La causa nació tras una denuncia de acoso laboral contra un funcionario de la Diputación, Fernández Pulpeiro, que derivó en investigaciones por supuestas irregularidades financieras en la institución y que llegó a salpicar a Gómez Besteiro, líder del PSdeG por aquel entonces
03 jun 2021 . Actualizado a las 20:42 h.El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo acordó el archivo provisional de la pieza original de la que fue posteriormente llamada «Operación Pulpo». Esta causa fue iniciada en el año 2013 por la jueza Pilar de Lara, y se originó tras la denuncia de una funcionaria de la Diputación por acoso laboral por parte de su jefe, Fernández Pulpeiro, que dio nombre a la causa. Ahora, el juez archiva la causa provisionalmente al no apreciar indicios de delito, y justifica la denuncia original como un fruto del mal ambiente laboral que reinaba en la Diputación. Este auto puede ser todavía recurrido por la acusación, aunque no existen certezas de que vayan a presentar un recurso.
Esta primera denuncia abrió una puerta judicial contra varios de los miembros del partido socialista de Lugo. Entre ellos, Gómez Besteiro, quien era líder del PSdeG por aquel entonces. El caso llegó a manos de Pilar De Lara después de que Elena Candia, portavoz del PP en la Diputación en el 2013, recibiese unos papeles en la sede del partido en donde se explicaba un presunto acoso laboral por parte de Pulpeiro a dos empleados, que pedían que se abriese un expediente a su jefe.
En el escrito, el juez define a varios de los testimonios de los testigos de la acusación como «de una incocreción absoluta» y destaca las continuas polémicas provocadas por declaraciones de alguna de las denunciantes tanto en los medios de comunicación como por redes sociales, incluso antes de la denuncia.
«Ciertamente, cabe la posibilidad de que la única prueba en un delito de acoso laboral sea la declaración de la víctima junto a la acreditación médica de un daño psíquico, pero cuando, como en este caso, se afirma por la denunciante una y otra vez que los hechos han sido presenciados por numerosos testigos y estos no lo respaldan en su núcleo esencial (gritos, humillaciones públicas, injurias y desacreditación profesional en la Diputación, presiones para retirar la denuncia administrativa o penal, no dejarle hablar, no permitirle dirigirse a él como jefe suyo que era, hacerle callar, privarle sin motivo alguno de sus funciones o encomendarle tareas muy por debajo de su nivel o competencia y dejarla sin tareas a desempeñar sin otra razón que la hostilidad personal, etc), es claro que ese testimonio no es en absoluto suficiente», llega a decir el auto.
Esta denuncia, de muy poco peso según el juez, terminó originando una investigación sobre el programa provincial «Kilómetro Cero», consistente en organizar viajes por la provincia de Lugo con los gastos pagados para los asistentes. Entonces, De Lara decidió ampliar la investigación y terminó contando con registros e interrogatorios relacionados con adjudicaciones de contratos, desvío de fondos o subvenciones fraudulentas en el seno de la Diputación.
En un largo auto, el juez ahora rechaza frontalmente una denuncia «que no puede encontrar solución por la vía penal». Desestima la importancia del origen de la causa, definiendo la denuncia como «de todo menos anónima», ya que buscó entregársela intencionadamente a alguien que sabía que favorecería su causa. En un escrito durísimo, el juez explica que «este tipo de delaciones, con sus excepciones, pueden fácilmente ocultar un ánimo de venganza, autoexculpación, beneficio personal, u otros intereses espurios, y no responder a la realidad», por lo que acuerda el archivo provisional de la causa.
Por lo tanto, no aprecia validez en una denuncia que se originó en el seno de la Diputación y que terminó salpicando a altos cargos del Partido Socialista en Lugo, como a Gómez Besteiro, representando así la Operación Pulpo el último escollo para el exlíder del PSdeG para verse libre de cualquier imputación.
