Alcaldes, diputados y senadores estuvieron bajo la lupa de la jueza De Lara
GALICIA
La magistrada abrió decenas de macrocausas desde su juzgado de Lugo. Muchas están siendo archivadas tras años de imputaciones a políticos, funcionarios y empresarios
05 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Es difícil saber en qué situación se encuentran todas las macrocausas que abrió Pilar de Lara. Hace un año, cuando se vio obligada a dejar el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo tras ser sancionada por el Consejo General del Poder Judicial, reconoció en una entrevista que llegó a tener 90 macrocausas abiertas, pero que cuando se fue de Lugo quedaban 24. A estas se dedicará en exclusiva el actual titular del juzgado de De Lara. El Tribunal Superior de Xustiza ya ha convocado un concurso para incorporar a un juez de refuerzo a tiempo total para que el titular se centre en ir cerrando lo que dejó abierto De Lara.
Muchas de esas macrocausas han ido cayendo, bien porque se han desinflado o bien porque instancias superiores las han archivado, como la investigación del caso Garañón, que acabó con la carrera política de José Ramón Gómez Besteiro, empujado a dimitir por las duras imputaciones que le hizo la instructora cuando iba a ser nombrado candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta. No fue el único. Son muchos los políticos, empresarios y funcionarios que han quedado liberados del peso de la imputación en macrocausas que han quedado en nada después de años de preocupación.
Pero hay muchos más imputados, más de doscientos, que aún esperan a que se resuelvan sus casos. La jueza, que en el 2011 recibió en la calle el apoyo de miles de lucenses por su lucha contra la corrupción política, ya no controlará esas investigaciones que fue engordando con imputados, testigos, declaraciones y miles de folios que se acumulan en el juzgado lucense. Carioca, Pokémon, Vendex, Cóndor, Pikachu, Pulpo y Manga son algunas de las operaciones que De Lara extendió por toda Galicia y por otros puntos de España, como Asturias o Cataluña.
Uno de los primeros tropiezos le llegó a De Lara con un caso que asumió de rebote. Fue en el 2018, cuando la Audiencia de Lugo archivó la investigación abierta a Fernando Blanco, que fue conselleiro del BNG en el Gobierno bipartito. Blanco tuvo que dimitir en el 2011 y estuvo imputado siete años. Sus abogados recuerdan que ese caso es el claro ejemplo de la pena de banquillo, «con consecuencias políticas e persoais irreparables».
También estuvieron siete años imputados el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa y otros diez compañeros de corporación. Otra jueza archivó la causa y criticó haber vulnerado el derecho de defensa de los implicados.
De imputaciones que quedaron en nada salieron también con graves daños a sus carreras políticas altos cargos como la diputada Paula Prado o el exconselleiro y exalcalde de Ferrol José Manuel Rey. El caso de Prado llegó al Tribunal Superior de Xustiza, que no apreció ningún delito contra ella. Y Rey estuvo imputado tras ser identificado por error en un pinchazo telefónico. Tardaron varios meses en descubrir la equivocación.
Pero De Lara apuntó más alto y en el 2017 pidió investigar al entonces eurodiputado socialista José Blanco y al senador del PP José Manuel Barreiro por las botellas de vino que les regaló en Navidad el presidente de Monbus. Por el mismo motivo implicó a Feijoo y a Rueda. El Supremo, en el primer caso, y el Tribunal Superior de Xustiza, en el segundo, no vieron delito y archivaron las causas.