Audasa pide compensaciones económicas por estimar que hasta el 2023 su tráfico no se recuperará del covid

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

La AP-9 a su paso por Vigo, sin coches circulando el pasado mes de abril, en pleno estado de alarma
La AP-9 a su paso por Vigo, sin coches circulando el pasado mes de abril, en pleno estado de alarma Óscar Vázquez

En la primera mitad del 2020 ingresó casi 25 millones de euros menos en peajes que el año anterior

26 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El efecto de la crisis sanitaria del coronavirus en el tráfico y en la recaudación que está obteniendo la AP-9 no dejará de notarse al menos hasta el 2023. Así lo advierte la concesionaria de la autopista gallega en la contestación a un requerimiento hecho por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la empresa para que especificase diversos aspectos de su última auditoría, entre otros si tuvo en cuenta o no el escenario económico provocado por la pandemia.

En su respuesta, Audasa manifiesta a la CNMV y a los inversores que en el primer semestre del 2020 los tráficos de pago disminuyeron en el vial un 37,5 %, otro 34,6 % los ingresos y un 61,8 % los beneficios. Pero en la misma misiva la concesionaria recuerda que el pasado 30 de octubre solicitó al Ministerio de Transportes las compensaciones necesarias para «el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato de concesión», un blindaje contractual que obliga a compensar a Audasa de cualquier cambio en las condiciones establecidas cuando se adjudicó la explotación del vial en 1973. «El fundamento de esta solicitud es el ejercicio de un derecho contractual basado en la adopción por las distintas administraciones de medidas que han imposibilitado la ejecución del contrato de concesión en los términos previstos», explica Audasa, mientras recalca que la autopista permaneció en servicio en todo momento.

24,8 millones menos

No comunica cuál es el importe de la compensación que estima debe de recibir de las arcas públicas, pero en el primer semestre del 2020 ingresó en peajes 46,6 millones de euros, frente a los 71,4 de enero a junio del 2019, entonces sin ningún tipo de restricciones a la movilidad.

El real decreto aprobado el 17 de marzo que abrió la puerta a las compensaciones a todo tipo de concesionarias de infraestructuras y servicios públicos, estableció en el caso de las autopistas dos vías: la ampliación del contrato en un máximo del 15 % del tiempo establecido en la concesión, o modificando las cláusulas económicas del pacto, entre el que podría figurar una elevación extra del precio de los peajes. «El plazo de finalización del contrato de concesión sigue siendo 2048, salvo que fuera ampliado excepcionalmente como consecuencia de la solicitud de reequilibrio», dice Audasa a la CNMV aludiendo a la posibilidad de una cuarta ampliación. La ley marca como máximo los 75 años que tiene concedidos en explotación solo en España la concesionaria de la AP-9, además de la de la AP-53 (Santiago-Dozón) y la de la AP-66 (León-Campomanes). De concederse esa nueva prórroga, para lo que habría que modificar la normativa legal, Audasa podría llegar a sumar otros 11,2 años más, lo que prolongaría los peajes hasta el año 2059.

Sentencia de Rande

En la misma respuesta al requerimiento hecho por el regulador bursátil, Audasa resta trascendencia a la sentencia que le condena a devolver los peajes a los conductores que se vieron perjudicados por las obras de ampliación del puente de Rande. «No afectará de manera significativa a las cuentas anuales», dice la concesionaria, que añade en todo caso que repercutiría al ministerio los importes que se viera obligado a devolver, tal y como dice que ha admitido expresamente el Gobierno central.