La sombra de los peajes amenaza a 560 kilómetros de autovías en Galicia

Fomento reclama consenso para adoptar un sistema con el que mantener la red viaria


vigo / la voz

La patronal de las grandes constructoras españolas lleva más de seis años pidiendo que se establezca un peaje en las autovías y someterlas a concesión, como ocurre con las autopistas, para obtener fondos extra con los que mantener dichas infraestructuras. El Gobierno de Rajoy puso dicha idea encima de la mesa, a petición del Ministerio de Hacienda, pero la hipótesis no pasó de globo sonda, finalmente rechazada para «no afectar a la competitividad del transporte».

Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez resucita la amenaza de la imposición de peajes a todas las carreteras de gran capacidad para igualar cargas y sistemas de cobro en todas las comunidades autónomas, y como método de contribución de los usuarios al mantenimiento y conservación de los viales.

Galicia, que ya soporta 273 kilómetros de autopistas de peaje dependientes del Ministerio de Fomento y otros 54 de la Xunta, vería así incrementado de manera sustancial el cobro por uso de sus vías de comunicación, al sumar a dicha tarificación los 559,9 kilómetros de la red estatal de autovías en la comunidad. Otros 268,2 kilómetros más de autovías dependientes de la Administración central están pendientes de construcción en cinco proyectos diferentes.

Pero además de sumar en total 887 kilómetros que podrían quedar sujetos al pago de peaje, por su carácter periférico Galicia quedaría cercada por ese tipo de cobros en sus salidas hacia el resto de España. Así ocurría en los trayectos hacia la cornisa cantábrica, para acceder a la frontera con Francia, la ruta de la Plata y, sobre todo, a lo largo de la A-6 y la A-52 para llegar desde el norte y sur de la comunidad a Madrid. Para transitar por Portugal, todas sus autovías cuentan ya desde el 2010 con peajes de cobro automático.

Fomento se guarda por ahora de definir sus preferencias por método alguno de cobro por uso, pero las posibilidades se reducen a dos: o una viñeta electrónica con precios diferentes según su tiempo de vigencia (funciona en nueve países de Europa a modo de tarifa plana sin límite de kilometraje) o un peaje clásico, aunque hay distintos sistemas para su cobro. Seopan, la patronal de las grandes constructoras españolas, propuso en el Congreso de los Diputados el año pasado el establecimiento de una tarifa de 10 céntimos por kilómetro, prácticamente el precio que tendrán que afrontar los conductores en la AP-9 gallega desde el próximo enero con las tres nuevas subidas de sus peajes previstas.

60 euros a Madrid

Desde A Coruña el viaje a Madrid costaría a ese precio 59,5 euros, más otros 12,50 de la autopista entre Adanero y Villalba. Desde Vigo el coste por circular por la autovía saldría a 49,1 euros. En el caso de la A-8, recorrer desde Baamonde a Irún costaría, según los peajes propuestos por la patronal, otros 59,4 euros. Pero si el modelo se extiende, incluso carreteras interiores como la sinuosa y peligrosa A-55 que une Vigo y Tui tendría un peaje de 3 euros.

Reapertura del debate

El debate se reabre precisamente cuando faltan 20 días para que la primera de las grandes autopistas estatales vea desaparecer sus cabinas de peaje y pase a ser gratuita tras vencer los 45 años de su concesión. En lugar de mantenerla Itínere a costa de los peajes de los usuarios, será Fomento quien se haga cargo ahora de los 84,3 kilómetros de la AP-1 (Burgos-Armiñón) a cuenta de los presupuestos del ministerio. El año que viene le tocará a la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y a la AP-7 entre Barcelona y Valencia. Y para el resto de las autopistas «se mantendrán sus períodos concesionales por seguridad jurídica», dice el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que aboga por igualar los métodos de explotación en todas las autonomías. Sin embargo, las dos autopistas gallegas son las que más años de explotación en manos privadas tienen de España, 75 años cada una, en lugar del medio siglo establecido por término medio en las que ahora vence su concesión.

11.000 millones de gasto

El responsable de Fomento mantiene que hay que buscar una fórmula «sea la que sea» para garantizar el mantenimiento de las autovías, cuyo coste cifra en 11.000 millones de euros al año y que, advierte, sigue creciendo al aumentar el número de kilómetros de la red, ahora de 20.000, mientras que en los últimos años no ha hecho más que bajar el presupuesto destinado a su conservación. El Gobierno socialista pone el acento en que estas autovías son las únicas infraestructuras de comunicación gratuitas para los usuarios, mientras que aeropuertos, ferrocarriles y puertos ponen diversos cánones a sus usuarios.

La propuesta de la Xunta para desviar camiones a la AP-9 se centra en el eje Vigo-Santiago

La moción de censura al Gobierno de Rajoy paralizó la propuesta que la Xunta había realizado al Ministerio de Fomento de desviar camiones de la nacional 550 a la autopista del Atlántico. La Consellería de Infraestruturas entiende que la medida puesta en marcha en Cataluña y La Rioja, pedida también por Castilla y León y ahora acordada legalmente por el Ejecutivo central, supondría un notable cambio en la movilidad en la carretera A Coruña-Tui, aligerando de tráfico el paso por las principales poblaciones que atraviesa y que carecen aún en muchos casos de variantes que eviten atravesar el centro urbano.

El planteamiento hecho por la Xunta se centra especialmente en el tramo entre Vigo y Santiago, con una alta densidad de tráfico pesado y sin más alternativa que la AP-9. En todo caso, la filosofía expresada por la Xunta es la de acordar primero con el sector del transporte cualquier cambio en su movilidad, pactando tanto la bonificación en los peajes que asumiría la Administración como también determinar si el desvío de las carreteras convencionales a las autopistas sería obligatorio o voluntario.

La conselleira Ethel Vázquez insta ahora al Gobierno de Pedro Sánchez a que, antes de hacer uso de la nueva norma, que le permite prohibir por razones de seguridad y medioambientales el paso del transporte pesado por las carreteras nacionales, la aplique de forma «reflexionada» y «dialogada» con el sector del transporte. La conselleira, en todo caso, admitió «ver con buenos ojos» el cambio normativo que ella misma estaba tratando con el Gobierno anterior. «Es una iniciativa que puede contribuir a la seguridad de estas vías y a la competitividad del sector, en la que influyen muchos aspectos, como el precio del combustible y los peajes», zanjó Vázquez.

El sector del transporte en Galicia se debate entre exigir que el desvío conlleve la gratuidad total de los peajes o reclamar que las tarifas sean bonificadas, de tal manera que compense el desvío a las autopistas, que en todo caso insisten en que sea voluntario.

Las bonificaciones que este Gobierno ha establecido ya en Cataluña este año para reconducir camiones a las autopistas son abonadas íntegramente por Fomento, dinámica que el ministro Ábalos indicó el jueves que se aplicaría en los desvíos que se decidan ahora.

La Xunta aprobará este mes las líneas generales del nuevo plan de transporte

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, avanzó que este mes el Consello da Xunta aprobará las líneas generales del plan de transporte público de Galicia, llamado a diseñar la red de autobús de la próxima década en la comunidad con el reto de configurar un transporte público «máis útil, máis eficiente e máis sostible». Feijoo resaltó la importancia de que este plan se convierta en una oportunidad para la modernización de una flota de más de 3.000 autobuses, y recordó que el próximo año finaliza la vigencia de todas las concesiones de transporte regular interurbano de la comunidad, según explicó en el acto de inauguración de la feria Expobus Iberia Silleda 2018. Feijoo añadió que la Xunta «seguirá apostando polo diálogo» para que el nuevo plan sea un éxito.

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