Vigo sugiere a la UE que armonice el control de las importaciones en Europa

Cuando la Unión Europea implantó su política de tolerancia cero contra la pesca IUU (ilegal, no declarada y no reglamentada, por sus siglas en inglés), España se empleó a fondo para situarse a la cabeza. Aplicó con total rigor todos y cada uno de los instrumentos que puso en su mano el reglamento 1005/2008 de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR, en castellano). El resultado es que, seis años después de su entrada en vigor, España lidera esa cruzada entre los Veintiocho.

Ya no es solo que lo diga la ministra de Pesca, Isabel García Tejerina, o su secretario general, Andrés Hermida, que no dejan pasar ni una ocasión para hacer gala de sus esfuerzos y, sobre todo, de los resultados de ese empeño. Lo ha constatado también la organización Environment Justice Fundation (EJF) -nada sospechosa de partidista, como lo demuestran reproches lanzados a la actuación de España en otros campos-, que expuso ante el grupo de trabajo del Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDRAC) el análisis que hizo del progreso de los controles de las importaciones en el marco de ese reglamento contra la pesca IUU. Un estudio que revela a España como destacada activista contra la actividad pirata.

Al tiempo, ha constatado amplias diferencias entre Estados, lo que ha dado pie a la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) -que ha elaborado un informe con las conclusiones de EJF-, a sugerir que la Comisión Europea debería formular una propuesta para que el control de las importaciones de productos pesqueros de terceros países en los puertos designados pueda estar armonizado en toda la UE, de forma que los operadores tengan las mismas reglas de juego. Porque no es la primera vez que una partida de pesca rechazada en España ha encontrado el beneplácito en otro puerto europeo menos exigente. Y eso perjudica a la actividad en puertos españoles. Así es que, a juicio de los armadores vigueses, principal puerta de entrada de pesca fresca y congelada de Europa, mejorar la lucha contra la pesca ilegal pasa por una mayor colaboración entre los Estados miembros.

Verificación de solicitudes

La inspección de las importaciones es uno de los instrumentos más importantes para evitar la entrada de productos procedentes de la actividad ilícita. Ese control se hace mediante la verificación de las solicitudes de acceso a las instalaciones portuarias habilitadas al efecto y a través de los certificados de capturas emitidos por los Estados de pabellón del barco.

En España se han establecido 24 puertas de acceso, terminales en las que están permitidas las operaciones de desembarque y transbordo de productos de la pesca, así como la prestación de servicios portuarios a buques de terceros países. En Galicia son seis los puertos designados: A Coruña, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Vilagarcía de Arousa, Marín y Vigo.

Cada Estado debe inspeccionar al año al menos el 5 % de las descargas y transbordos realizados por barcos de terceros países en sus puertos. España lo cumple con creces. Según el análisis de EJF, el español ha sido el socio que más certificados de capturas de importaciones ha recibido. Y también el que más solicitudes de asistencia ha hecho a terceros países. Es, asimismo, el país con mayor cantidad de importaciones de países no comunitarios. A la vez, se encuentra a la cabeza de lotes rechazados en el lustro que lleva aplicándose la normativa. En definitiva, «España ha cumplido lo rigurosamente establecido» en las normas.

Sistema informático inteligente

En ese empeño, España no ha dudado en dotarse de un sistema informático inteligente que identifica el funcionamiento de los mercados que puedan indicar que existen fuentes de productos procedentes de la pesca ilegal. Sistemas sofisticados y eficaces pero que requieren, para ser completamente eficientes, del apoyo de otros Estados miembros.

Centralización de tareas, aumento de personal y coordinación, claves del éxito

Al margen de las cifras de inspecciones y rechazos de partidas de pesca, la implicación de España en la lucha contra la pesca ilegal se aprecia también en las reformas administrativas realizadas para atender las obligaciones que se derivan del reglamento comunitario. En el 2013, la DG Mare (Dirección General Mare) recopiló información sobre la implementación de la normativa contra la pesca ilegal en Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, España y Reino Unido. Y ese informe recoge que, por ejemplo, España y Francia realizaron una reorganización institucional significativa para atender las obligaciones derivadas del reglamento comunitario. Así, centralizaron tareas administrativas en un solo lugar y aumentaron la eficiencia y efectividad de la cooperación, coordinación y comunicación.

El análisis también destaca para España la puesta en marcha de una acuerdo de colaboración entre las autoridades de Pesca y Aduanas en el puerto de Las Palmas para aumentar el control. Aún vuelve a aparecer en otro párrafo, en esta ocasión con el Reino Unido, para ilustrar ejemplos de los países que emplean mayor cantidad de personal para validar y comprobar certificados de captura. Asimismo destaca que España ha puesto en marcha una herramienta informática específica, el SIGCPI (sistema integrado de gestión para el control de la pesca ilegal) para comunicarse automáticamente con las autoridades de Aduanas sobre controles y verificaciones de documentos de captura, un sistema que permite también que los operadores económicos comprueben el estado de sus consignaciones.

Con todo eso, España ha conseguido reducir el número de congeladores que introducían por Las Palmas mercancía de dudosa procedencia.

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