera en Ribeira, Boiro y A Coruña, miles de documentos requisados y analizados, detenciones, fianzas, multas millonarias... Los operativos que el Ministerio de Agricultura, con su operación Sparrow, y la Guardia Civil y la Interpol, con la Yuyus, han terminado en fiasco después de que el Tribunal Supremo decretase el «sobreseimiento libre por falta de jurisdicción de los tribunales españoles» de la causa por la que se acusaba de delito medioambiental, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización ilícita a varios directivos de la empresa Vidal Armadores, con sede en Ribeira, vinculada a tres barcos sorprendidos pescando sin licencia merluza negra en aguas de la Antártida.

El Supremo aceptó las tesis de la defensa de Manuel Antonio Vidal Pego, su hermano Ángel y su cuñado Joaquín Pérez, que se aferró al principio de personalidad para sostener que España no es competente para juzgar el caso, dado que, para eso, sería preciso que los ilícitos penales que se le imputan a los armadores lo fuesen también allí donde se cometen. Esa doble incriminación es condición imprescindible para que el delito cometido por un español fuera de España pueda ser investigado y enjuiciado por los tribunales nacionales. «De forma bien plástica podría decirse que el ciudadano español que viaja más allá de nuestras fronteras, no lleva en su mochila un código penal con vocación de reprimir hechos cometidos allí donde tales conductas no han sido penalmente desvaloradas por el legislador del país de destino», razona el alto tribunal para enmendar a la Audiencia Nacional, que sí había apreciado esa doble incriminación.

Abordaje

Los hechos juzgados se remontan a enero del 2015, cuando una patrullera de Nueva Zelanda abordó el pesquero Songhua, con bandera de Guinea Ecuatorial, cuando pescaba en aguas de la Antártida. Días más tarde, fueron interceptados otros dos pesqueros guineanos vinculados a la empresa ribeirense, el Yongding y el Kunlun faenando en la misma zona. Según la acusación, los tres buques extraían merluza negra con artes de enmalle en aguas de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR) y los Vidal tenían montado un entramado societario en España con empresas pantalla en otros países para blanquear los beneficios económicos.