La Audiencia Nacional anula la prórroga de la concesión de Costas para Ence en Pontevedra

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha anulado la prórroga de la concesión de Costas que le ha permitido a Ence seguir hasta ahora en Pontevedra. Los magistrados inciden en el fallo en que, con la Ley de Costas en la mano, solo se permite este tipo de prórrogas en dominio público marítimo-terrestre cuando «se trate de instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación». La ocupación de esos terrenos en el litoral público tiene que ser «imprescindible» y el tribunal cree que esa condición no se cumple en este caso. Concluye que «esa vinculación de la planta de celulosa con el dominio público marítimo-terrestre, en el sentido expuesto y a los efectos del artículo 32.1 de la Ley de Costas, no ha resultado acreditada». No solo se anula la prórroga, sino que, según fuentes jurídicas consultadas, se cierra también la vía de pedir otra más corta.

Es la respuesta que buscaban el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR). El fallo conocido ayer se refiere solo a los recursos de los primeros. Sobre el presentado por la tercera aún no se ha pronunciado. En la sentencia se destaca también que el allanamiento del Estado en el proceso en el 2019, con Sánchez ya en el Gobierno, «no infringe el ordenamiento jurídico y es conforme al mismo también en cuanto al fondo».

La compañía ya ha anunciado que recurrirá en casación ante el Supremo, por lo que fuentes jurídicas consultadas señalan que el resultado definitivo sobre este litigio podría tardar en llegar dos años. Ence no va a cerrar sus puertas mañana ni a corto plazo en Lourizán, pero su futuro está más complicado que nunca. La concesión original acabó en el 2018. La pastera pudo continuar en Lourizán gracias a una prórroga a su favor en el 2016, año en que Rajoy, en tiempo de descuento en la Moncloa, le dio el permiso para 60 años que ahora ha quedado anulado.

Evaluación de la prueba pericial

En sus consideraciones sobre la prueba pericial, la Audiencia admite que «el agua dulce, en un determinado volumen» es «un recurso necesario e imprescindible» para el proceso productivo de una fábrica como la de Ence Pontevedra. También es necesaria la «proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración tengan que ubicarse en el dominio público marítimo-terrestre, que es lo que existe el artículo 32.1 de la Ley de Costas».

La Audiencia afirma: «Por tanto, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua». Para avalar esta aseveración, los magistrados ponen como ejemplo las fábricas de celulosa BHK en España (Torraspapel, en Zaragoza, y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga) y la planta de Ence en Navia. Sobre esta última se matiza que, según los peritos, «es equiparable con la de Pontevedra» y «se sitúa próxima, pero fuera del demanio costero, como se ha acreditado». Se añade: «Resulta significativo al respecto que Ence no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero».

Además, el tribunal añade que las únicas excepciones aceptadas son «las derivadas de razones de interés público, debidamente justificadas, que en el caso de autos [...] la orden impugnada no ha esgrimido ni justificado». «Por lo tanto, se ve procedente denegar la prórroga de la concesión otorgada, lo que nos exime de entrar en el examen de la duración de la prórroga de la citada concesión», concluye.

Un fuerte golpe para la economía de Pontevedra y el PIB gallego

El impacto de un posible cierre de la fábrica de Ence en Lourizán sería inmediato en varios frentes económicos de Pontevedra y su comarca. Por un lado, está el golpe al empleo. En el complejo fabril hay una plantilla fija de 400 empleados. En Lourizán no solo está la fábrica, es también la ubicación de las oficinas principales de la pastera. Su sede social está en Madrid, pero gran parte de su organización reside en Pontevedra. Además, hay que tener en cuenta los 2.700 empleos de contratistas del área industrial, logística y del transporte que trabajan, en mayor o menor medida, gracias a la actividad de la empresa.

A mayores, hay otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia, sobre todo de comarcas como Ferrolterra o A Mariña, que están relacionados de forma directa con la demanda de madera de la fábrica pontevedresa. En total, según los cálculos hechos públicos por Ence, están en juego más de 5.100 empleos, a los que se suman las cerca de 200.000 familias productoras forestales del norte de España, «que tamén se verían afectadas polo cesamento da actividade desta planta e a consecuente caída da demanda».

Un informe de la consultora KPMG elaborado en el 2013 desvelaba que Ence suponía más del 28 % del PIB del municipio de Pontevedra y el 0,82 % del gallego. El cierre tendría también profundas repercusiones en el puerto de Marín. La rada es el principal medio de transporte de la pasta de papel que se produce en la factoría hacia el exterior. De hecho, buena parte de la clientela de Ence se encuentra más allá de los Pirineos. Depende de la evolución del mercado, pero habitualmente la pastera supone en torno al 25 % del movimiento registrado en el puerto marinense.

Es precisamente su íntima relación con Ence una de las singularidades del puerto de Marín. Es una simbiosis perfecta, porque Ence necesita una vía marítima cercana para abaratar costes en el transporte de sus mercancías y el puerto precisa de empresas fieles y persistentes en su utilización. En Marín existe la única terminal cubierta (AWT) en un puerto en todo el sur de Europa. Es una estructura que permite que los barcos puedan realizar la estiba y desestiba a cubierto todo el año, independientemente de las condiciones atmosféricas. Tras el declive de la pesca, que era una de las fuentes principales de riqueza y empleo en Marín, la pérdida del tráfico de pasta de papel sería un mazazo difícil de calibrar.

Transportistas de madera de toda Galicia traen sus productos cada día a Lourizán. Empresas auxiliares, y la propia hostelería, también se resentirían, porque los que vienen de fuera se alojan en la comarca. Así lo reflejan los informes que Ence ha hecho públicos en estos últimos años. El marisqueo en la ría, por su parte, no se ve afectado por la pastera. Las cofradías han mostrado en reiteradas ocasiones que su actividad es compatible con una Ence que creen que cumple con los requisitos ambientales de la UE, Madrid y Santiago.

La compañía acudirá al Supremo para defender su permanencia en la ría hasta el 2073

Ence anunció que «esgotará todas as vías xurídicas para defender a legalidade da prórroga da concesión da biofábrica de Pontevedra». Desde el «respecto absoluto» a las decisiones de la Justicia, la pastera quiso poner de manifiesto su desacuerdo «con esta decisión do tribunal, tal e como demostran estudos independentes como os da enxeñería Idom». Es más, «a compañía reitera a validez da prórroga desta concesión, da que dependen máis de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta».

La empresa sostiene que la prórroga de la concesión del 2016 fue «acorde a dereito» mediante una resolución ministerial. «Esta ampliación foi realizada en cumprimento estrito da legalidade, en aplicación da Lei 2/2013 de Costas e o Regulamento Xeral de Costas do 2014». La sentencia de la Audiencia Nacional, recalcaron desde la compañía, supone «un duro golpe» para el empleo y la economía de Galicia.

La pastera insiste en que su planta de Lourizán «cumpre sobradamente con toda a lexislación ambiental e coa súa actividade promove a utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable e substitutivo dos derivados do plástico». Su actividad, además, está alineada con la transición energética, ya que se autoabastece de energía renovable, y con la economía circular, al disponer del certificado Residuo Cero, de Aenor. El complejo fabril pontevedrés también exhibe la etiqueta ecológica Nordic Swan y fue reconocida este año como referente en seguridad por la Asociación Europea de la Industria de la Celulosa.

El alcalde de Pontevedra habla de «fracaso estrepitoso» de la Xunta, de Rajoy y de Ence

Fernández Lores insta a trabajar «nunha ubicación alternativa que permita manter a actividade e os postos de traballo»

El Concello de Pontevedra ha visto cómo el recurso contencioso-administrativo que presentó contra la prórroga concedida Ence ha sido estimado en su totalidad. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), recordó que la sentencia que se anula una prórroga «que o Concello sempre considerou ilegal», y acusó a la Xunta de Galicia, al expresidente Rajoy y a la propia empresa Ence de «tratar de enganar á sociedade pontevedresa e aos traballadores mediante un fraude de lei». Lores cree que el fallo supone un «fracaso estrepitoso» para quienes defienden la continuidad de la pastera en la ría de Pontevedra por encima de la legalidad vigente. «Como alcalde fago un chamamento á dirección  de Ence e ao presidente da Xunta, Alberto Nüñez Feijoo, a que se deixen de enganar á sociedade ponntevedresa e aos traballadores, e a que se poñan a traballar na única solución posible para manter a actividade e os postos de traballo, que é o traslado da factoría fóra da ría de Pontevedra», concluyó Lores.

Por su parte, el presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, responsabiliza al alcalde  de que «500 familias de Pontevedra ven hoy cómo su futuro se ensombrece, cómo a lo mejor no pueden dar estudios universitarios a sus hijos o pagar la hipoteca». Ello, asegura, «por el recurso de un alcalde al que no le importa el empleo en la ciudad y antepone  su política antiempresas al trabajo de las familias».

El teniente de alcalde, Tino Fernández (PSOE),destacó que «é un bo día para Pontevedra» y  apeló a la mesa de negociación que vienen proponiendo desde hace años los socialistas para «facer viable a continuidade da actividade industrial de Ence fóra da ría».  «Dende a satisfación pola sentenza, agora compre actuar dende a política para buscar solucións para que os traballadores poidan estar tranquilos. Iso pasa pola mesa de negociación», apuntó el teniente de alcalde. En este sentido, el socialista insistió en que «temos o compromiso do Goberno de Pedro Sánchez de que se fará todo o que sexa necesario para que a empresa consolide a súa actividade industrial noutro emprazamento fóra de Lourizán». Por último, Tino Fernández enfatizó que la sentencia de la Audiencia Nacional «deixa ben claro que a lei está para ser cumprida por todos, con idenpendencia de que sexa máis ou menos poderoso, de que haixa máis ou menos presións».

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