Archivan provisionalmente la Operación Pulpo, la última causa judicial pendiente de Gómez Besteiro
GALICIA
La jueza dice ahora que no hay pruebas de que varias empresas del dueño de Monbus consiguiesen contratos de la Diputación de Lugo a cambio de sobornos. El exsecretario general del PSdeG dimitió de sus cargos por las acusaciones de corrupción que pendían sobre él
27 dic 2022 . Actualizado a las 12:11 h.La última causa judicial que tenía pendiente Xosé Ramón Gómez Besteiro, el que fuera secretario general del PSdeG y presidente de la Diputación de Lugo, ha sido archivada provisionalmente. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo decretó el pasado lunes el sobreseimiento de la Operación Pulpo, que investigaba las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de la Diputación a empresas propiedad del dueño de Monbus acusadas de pagar sobornos a altos cargos de la institución. Si se resuelven los últimos flecos a su favor, el socialista quedará libre de la última causa que tenía a sus espaldas y se abrirá la posibilidad de su regreso a la primera fila política.
La magistrada decretó el sobreseimiento provisional de una causa que fue abierta en el año 2013 por la jueza Pilar de Lara Cifuentes, encargada de las macrocausas de la Operación Pokémon y la Operación Carioca. Desde entonces, la lupa estuvo puesta sobre los altos cargos de la Diputación de Lugo, sospechosos de haber aceptado sobornos para mediar en la contratación de servicios públicos para empresas de la provincia, varias de ellas propiedad de un directivo de Monbus.
Las presuntas adjudicaciones ilícitas fueron realizadas en el ámbito del Programa «Kilómetro 0» de la Diputación Provincial de Lugo, con cargo a fondos propios y fondos FEDER. Sobre Xosé Ramón Gómez Besteiro, entonces presidente del ente provincial, pesaban acusaciones de firmar contratos presuntamente fraudulentos relacionados con la iniciativa «Kilómetro 0» de la Diputación, unas contrataciones con el Breogán, o la gestión de fondos europeos.
Todavía debe resolver unos recursos la Audiencia Provincial
La magistrada destaca en el auto que, por el momento, todavía no es firme la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo que delimita el objeto procesal de la causa, pues está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de apelación contra la inclusión o exclusión de determinados hechos en el objeto del procedimiento.
La causa se originó tras la denuncia de una funcionaria de la Diputación por acoso laboral por parte de su jefe, Fernández Pulpeiro, que dio nombre a la causa. El caso llegó a manos de Pilar De Lara después de que la portavoz del PP en la Diputación en el 2013 recibiese unos papeles en la sede del partido en donde se explicaba este presunto acoso laboral. Esa causa fue archivada al no apreciar indicios el juzgado de delito, y justificaba la denuncia original como un fruto del mal ambiente laboral que reinaba en la Diputación.
La causa presenta «graves deficiencias» desde su comienzo
La formación del testimonio anónimo que motivó el proceso, según indica la jueza en este nuevo auto, «presenta graves deficiencias» que impiden su eventual continuación. La magistrada señala que, teniendo en cuenta la copia remitida al juzgado que justifica la formación de la causa, «lo que no aparece debidamente justificada es la perpetración de delito ninguno con respecto a la totalidad de los extremos remitidos».
Tampoco ve motivos para pensar que los acusados, cargos de la Diputación y del gabinete de Besteiro, se beneficiaron económicamente de algún tipo de soborno. Así, incide en que «no permite constatar indicio alguno racional de criminalidad», al tiempo que subraya que «no consta en los informes policiales de análisis de la documental incautada (únicas diligencias practicadas, además de las declaraciones de testigos e investigados) ningún indicio relativo a los ingresos oficiales y declarados de los investigados, habiéndose realizado diversos análisis patrimoniales que no permiten inferir indicio ningún racional de criminalidad frente a los mismos».
También se cita la presunta adjudicación de la rotulación de los autobuses a la empresa Markova, sita en Lugo, y regentada por una persona cercana a la Diputación. A este respecto, y tras analizar las facturas referentes a esta concesión, la jueza explica que «no cabe otra conclusión que no cabe apreciar ningún delito al respecto».
En uno de los párrafos finales, la jueza habla de las acusaciones de tráfico de influencias vertidas sobre los cargos de la Diputación, entre los que se encontraba Besteiro. Para ella, para que exista este delito, debe haber una presión ejercida de manera evidente y con el objetivo de obtener una contraprestación por los favores hechos. «En este caso, no consta indicio alguno de la existencia de relación ni de predilección entre los investigados. De hecho, no se constata relación alguna, pues de ningún indicio objetivo se extrae el intento de beneficiar al [dueño de Monbus] cómo partícipe en las empresas adjudicatarias, ni de la intervención de los investigados en el procedimiento de adjudicación con tal finalidad», explica en su auto.
Fuerte crítica a la instrucción de Pilar de Lara
Además, explica que, tal y como se señalaba en un auto emitido en junio de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, «tales sospechas no alcanzan la condición de indicios racionales de criminalidad, ningún indicio objetivo concurre del intento de beneficiar en la contratación al directivo de Monbus como partícipe en las empresas adjudicatarias, ni del fraccionamiento intencionado para eludir otras formas de contratación, ni de la intervención de los investigados en el procedimiento de adjudicación con tal finalidad o de que tales empresas se beneficiaran de ningún tipo de información privilegiada en la concurrencia con las demás».
La jueza, en su auto, realiza una crítica velada a la instrucción de Pilar de Lara, afirmando que en las diligencias de la investigación se mencionan «‘irregularidades' e ‘ilicitudes', ‘puntos oscuros' y/o ‘sospechosos', pero los mismos no son suficientes para configurar un juicio indiciario de responsabilidad criminal frente a los investigados ni para reputar mínimamente justificada la perpetración de delito alguno contra la Administración de Justicia».
Por todo ello, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa. Contra el auto, cabe presentar recurso.
La última barrera de Gómez Besteiro
Esta causa judicial era vista por las partes como el último impedimento de Xosé Ramón Gómez Besteiro para no retomar su carrera política. La Operación Pulpo era la última imputación que pesaba sobre el ex alto cargo del PSOE gallego, así que son ya muchas las voces que han expresado en los últimos meses la idea de un posible regreso de Besteiro a la vida política.
De hecho, en el último año, se le ha visto en varios actos del PSdeG, incluso en eventos públicos con miles de invitados. Hasta hace poco, Besteiro evitaba acudir a estas citas, sobre todo antes de haber sido exculpado del Caso Garañón, la otra gran causa judicial que le hacía sombra. En ella, se le acusaba de haber mediado para que se le otorgase la licencia de construcción a las torres de O Garañón, en el parque Rosalía de Castro de Lugo, con un proyecto que no respetaba la legalidad. En el 2020, fue absuelto junto con uno de sus grandes valedores políticos, el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco.