Así arman los países europeos sus estrategias para rebajar los fitosanitarios

La utilización de herbicidas está cada vez más controlada en la UE. Francia acaba de prohibir usarlos en el entorno de las viviendas. En Galicia, por ejemplo, las multas por no tener carné para aplicarlos puede suponer una multa de hasta 3.000 euros.


redacción

Cada día se aplican en el mundo más de 10 millones de kilos de productos fitosanitarios, una cantidad que en países como China, Estados Unidos o Brasil deriva en una aplicación media superior a los dos kilos por hectárea y año, según los datos que maneja Faostat, el organismo estadístico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

España, por su parte, pasa por ser el país de Europa donde se registró una mayor venta de agroquímicos en el período 2011-2015, por delante de Francia, Italia y Alemania, tal y como recoge Eurostat. Sólo en el 2017, último dato publicado por el Ministerio de Agricultura, se comercializaron en nuestro país algo más de 72 millones de kilos, cantidad que en términos económicos se traducen en unos ingresos para la industria agroquímica superior a los 1.200 millones de euros.

Aunque el uso de fitosanitarios no ha dejado de crecer durante la última década, vinculado al aumento también de la productividad de las tierras agrarias, algo se está moviendo en Europa para limitar, e incluso prohibir, el uso de determinadas sustancias que se creen nocivas no solo para los humanos sino para el propio entorno. El caso del glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, es el que ha alcanzado una mayor repercusión mediática fruto de la fuerte oposición que, desde determinados sectores muestran a su uso. Buena prueba de ello son las enormes diferencias surgidas en el seno de la Unión Europa para ampliar hasta el 2022 su licencia de uso en el continente.

Ante este horizonte son ya muchos los países que quieren adelantarse a su prohibición o a regular convenientemente el empleo de todo tipo de fitosanitarios, por ejemplo cerca de núcleos de población.

Francia

Distancias mínimas a las viviendas. Los agricultores galos deberán, a partir del próximo año, respetar una franja mínima de seguridad a las viviendas cuando apliquen productos fitosanitarios sobre sus cultivos. Será de 10 metros para la pulverización de árboles y otras plantas de altura y de cinco metros para el resto de cultivos. Aunque las distancias son sensiblemente inferiores a la que solicitaban grupos ecológistas y otros colectivos sociales, la nueva legislación abre la puerta a que puedan ampliarse en el futuro y que incluso en determinados departamentos se establezcan normas diferentes en función de los acuerdos entre los agricultores, vecinos y representantes públicos.

Alemania

Prohibición en espacios públicos. Aunque su abstención enel  2017 propició que la licencia del glifosato se renovara en el Europa hasta el 2022, Alemania es ahora totalmente contraria a su uso. De hecho, el país no solo ha aprobado una normativa que prohíbe su empleo a partir del 31 de diciembre del 2023 sino que ya tiene en marcha un programa que limita su aplicación en espacios públicos, jardines privados y en parcelas agrícolas cuando se realice inmediatamente antes de las cosechas. Del mismo modo, los agricultores que utilicen el glifosato en sus parcelas deberán establecer un área de protección entre estas y el medio que las rodea con el fin de ayudar a proteger la fauna y la flora. Distintas agrupaciones científicas germanas culpan a este herbicida de la drástica caída de la población de insectos, principalmente abejas.

Austria

Primer país en prohibir el glifosato. Aunque esta decisión unilateral podría violar la legislación comunitaria en la material, Austria es el primer país europeo que, oficialmente, ha prohibido el glifosato en su territorio. Así, al menos, lo aprobó su parlamento el pasado mes de julio a la espera de que sea finalmente refrendado por el resto de instituciones del estado. Con el 23 % del total, Austria es el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de tierras dedicadas a la producción ecológica, muy encima de la media comunitaria que se sitúa en el 7 %.

Galicia

Control total desde el punto de venta. Aunque ha ido recibiendo distintas modificaciones en los últimos años, la actual normativa estatal sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios data del 2012. En ella se recogen las obligaciones que deben cumplir los profesionales del campo para realizar un uso razonable de estos productos desde el mismo punto de venta hasta que el envase vacío llega a un centro especializado para su procedente tratamiento. 

Obligatorio para comprar.  Desde noviembre del 2015 resulta obligatorio disponer del carné profesional (tiene una validez de 10 años) para adquirir productos fitosanitarios. Las tiendas deben anotar el DNI del comprador -no cumplir esto puede dar lugar a sanciones que van de 300 a 3000 euros- y este conservar el recibo que le puede ser demandado en el momento de una posible inspección. Resulta entonces poco aconsejable adquirir para otros o que alguien consiga el producto indirectamente pues se vigilarán los movimientos de compra excesivos.

Distintos tipos de carné. La mayoría de agricultores deberán poseer el carné básico profesional que se consigue con un curso de 25 horas. Hay, sin embargo, excepciones que vienen dadas por la existencia de empleados. Aquellos titulares de granjas con personal a su cargo, siempre y cuando estos realicen trabajos de fertilización, deben disponer del carné cualificado, el mismo que tendrán que tener quienes se dediquen a la distribución y venta de fitosanitarios. Para su obtención se requiere de un período de formación de 60 horas.

Cuaderno de aplicaciones. Las obligaciones de los profesionales no terminan una vez aplican el producto en sus fincas. Los agricultores deben llevar un cuaderno de explotación en el que deberá figurar todo lo relativo a su actividad fitosanitaria. Desde la fecha de aplicación de un producto hasta la cantidad empleada y dónde. No disponer de este cuaderno puede dar lugar a sanciones e importantes descuentos en las ayudas de la PAC.

Envases vacíos. Los envases de fitosanitarios se consideran tóxicos, incluso vacíos. No pueden destruirse de cualquier manera. Los agricultores están obligados a entregarlos en los puntos Sigfito, habitualmente son la mayoría de los locales que los venden, donde un gestor autorizado los recoge. Es necesario guardar el recibo de entrega durante, al menos, cinco años.

El control se completa con la revisión de las máquinas con las que se aplican. La ley prevé inspecciones para los aparatos de más de cien litros. Además tendrán que estar en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y pasar inspecciones periódicas cada 3 o 5 años.

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