Sus tarifas son las que más se han encarecido de España en el nuevo año pese a que el Gobierno central había anunciado rebajas
19 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Estaba escrito que el 2021 iba a ser el año en el que Galicia vería atendida una de sus demandas fundamentales respecto a la AP-9, peajes más baratos y con ello un trato más ecuánime respecto a las cada vez más autonomías que disfrutan de la eliminación del cobro en autopistas de la misma generación que la gallega.
Pero el año ha comenzado torcido para una de las principales infraestructuras de Galicia, acumulando seis conflictos que impiden a la AP-9 dejar de ser objeto de polémica.
El primero es que sus tarifas son las que más se han encarecido de España en el nuevo año, y por cuarta vez consecutiva, en lugar de verse rebajadas como el Gobierno central anunció al presentar sus presupuestos. La partida está aprobada, pero el Ejecutivo pide hasta seis meses para negociar con la concesionaria, Audasa. Mientras, los conductores pagan, y más que en el 2020.
Ese aplazamiento lleva al segundo conflicto, el que entiende el BNG que se ha generado por no cumplir el Gobierno su parte del pacto de investidura suscrito hace un año con los nacionalistas gallegos. Estiman que un año ha sido tiempo más que suficiente para armar las bonificaciones y negociarlas con la empresa. El Bloque, cuestionado por ello respecto a la utilidad de su pacto, da lo que queda de mes para que los gallegos paguen menos en la AP-9. De lo contrario, promete movilizaciones.
El tercer revés lo acaba de dar la Audiencia de Pontevedra, al atender los recursos de la Fiscalía y de la plataforma de afectados En Colectivo para reabrir la causa por los peajes cobrados durante las obras de ampliación de Rande, y que ya fueron considerados como «abusivos» por el juzgado mercantil que falló contra Audasa y el Ministerio de Transportes. Nada dice el auto de la Audiencia, en cambio, del recurso de la empresa para no devolver los importes cobrados cuando las circunstancias del vial no eran las habituales de una vía rápida.
El cuarto frente de la AP-9 lo han vuelto a agitar los vecinos de Redondela. Viven en medio del tramo gratuito para el usuario entre Vigo y Moaña, pero pese a ello tienen que pagar, y este año con subida incluso. En el 2017 se anunció el levantamiento de su peaje, pero ahí sigue y como uno de los más caros de toda la autopista.
El quinto conflicto surge en el plano institucional. La Justicia ha considerado nula la reducción a la mitad de la factura que cobra Audasa de las arcas públicas por los peajes que desde el 2006 dejaron de pagar los usuarios de los tramos Vigo-Moaña y A Coruña-A Barcala. El importe que no ha recibido la empresa es de 25,4 millones de euros y ha requerido a la Xunta a que le pague su parte, como hacía antes de que el Gobierno de Rajoy decidiese excluir a la Administración gallega de abonar la mitad de esa cuenta. Además de Audasa, el ministerio también ha conminado a la Xunta a pagar a la concesionaria, lo que ha vuelto a enfrentar a Santiago y Madrid a cuenta de la AP-9.
Y del mismo Gobierno central surge el último escollo en este enero. Podemos, socio en el Ejecutivo, ha empezado a reclamar de manera oficial el rescate de la autopista, añadiendo que las rebajas que ultima el ministro Ábalos son insuficientes.